Procesaron por segunda vez al ex juez Terán

Como consecuencia del escándalo desatado por causas vinculadas a reclamos por títulos de la deuda pública, siguen los problemas penales para el destituido ex juez federal Felipe Terán. Mario Racedo, que lo reemplaza en el despacho Nº 2, lo procesó por segunda vez, sin prisión preventiva (esta vez en el expediente "Camandona"), y dispuso que se trabara embargos sobre sus bienes hasta cubrir la suma de $ 65.000. Esto constituye un hecho que no tiene precedentes en la historia de la Justicia Federal local.
Racedo adoptó la decisión por considerar a Terán presunto autor de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsificación ideológica de instrumento público (agravada por la condición de funcionario) y defraudación ?en grado de tentativa- en perjuicio de la administración pública, todos en concurso real. Este supuesto se configura cuando concurren varios hechos ilícitos independientes reprimidos con la misma especie de pena.
Por segunda vez también fue procesado el abogado Daniel Martín, aunque en su caso por los cargos de presunto coautor de la defraudación (en grado de tentativa) y supuesto partícipe necesario de la falsificación ideológica imputada a Terán, también en concurrencia real. El embargo ordenado en su contra fue por $ 45.000.
En cambio, Racedo consideró que, por ahora, no existen méritos suficientes para ordenar el procesamiento de Julio Melchor Camandona. A nombre de este, precisamente, el 25 de octubre de 2004 fue interpuesta una demanda civil contra el Estado nacional por medio de la cual se planteó la inconstitucionalidad de la normativa que, tras la declaración de default (cesación de pagos), de diciembre de 2001, pesificó a $ 1,40 más CER por dólar los títulos públicos. El juez subrogante aclaró, no obstante, que tampoco había razones para sobreseer a Camandona, que aún reviste la condición de imputado.

Una pericia fundamental
A lo largo de la instrucción, Camandona siempre sostuvo la versión de que con Martín se había limitado a firmar un convenio de honorarios (pacto de cuota litis), porque tenía la intención de accionar judicialmente contra la pesificación. No obstante, aseveró que, como no llegó a hacerlo, no rubricó ninguna demanda y relató que, en diciembre de 2005, se enteró por medio de la prensa de que existía un expediente a su nombre, en el que Terán, entonces juez, había dispuesto una medida cautelar a su favor contra el Estado. En ese sentido, para Racedo resultaron clave los resultados de una pericia caligráfica. Esta determinó: "las firmas insertas en los escritos de fojas 16, 17, 24, 52 y 54, atribuidas a Camandona, no pertenecen a la mano de él, es decir, son falsas".
Por el contrario, en relación con Martín, Racedo aseveró: "se encontraría demostrado a la fecha que el letrado habría habilitado el inicio de la demanda, en la que figura como actor Camandona, presuntamente sin el conocimiento y sin la firma del nombrado, insertando dicho letrado su firma como patrocinante".
Además, el juez subrogante agregó que, en el relato de los hechos del escrito, Martín habría consignado datos que "conocía como falsos y tergiversados, sin adjuntar la documentación que avalara la situación de enfermedad excepcionante (sic) que invocaba". Esta referencia se debe a que en la demanda, supuestamente para lograr una excepción al diferimiento de pago y a la pesificación decretada por el Estado tras la declaración de default, se esgrimió que Camandona padecía de depresión, astenia y anorexia, enfermedades que el propio Camandona negó cuando declaró como imputado ante Racedo.

Inferencias
Seguidamente, Racedo destacó que, pese a estas "maniobras", Terán dispuso contra el Estado una medida cautelar el 8 de noviembre de 2004 (ordenaba al erario que se abstuviera de concretar la pesificación en el expediente abierto a nombre de Camandona). "Martín efectuó sendas presentaciones solicitando que se aperciba al Estado a que dé urgente cumplimiento de la medida dictada, sin haberse prestado la caución juratoria correspondiente (le correspondía a Camandona) y, con posterioridad, habría intervenido en la confección de un oficio con información falsa a efectos de habilitar una disposición patrimonial indebida de fondos del Estado nacional", subrayó.
Durante el proceso ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación, que el 18 de octubre del año pasado concluyó en Buenos Aires con la destitución de Terán, ya había sorprendido que, en esta causa, no hubiera constancia de que Camandona haya prestado caución juratoria (una suerte de garantía por los eventuales resultados del proceso), pese a la medida cautelar decretada a su nombre. No obstante, Martín diligenció un oficio ante el Ministerio de Economía de la Nación para que el Estado cumpliera con la orden judicial. A partir de esto, Racedo infirió: "Martín no podía ignorar que la medida cautelar, cuyo dictado obtuviera a través del presunto procedimiento irregular, no se encontraba tampoco caucionada".