Jiménez Montilla dice que no compró bonos "defaulteados"

“La fecha en la que dichos bonos fueron adquiridos es anterior a la declaración del default”, aseguró Carlos Jiménez Montilla, vocal del Tribunal Oral (TOF) en lo Criminal Federal, en la presentación que efectuó ante el fiscal federal Carlos Brito.
Brito lleva adelante actuaciones preliminares en el afán de determinar si en 15 causas -entre ellas, la de Jiménez Montilla- se cometieron irregularidades durante la tramitación de medidas cautelares por títulos públicos.
El 14 de noviembre de 2003, el juez federal Jorge Parache dictó una medida cautelar a favor de Jiménez Montilla, quien había accionado para que fuera declarada la inconstitucionalidad de la normativa que pesificó los bonos tras el default, de 2001.
En el escrito, Jiménez Montilla afirma que había recibido los bonos, por los que accionó, en pago de honorarios pendientes, regulados el 20 de noviembre de 1996, por su actuación como abogado -antes de que asumiera en el TOF- en la causa “Docampo, Carlos Alberto y otros vs. DNA s/indemnización de daños y perjuicios”.
“Los bonos no fueron cobrados efectivamente, sino que el Estado (verdadero condenado al pago), compulsivamente, depositó a mi nombre títulos de la deuda pública por tal valor... El origen de dichos bonos (Pro 1 especie 2.209) en mi patrimonio se remonta a 1996/1997, pero recién en 1999 fueron acreditados a la cuenta 5.903, de la Nueva Bolsa de Comercio de Tucumán (a mi nombre), depositante 1.232 de la Caja de Valores S.A. Estos bonos generaban una renta más una amortización mensual y, con el producido de ello, se hicieron distintas operaciones en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. A partir del 7 de diciembre de 2000 se optó por comprar Bonos de Consolidación de la segunda serie en dólares (Pro 4, especie 2.129)”, relató.
Según Jiménez Montilla, la última compra de títulos fue realizada el 17 de diciembre de 2001, antes de la declaración de default. “La posesión en títulos de la cuenta 5.903, al 28 de diciembre de ese año, era de 30.527 (U$S Pro 4) y de 23.113,3328 (Pro 1). No se trata de unidades monetarias, sino de valores que deben ser traducidos en dinero según la cotización vigente en el mercado el día de su cobro”, concluyó.