10 Septiembre 2003 Seguir en 
BUENOS AIRES.- Cinco millones de personas podrían recibir atención sanitaria de calidad con los más de $ 2.000 millones anuales que gasta el sistema sanitario argentino en prácticas cuestionadas: incentivos a los médicos para recetar determinados remedios, las "demandas de montos irreales" por mala praxis, la indicación de estudios innecesarios más los costos adicionales que originan la intermediación de "gerenciadoras".
Con esos fondos se podría otorgar una cápita de $ 35 mensuales y brindar atención integral a cerca del 40% de los 14 millones de seres que actualidad dependen del hospital público.
Los datos surgen de estimaciones preliminares que forman parte de algunas conclusiones del reciente VI Congreso Argentino de Salud realizado por la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (ACAMI), en cuyo marco se insistió en la necesidad de poner en marcha un "modelo gerenciado de salud".
ACAMI -la entidad organizadora del Congreso- nuclea a prestadores y financiadores sin fines de lucro de todo el país y está integrada, entre otros, por los hospitales Alemán, Británico, Italiano, San Juan de Dios, los sanatorios San José, Mater Dei, William Hope, Clínica Reina Fabiola, FLENI, MITA, Hospital Italiano de Córdoba, CEMIC, OSDE y la Fundación Favaloro.
El superintendente de Servicios de Salud, Rubén Torres, reveló que 22,8 millones de argentinos cuentan con prepagas y obras sociales, quedando 14,2 millones de personas que dependen del hospital público: desocupados, gente que trabaja en negro y cuentapropistas. Además, destacó los "esfuerzos" que viene haciendo el Estado para brindarles una cobertura sanitaria.
Especialistas del sector indicaron que el ahorro posible al eliminar nichos de corrupción es sólo aproximado, debido a que es muy difícil cuantificar el impacto real que tienen estas prácticas irregulares sobre un sistema sanitario ya castigado por el fortísimo aumento en el precio de los insumos y las dificultades para acceder a tecnología de punta a valor dólar. (DyN)
Con esos fondos se podría otorgar una cápita de $ 35 mensuales y brindar atención integral a cerca del 40% de los 14 millones de seres que actualidad dependen del hospital público.
Los datos surgen de estimaciones preliminares que forman parte de algunas conclusiones del reciente VI Congreso Argentino de Salud realizado por la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (ACAMI), en cuyo marco se insistió en la necesidad de poner en marcha un "modelo gerenciado de salud".
ACAMI -la entidad organizadora del Congreso- nuclea a prestadores y financiadores sin fines de lucro de todo el país y está integrada, entre otros, por los hospitales Alemán, Británico, Italiano, San Juan de Dios, los sanatorios San José, Mater Dei, William Hope, Clínica Reina Fabiola, FLENI, MITA, Hospital Italiano de Córdoba, CEMIC, OSDE y la Fundación Favaloro.
El superintendente de Servicios de Salud, Rubén Torres, reveló que 22,8 millones de argentinos cuentan con prepagas y obras sociales, quedando 14,2 millones de personas que dependen del hospital público: desocupados, gente que trabaja en negro y cuentapropistas. Además, destacó los "esfuerzos" que viene haciendo el Estado para brindarles una cobertura sanitaria.
Especialistas del sector indicaron que el ahorro posible al eliminar nichos de corrupción es sólo aproximado, debido a que es muy difícil cuantificar el impacto real que tienen estas prácticas irregulares sobre un sistema sanitario ya castigado por el fortísimo aumento en el precio de los insumos y las dificultades para acceder a tecnología de punta a valor dólar. (DyN)
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