El Consejo de la Magistratura quiere oír a un funcionario de Economía

Los sumarios en marcha contra los jueces federales de Tucumán, Jorge Parache y Felipe Terán, por supuestas irregularidades en la tramitación de causas vinculadas a títulos públicos después de la declaración, de diciembre de 2001, de que la Argentina había entrado en cesación de pagos (default), están produciendo ramificaciones que exceden el ámbito de la Justicia.
El martes, antes de escuchar el descargo de Parache, la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura (CM), que sustancia los sumarios, tomó una decisión. Por pedido de la diputada nacional justicialista Diana Conti, dispuso citar para el 30 del corriente al subsecretario legal del Ministerio de Economía de la Nación (ME), Osvaldo Siseles, pero en el marco de las actuaciones que, por el mismo tema que el de los tucumanos, siguen contra el juez federal Reynaldo Rodríguez (Santa Fe).
Conti justificó el planteo con el hecho de que estaba anoticiada de que, a partir de lo sucedido en Tucumán, en el ME había un sumario interno en marcha, a fin de determinar eventuales responsabilidades de funcionarios en las causas vinculadas a títulos públicos. La parlamentaria acotó que quería saber si, con respecto a las supuestas anomalías detectadas en Santa Fe, sucedía lo mismo.

Una opinión clave
Conti considera relevante la información que pueda aportar Siseles, porque ella instruye el sumario contra Rodríguez. No obstante, en una eventual comparecencia, el funcionario también podría aportar datos relacionados con Tucumán.
El 17 de marzo y, a partir de las investigaciones que él lleva adelante en la órbita penal, el fiscal federal número dos, Carlos Brito, había enviado un oficio al ME para que le informaran si, como consecuencia de la auditoría practicada en 2005 por la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) en los juzgados federales de Tucumán, se había iniciado algún sumario. Sucede que la auditoría había tenido entre sus objetivos analizar cuál había sido la conducta de los abogados que habían representado los intereses de la Nación ante la Justicia Federal de esta provincia en las causas en la que particulares reclamaban contra el Estado por la normativa que pesificó los títulos públicos tras el default.
El 4 de abril, Siseles respondió a Brito que, por disposición número 41, del 20 de marzo, se había resuelto abrir un sumario administrativo. “El fin es deslindar la responsabilidad administrativo-disciplinaria y determinar el perjuicio fiscal”, había manifestado el funcionario en el oficio.
Terán y Parache (en sus respectivos descargos), y la propia Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán (en un informe ante la comisión de Acusación) cuestionaron el desempeño de los abogados del Estado.
Las actuaciones en marcha por triple vía y con diferentes finalidades (CM, ME y Fiscalía Federal) tienen como base los resultados de la auditoría de la PTN. Según esta, como las medidas cautelares -libradas por los jueces a favor de los bonistas- no identificaban los títulos respecto de los cuales se ordenaba al Estado que no aplicar la normativa que pesificó los títulos, en algunos casos, las cuentas de los particulares habrían sido abultadas con títulos comprados después del default, a bajo valor, para que también fueran reconocidos en la moneda de origen (dólar).


El martes, cuando efectuó su descargo ante la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, el juez federal Jorge Parache y los miembros de aquella sostuvieron un ping pong de preguntas y respuestas.

SIN TRATO.- El consejero Nicolás Fernández le preguntó si no le llamaba la atención que, entre 16 y 18 causas por títulos públicos, los abogados de los accionantes eran los mismos. Frente a la pregunta de si los conocía, Parache contestó: “no los conozco, no los frecuento, ni mucho menos tengo amistad con ellos... Creo no conocerlos ni de vista, salvo que ellos me conozcan a mí por recorrer los pasillos”.

PROCEDENCIA DE LOS TITULOS.- Fernández inquirió si en las causas era habitual que les fueran exigidos a los particulares los originales de los títulos. Parache replicó que se trataba de títulos registrables en Bolsa o en la Caja de Valores, y agregó que se pedía la constancia de que el demandante tenía abierta una cuenta comitente. El consejero insistió en saber si estaban acreditados los bonos. El juez retrucó: “siempre era el Estado el que tenía todos los instrumentos suficientes para saber si estaban acreditados en la Caja de Valores o en la cuenta comitente”.

DIFICIL DE ENTENDER .- La consejera Marcela Rodríguez (Ari) insistió en que les resultaba complicado entender por qué el juzgado se había salido de la modalidad habitual de que las medidas cautelares indicaran con precisión el objeto beneficiado por ellas (en este caso los títulos, por serie y número). Agregó que esto dejaba abiertas las puertas a que pudiera haberse dado un pago extra o ultra petita, esto es, más allá de lo reclamado o acreditado por las partes. “Eso no sucedió en mi juzgado”, respondió.

ENTREDICHO.- Fernández le informó a Parache que, según la Cámara Federal, con anterioridad al dictado de una medida cautelar, había que constatar que los títulos no hubieran sido adquiridos después del default. “Como está acompañado como prueba en mi descargo, en siete causas, la Cámara no sólo declaró desierto el recurso (de apelación deducido por el Estado), sino que declaró inconstitucional el decreto (por el 471/02); iba más allá que el juez, que se limitaba a decir: ‘es inaplicable el decreto (que ordenó la pesificación) -no inconstitucional- hasta tanto no haya una sentencia definitiva’”, manifestó.