13 Julio 2006 Seguir en 
“Durante las dictaduras, se mata a quienes piensan distinto respecto de lo que sostiene el poder. Este Gobierno, ahora, quiere matar a las instituciones que opinan de manera distinta a la suya”. En estos términos, el presidente del Colegio de Abogados, Antonio Bustamante, condenó la iniciativa del bloque legislativo del PJ que le quita a esa institución el manejo de la matrícula de los letrados (la pone en manos de la Corte Suprema de Justicia) y difiere el pago de los bonos profesionales. (Ver “Proyecto...”)
“Esto, claramente, es una actitud revanchista del poder político, por la causa que iniciamos en contra de la conformación del Consejo Asesor de la Magistratura”, aseguró Bustamante a LA GACETA. A raíz de esa causa, la Cámara en lo Contencioso Administrativo dictó una medida cautelar que suspendió la puesta en vigencia del polémico organismo. “Es una vendetta que no respeta el sistema republicano. Es una propuesta inaudita. Y, sobre todo, cobarde”, añadió, y advirtió que la entidad que preside no desistirá de la demanda, porque -aseveró- era un deber del Colegio impulsarla. “Seguiremos hasta las últimas consecuencias. Las presiones del poder político para frenarnos son una afrenta no sólo a la institución, sino a la sociedad toda”, afirmó.
Intervención
“Hay legisladores que se quedaron en la vieja política. Esta Cámara hizo mucho por recuperar terreno, pero con este proyecto pierde la calidad institucional”, aseveró Bustamante.
“Sisto Terán (es el autor del proyecto) no está defendiendo a nadie, aunque pretenda lo contrario -sostuvo-. Lo que sí hace es atacar al Colegio de Abogados, porque la institución salió a defender los derechos de la sociedad con su planteo contra el CAM. Como no prosperó el pedido de intervención de (Exequiel) Avila Gallo, ahora quieren intervenirnos por ley”, aseveró.
Bustamante refutó las críticas respecto del costo de la matrícula. “Su valor es fijado por los propios abogados a través de sus representantes. Y la adhesión es tal que, en mayo pasado, cuando venció el plazo para pagarla, la había pagado el 92% de los matriculados”, indicó. (Ver “Peligran...”)
“El Colegio devuelve al medio los recursos. Tiene una de las bibliotecas activas más importantes del NOA. Además, formamos a nuestros colegas y asesoramos al Estado, no porque sean servicios, sino porque son funciones públicas asignadas por ley -describió-. Y en el asesoramiento sin cargo a los ciudadanos, atendemos 3.000 casos por año. Los bonos que cobra el Colegio, justamente, se destinan al sostenimiento de esa tarea”, señaló.
El oficialismo concretó ayer su anunciado avance sobre el Colegio de Abogados: presentó el proyecto de ley para retirarle el manejo de la matrícula (se propone que pase a manos de la Corte) y diferir el pago de los bonos profesionales al último momento de un proceso judicial.
La iniciativa aborda ambos temas, pese a que son distintos en cuanto a los ejes que involucran y las consecuencias que tendrán. Sólo se vinculan en que los dos asuntos implicarán, en lo inmediato, un golpe a las arcas de la entidad. El proyecto alcanza también al Colegio de Abogados del Sur y al de Procuradores.
La propuesta fue firmada por los peronistas Sisto Terán, Rodolfo Ocaranza, Oscar Godoy, Raúl Hadla, Alejandro Martínez, Sergio Miranda, Juan Siviardo Gutiérrez, Alberto Leal y Aldo Salomón. Según se informó, la idea cuenta en principio con el respaldo de la mayoría de los miembros de la bancada. Su primer destino será la comisión de Legislación General, que preside Ocaranza, para que emita dictamen. Luego quedará habilitada para llegar al recinto.
Hoy la matrícula es manejada por la entidad, que revisa la legitimidad del título presentado y si el postulante está inhabilitado para ejercer la abogacía o tiene sentencia judicial definitiva que hiciera inconveniente su incorporación al foro.
“Esto, claramente, es una actitud revanchista del poder político, por la causa que iniciamos en contra de la conformación del Consejo Asesor de la Magistratura”, aseguró Bustamante a LA GACETA. A raíz de esa causa, la Cámara en lo Contencioso Administrativo dictó una medida cautelar que suspendió la puesta en vigencia del polémico organismo. “Es una vendetta que no respeta el sistema republicano. Es una propuesta inaudita. Y, sobre todo, cobarde”, añadió, y advirtió que la entidad que preside no desistirá de la demanda, porque -aseveró- era un deber del Colegio impulsarla. “Seguiremos hasta las últimas consecuencias. Las presiones del poder político para frenarnos son una afrenta no sólo a la institución, sino a la sociedad toda”, afirmó.
Intervención
“Hay legisladores que se quedaron en la vieja política. Esta Cámara hizo mucho por recuperar terreno, pero con este proyecto pierde la calidad institucional”, aseveró Bustamante.
“Sisto Terán (es el autor del proyecto) no está defendiendo a nadie, aunque pretenda lo contrario -sostuvo-. Lo que sí hace es atacar al Colegio de Abogados, porque la institución salió a defender los derechos de la sociedad con su planteo contra el CAM. Como no prosperó el pedido de intervención de (Exequiel) Avila Gallo, ahora quieren intervenirnos por ley”, aseveró.
Bustamante refutó las críticas respecto del costo de la matrícula. “Su valor es fijado por los propios abogados a través de sus representantes. Y la adhesión es tal que, en mayo pasado, cuando venció el plazo para pagarla, la había pagado el 92% de los matriculados”, indicó. (Ver “Peligran...”)
“El Colegio devuelve al medio los recursos. Tiene una de las bibliotecas activas más importantes del NOA. Además, formamos a nuestros colegas y asesoramos al Estado, no porque sean servicios, sino porque son funciones públicas asignadas por ley -describió-. Y en el asesoramiento sin cargo a los ciudadanos, atendemos 3.000 casos por año. Los bonos que cobra el Colegio, justamente, se destinan al sostenimiento de esa tarea”, señaló.
Proyecto que afecta la caja profesional
El oficialismo concretó ayer su anunciado avance sobre el Colegio de Abogados: presentó el proyecto de ley para retirarle el manejo de la matrícula (se propone que pase a manos de la Corte) y diferir el pago de los bonos profesionales al último momento de un proceso judicial.
La iniciativa aborda ambos temas, pese a que son distintos en cuanto a los ejes que involucran y las consecuencias que tendrán. Sólo se vinculan en que los dos asuntos implicarán, en lo inmediato, un golpe a las arcas de la entidad. El proyecto alcanza también al Colegio de Abogados del Sur y al de Procuradores.
La propuesta fue firmada por los peronistas Sisto Terán, Rodolfo Ocaranza, Oscar Godoy, Raúl Hadla, Alejandro Martínez, Sergio Miranda, Juan Siviardo Gutiérrez, Alberto Leal y Aldo Salomón. Según se informó, la idea cuenta en principio con el respaldo de la mayoría de los miembros de la bancada. Su primer destino será la comisión de Legislación General, que preside Ocaranza, para que emita dictamen. Luego quedará habilitada para llegar al recinto.
Hoy la matrícula es manejada por la entidad, que revisa la legitimidad del título presentado y si el postulante está inhabilitado para ejercer la abogacía o tiene sentencia judicial definitiva que hiciera inconveniente su incorporación al foro.







