El Estado patético y el surrealismo provincial

Patético: que es capaz de mover y agitar el ánimo infundiéndole afectos vehementes. Con particularidad, dolor, tristeza o melancolía.
(Real Academia Española)

La Justicia evitó ayer (o, en todo caso, postergó) que el de Tucumán sea consagrado como un Estado patético. El ministro fiscal, Luis de Mitri, revocó el archivo de la “Causa Mansilla”, retiró de su instrucción al fiscal de la X Nominación, Guillermo Herrera, y ordenó al fiscal de la II Nominación, Carlos Albaca, que siga con la investigación.
Las implicancias de la medida son notorias. Es un revés para Herrera, ante el pedido de remoción en su contra formulado por los opositores Esteban Jerez, Roberto Palina y Ariel García. Y es, por supuesto, una disposición nada tranquilizadora para el secretario de coordinación de Municipios y Comunas, Sergio Mansilla.
Pero lo verdaderamente trascendente de la resolución no está en el plano procesal, sino en el del sistema republicano de gobierno. La Justicia, a diferencia de los otros poderes -los políticos-, acaba de decir algo. Y dijo mucho. Por ejemplo, que la causa contra un funcionario que envía informes millonariamente contradictorios sobre los recursos que administra no puede archivarse sin citarlo a declarar.
Esa manifestación de coherencia resulta inquietante en el escenario de la cosa pública, tomado por asalto por la lógica del absurdo. Un escenario en el que la palabra oficial es tan contradictoria de sí misma que se vació de contenido.

Reflejos condicionados
El gobernador, José Alperovich, sostuvo el lunes que es imposible controlar las comunas, a pesar de que la casi totalidad de los ingresos de las delegaciones rurales son enviadas por el Ejecutivo. Pero más allá de este (por así decirle) “detalle”, lo que el jefe de Gobierno hizo patente es que la tarea de la Secretaría de Coordinación es un fracaso. Los comisionados adeudan balances en volúmenes escandalosos; hubo que intervenir cinco delegaciones (tres de ellas, a la vuelta de 120 días); el Tribunal de Cuentas dejó en claro que la responsabilidad es de Mansilla y él acumula, ya, dos causas penales en su contra. Pero Alperovich dice que está conforme con la gestión de su funcionario y, por tanto, lo ratifica.
También dijo ese día el esposo de la presidenta del PJ que él debe tratar con cuidado a los delegados comunales, porque fueron elegidos por el voto. Una primera contradicción: al día siguiente intervino Los Sarmiento. Pero la más llamativa es que ese respeto no se trasladó a los legisladores. Porque haber afirmado que el pedido de que depongan a Herrera no prosperará porque el Ejecutivo maneja los números de la comisión de Juicio Político equivale a equiparar los representantes populares en la Cámara con seres sin voluntad ni criterio, que reaccionan levantando la mano -como en un acto reflejo- ante el grito del dueño de sus manos.
Ahora bien, lo patético del Estado tucumano también consiste en que los miembros de esa comisión, en especial los oficialistas, no reaccionaron. Nada dijeron por boca propia. Ni por boca de las silenciosas autoridades de la comisión.
Y lo grave de la advertencia de Alperovich no pasa sólo por la forma; no se reduce a que el mandatario haya dicho algo en términos inadecuados. Lo alarmante es el fondo del asunto: en esta provincia rige la verdad de la patota. El planteo contra Herrera, en los términos de Alperovich, no fracasará por estar viciado, por estar mal fundado o, acaso, por ser injusto. No prosperará, simplemente, porque a sus impulsores no les dan los números.
Así, y no de otro modo, se deroga la razón como fuente de los actos de los poderes políticos.
Luego, los funcionarios judiciales que archivan causas contra el Poder Ejecutivo deben ser amparados, y los que frenan la explotación de las tragamonedas conspiran contra el bien de la provincia. Y el gobernador puede declararse protector de la Justicia, a pesar de que “sus” constituyentes (en 2006, dijo que eran suyos) hicieron todo lo contrario cuando metieron manos en la Carta Magna.

Lo que sigue
Tucumán abraza el surrealismo. Como en ese cuadro de René Magritte que representa una pipa pero deja leer por debajo: “Esto no es una pipa”. En la lista de situaciones absurdas, siguen impresiones semejantes, pero cuyas consecuencias, lamentablemente, trascienden el arte. Le sigue, por ejemplo, que mientras la provincia se parece cada vez más a una democracia sin república, el Gobierno afirma, cada vez que puede, que la calidad institucional es envidiable.
Le sigue la advertencia de Juan Bautista Alberdi, acerca de que el progreso “no es otra cosa que la seguridad de la vida, de las personas, del honor y de los bienes”. En otras palabras, la vigencia plena de las instituciones. Aquí se sorprenden de la inseguridad, pero esta, definida a partir de la sentencia alberdiana, es tan sólo una consecuencia del fin de la institucionalidad provincial. Porque en su esencia, la inseguridad (jurídica o ciudadana) es la inobservancia de la ley. La falta de respeto por el contrato social. Por la Constitución.
Le sigue que la sociedad condena la corrupción, pero a la vez, y desde hace décadas, la corrupción tiene intención de voto en el cuarto oscuro. Bastante alta, por cierto.
Le sigue que la cuota de cordura acaba de ser puesta desde el poder, cuyos integrantes no son elegidos por el voto popular.
Le sigue Epiménides, de Creta, quien en el siglo VI antes de Cristo les dijo a sus compatriotas que todos los cretenses mentían siempre. Su paradoja es conocida: si miente, dice la verdad. Si dice la verdad, miente. Pero, en el plano de la lógica, el filósofo está diciendo que él nada denomina. Que su enunciado, esencialmente, es falso.
Le sigue Tucumán.