Los consejeros bombardearon con preguntas al magistrado

BUENOS AIRES.- En la segunda parte del descargo, los miembros de la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, literalmente, bombardearon a preguntas al juez federal Jorge Parache, y luego al prosecretario de este, Dardo Molina (el juez lo ofreció como testigo). Pero los interrogantes se limitaron a uno: ¿por qué Parache, cuando disponía una medida cautelar en contra del Estado, no identificaba por serie y número cuáles eran los títulos del demandante particular respecto del cual no debía aplicarse la normativa que pesificó los bonos?
La primera pregunta la efectuó el instructor del sumario, el senador justicialista Nicolás Fernández. Parache aclaró que esa había sido la modalidad adoptada no sólo en las causas por pesificación de los títulos públicos, sino también por los depósitos bancarios que habían quedado atrapados en el corralito. “En todas, sin excepciones, los mandamientos (judiciales), que fueron cientos de cientos, de cientos (sic), salieron sin determinación del monto”, aseveró. Argumentó que, primero los bancos y luego el Estado, estaban en condiciones de determinar cuáles eran las acreencias de los ahorristas o bonistas.
Fernández le pidió que explicara por qué las cautelares salían bajo simple caución juratoria (no real) del particular. Y el diputado justicialista Carlos Kunkel y el consejero por los abogados Beinusz Szmukler inquirieron por qué si los accionantes, cuando interponían la demanda, acompañaban supuestamente un certificado en el que constaban los títulos que tenían, las mandas judiciales sólo identificaban el número de la cuenta del bonista. “Está aclarado en mi descargo por escrito”, respondió.
 
Más preguntas
Parache invocó los resultados de las auditorías practicadas a los juzgados federales de Tucumán, según las cuales a los magistrados -no al Estado- les resultaba difícil determinar las verdaderas acreencias (en títulos) de los particulares.
“¿No se le ocurrió pensar que, por la forma en que usted libraba las cautelares, podían ser comprados bonos devaluados, para introducirlos en las cuentas de los particulares y engrosarlas, de manera que fueran alcanzados por una resolución contraria a la pesificación y a favor de la moneda de origen (dólar)?”, lo cuestionó Szmukler. “Eso hubiera sido mala praxis o fraude procesal contra el juez”, replicó Parache.