17 Junio 2007 Seguir en 
SAN PABLO.- El Ministerio Público Federal pidió a la Justicia el procesamiento del presidente, Luiz Inácio Lula Da Silva, y de su antecesor, Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), por cargos de improbidad administrativa. Según el diario “Folha de Sao Paulo”, la acusación indica que ambos gobernantes y sus respectivos ministros desviaron recursos del Fondo Penitenciario Nacional para aumentar el poder de caja del gobierno.
De acuerdo con la acción promovida por el procurador regional de los Derechos del Ciudadano, Wellington Oliveira, con el supuesto desvío de presupuesto destinado al sistema de prisiones, los agentes públicos causaron dolosamente daños manifiestos a toda la sociedad brasileña.
De alto nivel
Entre los acusados figuran los actuales ministros de Economía, Guido Mantega, y de Planificación, Paulo Bernardo; además del ex ministro de Justicia, Marcio Thomaz Bastos. También miembros del gabinete de Cardoso, como los ex titulares de Economía, Pedro Malán; de Planificación, Guilherme Gonçalvez Dias y de Justicia, Miguel Reale Junior, se encuentran como presuntos responsables.
A diestra y siniestra
Lula, que viene lidiando con una serie de escándalos de corrupción en el ámbito de la política y también a nivel familiar, ha sido esta vez tocado directamente a raíz de esta investigación. El caso que involucra al mismo titular del Senado, Renan Calheiros, amenaza con desatar una crisis política de alcances insospechados. Calheiros pertenece al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), socio principal del gobierno que lidera el Partido de los Trabajadores (PT). Actualmente está bajo investigación en un comité de Etica del Parlamento, por supuesto tráfico de favores. Además, dos hermanos de Lula se hallan implicados en una investigación sobre el juego ilegal, en un caso conocido como la “mafia del bingo”. Ayer estalló un nuevo escándalo, luego de que un diario paulista informó que policías de 84 de los 93 distritos de San Pablo recibían regularmente sobornos para permitir el funcionamiento ilegal de máquinas tragamonedas. Las coimas semanales oscilaban entre los 20 y los U$S 2.200, según el caso. (DPA-Télam)
De acuerdo con la acción promovida por el procurador regional de los Derechos del Ciudadano, Wellington Oliveira, con el supuesto desvío de presupuesto destinado al sistema de prisiones, los agentes públicos causaron dolosamente daños manifiestos a toda la sociedad brasileña.
De alto nivel
Entre los acusados figuran los actuales ministros de Economía, Guido Mantega, y de Planificación, Paulo Bernardo; además del ex ministro de Justicia, Marcio Thomaz Bastos. También miembros del gabinete de Cardoso, como los ex titulares de Economía, Pedro Malán; de Planificación, Guilherme Gonçalvez Dias y de Justicia, Miguel Reale Junior, se encuentran como presuntos responsables.
A diestra y siniestra
Lula, que viene lidiando con una serie de escándalos de corrupción en el ámbito de la política y también a nivel familiar, ha sido esta vez tocado directamente a raíz de esta investigación. El caso que involucra al mismo titular del Senado, Renan Calheiros, amenaza con desatar una crisis política de alcances insospechados. Calheiros pertenece al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), socio principal del gobierno que lidera el Partido de los Trabajadores (PT). Actualmente está bajo investigación en un comité de Etica del Parlamento, por supuesto tráfico de favores. Además, dos hermanos de Lula se hallan implicados en una investigación sobre el juego ilegal, en un caso conocido como la “mafia del bingo”. Ayer estalló un nuevo escándalo, luego de que un diario paulista informó que policías de 84 de los 93 distritos de San Pablo recibían regularmente sobornos para permitir el funcionamiento ilegal de máquinas tragamonedas. Las coimas semanales oscilaban entre los 20 y los U$S 2.200, según el caso. (DPA-Télam)
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