No es pública la declaración jurada de los políticos

Hace 33 años, durante el Gobierno de Amado Juri, se sancionó la ley 3.981. Esa norma obliga a funcionarios del Poder Ejecutivo tucumano, a legisladores y a miembros del Poder Judicial, a presentar una declaración jurada patrimonial al asumir el cargo. Esta lista de bienes debe ser modificada cada vez que se produzca una alteración de importancia. Esta documentación está bien resguardada: la ley dispone que sea secreta y sólo excepcionalmente puede trascender su contenido. Para darle mayor transparencia al Estado, hay proyectos en la Legislatura para la reforma y actualización del articulado.