13 Julio 2006 Seguir en 
Las relaciones entre el poder político y el Colegio de Abogados de Tucumán alcanzaron ayer un pico de tensión. La bancada legislativa del PJ formalizó la presentación de un proyecto de ley que le quita a la entidad el manejo de la matrícula de los letrados (la pone en manos de la Corte) y modifica el sistema de pago de los bonos profesionales, dos medidas que afectan directamente los ingresos del organismo colegiado. El presidente del Colegio, Antonio Bustamante, aseguró a LA GACETA que no se quedarán de brazos cruzados, y adelantó que si la iniciativa prospera en el recinto, será impugnada judicialmente. "Quieren modificar, sin un solo argumento válido, una potestad que la institución tiene desde hace 74 años. Eso es abiertamente inconstitucional", cuestionó.El legislador Sisto Terán (PJ) defendió la propuesta (es su autor) y cuestionó a la entidad. En contrapartida, los parlamentarios de todo el arco opositor criticaron duramente la iniciativa del oficialismo e impulsaron la separación de Terán de la comisión de Juicio Político de la Legislatura.







