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La carga tributaria vuelve al centro de la escena. Y no sólo porque el Fondo Monetario Internacional (FMI) insiste en la necesidad de aplicar reformas para que la Argentina pueda mejorar su perfomance recaudatoria (que redunda en una mayor capacidad de pago de la deuda), sino también para romper la telaraña de tributos que agobian a los contribuyentes, en todos sus tamaños. El último informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) ha puesto un poco más de claridad respecto de lo que implica la cantidad de impuestos, tasas y contribuciones que los argentinos, directa e indirectamente, deben hacer frente. Según ese instituto, este año se identifican 150 diferentes tipos de tributos entre los niveles de gobierno nacional, provincial y municipal en todo el país. Las bajas surgen por la eliminación de impuestos internos del nivel nacional. En 2026, los seis tributos más importantes aportarían el 85% de la recaudación consolidada total. Algunos de ellos están en la mira del FMI, pero los gobernadores no quieren tocar ninguno porque, de hacerlo, se plantearía una discusión tal que ahondarían las diferencias entre distritos ricos y jurisdicciones pobres. Entre los tributos en debate se inscriben IVA, Aportes y contribuciones a la Seguridad Social, Impuesto a las ganancias, Impuesto provincial a los Ingresos Brutos, Impuesto a los débitos y créditos bancarios y la Tasa por inspección de seguridad e Higiene Municipal (TISH) o Tributo Económico Municipal (TEM), que constituyen la gallina de los huevos de oro para las distintas administraciones gubernamentales.
Un tributo es el pago que se le realiza al Estado, para que éste lo administre, a través de las operaciones mediante las cuales provee bienes y servicios a la ciudadanía, define Nadin Argañaraz, director del Iaraf. Los tributos pueden clasificarse en impuestos, tasas y contribuciones. En los impuestos se grava una manifestación de capacidad contributiva, que no precisa ser acompañada por una contraprestación específica de parte del Estado. En las tasas y contribuciones, la obligación de pago se origina en la prestación estatal de un bien, obra o servicio, que beneficia de manera focalizada al contribuyente. Allí se plantea la primera discusión. ¿La recaudación va para los fines que se plantean técnicamente? Entre los contribuyentes existe la sensación de que no todo lo que se recauda tiene un destino específico y que el Estado, en todos sus niveles, se escuda en la cuenta corriente, donde desembocan todos los ingresos. Los técnicos, asimismo, advierten que los impuestos no admiten discusión y que deben ser abonados, sin discusión alguna. Más discutible es la cuestión vinculada con las contribuciones y con las tasas, que requieren necesariamente de una contraprestación.
La caída de la actividad económica agrava el escenario. Al menos en los últimos seis meses se ha observado una baja promedio del 9% en la recaudación, ya que la economía no se mueve. En el caso de Tucumán, se dejan de percibir, en promedio, unos $ 14.000 millones. Esa es la puja no distributiva de la recaudación que no se tiene. El contribuyente no logra los ingresos suficientes para cubrir los costos fijos, si se trata de un empresario. En el caso del ciudadano común, el poder adquisitivo del ingreso no logra recuperarse y tiene que optar por los gastos que debe afrontar. ¿Y el Estado? También paga las consecuencias de la caída de la economía. Menos consumo, menos recaudación, igual a más problemas financieros y de flujo de caja. Entonces apela a los regímenes de facilidades de pago que se extienden en el tiempo. En otros momentos similares, el fisco apeló a una herramienta intermedia: las moratorias. En el Gobierno provincial advierten que, por ahora, no se analiza un mecanismo de tal magnitud, que perdone deudas o que implique una baja sustantiva de intereses y de multas, como un modo de tirarle una soga al contribuyente. Pero la realidad muestra que el problema se está convirtiendo en una verdadera bola de nieve. Hay aportantes que quieren pagar su tributo, pero las necesidades finacieras del momento no se lo permiten.
El Gobierno nacional ha priorizado, por caso, el sistema de Inocencia Fiscal, para que los ahorristas que no declararon sus dólares o tenencias en el exterior, puedan hacerlo sin que impliquen grandes penalidades. De la misma manera, promueve un RIGI para que los grandes inversores vuelquen capitales en un país necesitado de divisas para fortalecer las reservas internacionales del Banco Central. Aún más, por ahora, se desechó la posibilidad de ampliar la cantidad de contribuyentes del impuesto a las Ganancias (todos ellos asalariados en relación de dependencia) y de pasar al régimen general a los aportantes del Monotributo. ¿No será el momento de mirar hacia abajo, hacia la microeconomía, que también requiere de medidas paliativas para pasar lo peor de la tormenta y que esa suerte de perdón se convierta en un paraguas protector?
