La política tiene secretos bien guardados

Aunque los principales referentes de los tres poderes del Estado están obligados por ley a presentar una declaración jurada de bienes, esos documentos son casi inexpugnables en los hechos. La norma que establece el procedimiento es la ley 3.981, sancionada el 27 de julio de 1973 y publicada y reglamentada ese mismo año.
En la ley se establece que el detalle del patrimonio de los hombres públicos debe presentarse en sobre cerrado, lacrado y firmado. "Tendrán carácter secreto", dice el texto, que prevé sólo tres casos en los que podrán ser abiertos. Concretamente, las terceras personas podrán acceder al contenido de esos documentos cuando haya investigaciones sobre enriquecimiento ilícito; cuando lo pidan los representantes del titular de la declaración, o sus sucesores legales; o cuando lo requiera un juez o una autoridad competente.

Al borde de la crisis
Esta última causal cobró actualidad durante la gobernación de Julio Miranda y puso a la Provincia al borde del conflicto de poderes. Luego de que la Legislatura sancionó la ley que habilitaba la reforma total de la Carta Magna, en la madrugada del 20 de febrero de 2002, se sucedieron denuncias en la Justicia acerca de que, presuntamente, los 27 legisladores que habían aprobado la norma habían sido sobornados. La Fiscalía Anticorrupción, entonces a cargo del hoy diputado Esteban Jerez, inició una causa y, tras la pesquisa preliminar, pidió al juez de Instrucción de la IV Nominación, Víctor Manuel Pérez, que abriera una investigación jurisdiccional, dado que los parlamentarios tienen fueros y sólo pueden ser investigados por un magistrado. El juez le pidió al vicegobernador Sisto Terán las declaraciones juradas de quienes aprobaron la ley (nunca tuvo vigencia); y el actual legislador le remitió la documentación de los 40 parlamentarios para que Pérez decidiera cuáles abrir, en lo que la oposición calificó de una medida que ponía a la Justicia y a la Legislatura al borde de una crisis. El magistrado actuó sobre las de los 27 votantes.
De acuerdo con la ley 3.981, "quedan obligados a presentar declaración jurada de bienes" el gobernador, ministros, secretarios y subsecretarios; los legisladores, secretarios y prosecretarios parlamentarios; y los miembros del Poder Judicial hasta la categoría de prosecretario inclusive.
Quienes incumplan con ese deber o "incurran en omisiones, ocultamientos o falsedades acerca de su real situación patrimonial se harán pasibles de sanciones de suspensión, cesantía o exoneración, según la gravedad del caso y de acuerdo a la reglamentación a dictarse, sin perjuicio de las responsabilidades penales emergentes".
Precisamente, la documentación deberá contener un detalle de los bienes propios del declarante, ya sea que esté radicado en el país o en extranjero, con especificación de fecha de adquisición, costo de origen, rentas y deudas. Y deberán declarar, en los mismos términos, los bienes del cónyuge y de los hijos menores.
Con la misma severidad con que pena a quien no presente en tiempo y en forma su declaración jurada, la ley también establece que quienes violen el secreto de estos sobres serán exonerados de sus cargos y podrán ser alcanzados por sanciones penales.

Sustancial, pero poco claro
El artículo quinto de la norma establece que los funcionarios, los magistrados y los representantes populares están obligados a actualizar su declaración jurada en caso de modificación sustancial del patrimonio declarado. El responsable deberá efectuar la nueva declaración en enero de cada año, la que se agregará a las anteriores.
Esta cláusula genera, si se quiere, una laguna del derecho. ¿Cuándo es "sustancial" una modificación del patrimonio declarado? Adquirir un automóvil 0 kilómetro o un departamento puede representar, para un legislador, incrementar sus posesiones en un 50%. Y, para uno de sus pares, puede representar un porcentaje poco significativo si posee un patrimonio abultado antes de asumir.
Hecha la ley, hecha la trampa.

