Un informe puede afectar a los dos jueces federales

BUENOS AIRES (De nuestro enviado especial).- La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán emitió un informe que, según algunos miembros de la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura (CM), perjudicó, o por lo menos no dejó bien parados, a los jueces federales Jorge Parache y Felipe Terán, actualmente bajo sumario. Ambos magistrados, en sus descargos, invocaron que el tribunal había ratificado las medidas cautelares dictadas, en las causas en las que particulares accionaban contra el Estado como consecuencia de la pesificación que siguió a la declaración, de 2001, de que la Argentina había entrado en cesación de pagos.
"Esta Cámara ha sentado el criterio de que se debe verificar, con carácter previo al otorgamiento de una cautelar, en el marco de las acciones de inconstitucionalidad del decreto 471/02 y normas complementarias, si el poseedor de los títulos que planteó la acción los adquirió con anterioridad a la declaración del default". Esto aseguraron los vocales Raúl Mender, Ernesto Wayar, Marina Cossio de Mercau, Graciela Fernández Vecino y Ricardo Sanjuán en relación con lo que sostuvieron en la causa "Díaz, Ramón Fernando c/Estado nacional s/inconstitucionalidad".
El tribunal precisó que en las causas "Montejano, Antonio Juan..." y "Scaravilli López, Alberto D...", en estudio, Fernández Vecino, Wayar y Mender, en sus votos, proponen adoptar el mismo criterio que en la causa Díaz. "No es doctrina de esta Cámara convalidar decisiones de primera instancia que hubiesen importado conceder medidas cautelares que implicaron otorgar total o parcialmente el dinero reclamado respecto de títulos que habrían sido adquiridos con posterioridad a la cesación de pagos", dijeron los camaristas.

Contra los abogados
También aclararon que, en otras cinco causas (las impulsadas por Laura Figueroa, Carlos Jiménez Montilla, Ana María Lauricella, Clarisa Yánez y Olga Salinas), se limitaron a "declarar desiertos los recursos de apelación (deducidos por el Estado) y, por consiguiente, declarar inconstitucionales las normas de emergencia sobre pesificación de los títulos". "Sin embargo, esos pronunciamientos no pueden ser interpretados como doctrina de este tribunal", aclararon. E insistieron: "esta Cámara está facultada para revisar, en cada caso, si deben subsistir (o no) esas decisiones ante la incorporación de nuevos elementos".