04 Junio 2007 Seguir en 
LA HAYA.- El proceso en La Haya contra el ex presidente de Liberia Charles Taylor, acusado de crímenes de guerra, comenzó hoy con revuelo: el imputado no acudió ante el tribunal especial y despidió a su abogado defensor con un escrito.
"Con gran tristeza y pesar les escribo para informarles que ya no me siento capaz de participar en el proceso judicial en mi contra", comunicó Taylor en una carta leída por su defensor.
"En un principio había esperado y tenía confianza en la capacidad del tribunal para hacer justicia de forma justa e imparcial. En este momento ha quedado claro que se ha perdido esa confianza", añadió.
Taylor, que fue presidente de Liberia entre 1997 y 2003, está acusado de haber usado mujeres y niñas como esclavas sexuales y de haber ordenado la mutilación de las extremidades de cientos de civiles con un machete.
El ex mandatario se ha declarado inocente de los 11 cargos en el tribunal para Sierra Leona. También es sospechoso de instigar asesinatos, violaciones y el reclutamiento de niños soldados en la guerra civil de 1991 al 2002 que dejó 50.000 muertos.
Los fiscales y defensores de derechos humanos esperan que el caso envíe el mensaje de que nadie puede eludir ser castigado por atrocidades, incluyendo jefes de Estado. (Reuters-DPA-Especial)
"Con gran tristeza y pesar les escribo para informarles que ya no me siento capaz de participar en el proceso judicial en mi contra", comunicó Taylor en una carta leída por su defensor.
"En un principio había esperado y tenía confianza en la capacidad del tribunal para hacer justicia de forma justa e imparcial. En este momento ha quedado claro que se ha perdido esa confianza", añadió.
Taylor, que fue presidente de Liberia entre 1997 y 2003, está acusado de haber usado mujeres y niñas como esclavas sexuales y de haber ordenado la mutilación de las extremidades de cientos de civiles con un machete.
El ex mandatario se ha declarado inocente de los 11 cargos en el tribunal para Sierra Leona. También es sospechoso de instigar asesinatos, violaciones y el reclutamiento de niños soldados en la guerra civil de 1991 al 2002 que dejó 50.000 muertos.
Los fiscales y defensores de derechos humanos esperan que el caso envíe el mensaje de que nadie puede eludir ser castigado por atrocidades, incluyendo jefes de Estado. (Reuters-DPA-Especial)
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