En una caja fuerte, cuya combinación numérica conoce sólo una persona, se encuentran guardados los sobres lacrados que contienen las declaraciones juradas del gobernador José Alperovich y de todos los funcionarios de Poder Ejecutivo, hasta el rango de subdirector. Esa bóveda está en la sede de la Contaduría General de la Provincia, en el edificio del ex Banco de la Provincia (Laprida y San Martín), y quien maneja el código secreto es el director de Patrimonial.
Los sobres sólo pueden ser abiertos por los declarantes -para modificar la documentación en caso de que se alteren sus bienes patrimoniales- o si media una orden judicial, como en el caso de los legisladores que aprobaron la ley que habilitaba la reforma constitucional en 2002 o del ex gobernador Antonio Bussi.
Desde la Secretaría de Hacienda se precisó que se trata de una información privada, la que es devuelta a la persona que declaró sus bienes una vez que abandona la función pública. Según se indicó, no es usual que las autoridades pidan sus sobres para hacer cambios; generalmente son depositados al inicio de la gestión y sacados una vez fuera de la administración pública, pese a que la legislación al respecto impone que se haga una declaración jurada por año.
En la Legislatura, al asumir la banca, cada parlamentario completa sus datos en un documento especial y entrega el sobre (también preimpreso) con su estado patrimonial al secretario del cuerpo, Silvio Manservigi.
El funcionario procede a lacrar el documento, registra el acto en un libro especial y lo guarda en la caja fuerte en su despacho, sin conocer el contenido. Un plenario de la Cámara puede decidir abrir el sobre de uno de sus miembros.
En el Poder Judicial, las declaraciones son guardadas en la oficina del secretario administrativo.
En la Municipalidad de la capital, los funcionarios entregan sus declaraciones juradas cerradas en la Dirección de Despacho. Los concejales, en cambio, depositaron sus documentos en una escribanía, que fue elegida entre todos. En todos los casos, los sobres permanecen cerrados.

Con el objetivo de hacer público el estado patrimonial de los funcionarios, en la Legislatura hay dos proyectos de ley que promueven una mayor transparencia del sistema.
El legislador Rodolfo Danesi (Ciudadanos Independientes) reiteró su proyecto de Etica en la Función Pública. La iniciativa original había sido presentada en 2003, pero pasó a archivo este año sin siquiera haber sido discutida en las comisiones parlamentarias. Con este nuevo ingreso, volverá a tener vigencia como idea a debatir. "Con esta ley se pretende crear un Régimen de Declaraciones Juradas para funcionarios de los tres poderes del Estado, que permitirá hacer un seguimiento de la evolución de su patrimonio durante todo el tiempo de la gestión oficial y los obligará a demostrar los orígenes de sus activos", afirmó.
Pedro Stordeur (Recrear), por su parte, presentó una iniciativa para que se permita el acceso a la información y para que las declaraciones juradas se publiquen en internet. "Esta situación se ha vuelto una necesidad en los últimos años, debido al descreimiento y a la desconfianza de la población hacia la clase política", aseveró.

"El primer paso es hacer una declaración jurada; el segundo es ver si lo que se declara es o no lo real. Pero este punto nunca se concreta, por lo que no se puede saber exactamente cuál es el patrimonio de los legisladores y de los funcionarios. Vaya uno a saber qué se inscribe".
La afirmación pertenece a la especialista María Barón, investigadora en temas de transparencia en la gestión pública y autora del libro Directorio Legislativo, en el que releva datos de los miembros de las cámaras de Senadores y de Diputados.
Barón advirtió que el hecho de que se presenten en forma las declaraciones juradas no implica emitir un juicio de valor sobre su contenido. Esta certeza sobre la veracidad de lo reconocido se alcanzaría mediante un cruce de datos con los registros del Automotor e Inmobiliario, que nunca se concreta, entre otras líneas de acción posibles.
En parte, este control no se ejecuta por problemas presupuestarios. La especialista destacó: "la transparencia es cara, no hay fondos para encarar ese tema ni hay una dependencia que los atienda, más allá de la labor de la Oficina Anticorrupción que concentra 35.000 declaraciones juradas de los funcionarios del país".
La investigadora puntualizó que las declaraciones deben ser públicas, como parte natural y esencial de la transparencia en el Estado, y rechaza que sean secretas o reservadas, como ocurre en Tucumán.
"Presentarlas es un buen comienzo, pero tienen que ser accesibles a todos los ciudadanos, tal como lo dispone la ley nacional, y es lo normal en el mundo. Sin embargo, los poderes Legislativo, en Diputados, y Judicial de la Nación están en violación de la norma. En la Cámara Baja accionamos judicialmente para poder conocer esos documentos, y hemos obtenido un fallo reciente a favor de nosotros", remarcó.
La situación se agrava porque en la mayoría de las provincias no hay una ley de Etica Pública. Barón reconoció: "en el fondo, nadie quiere sancionar disposiciones de este tipo, porque es como cavarse su propia fosa o enfrentarse con quienes después vas a necesitar para que aprueben otras leyes; el incentivo es nulo, y si presentan un proyecto pero no lo impulsan, queda como una cuestión meramente simbólica". En la provincia, Pedro Stordeur (Recrear) y Rodolfo Danesi (Ciudadanos Independientes) presentaron proyectos en este tema.
Otro problema que se enfrenta es que, en general, los funcionarios que reciben la información se fijan en la formalidad de que todos los casilleros estén llenos, sin atender el criterio con que fue completado el cuestionario, lo que dificulta el control posterior. Así, se confunden campos y conceptos, como la transformación de deudas en créditos; hacer el cálculo de patrimonio en dólares o en pesos; o el presentar el sueldo neto o en bruto.