BUENOS AIRES (De nuestro enviado especial, Federico Abel).- En el terreno profesional, el juez federal número uno de Tucumán, Jorge Parache, nunca antes había experimentado una situación similar, según lo reconoció luego a LA GACETA.
Durante dos hora y cuarto, caracterizadas por la tensión, efectuó su descargo y afrontó las innumerables preguntas -y cuestionamientos- a las que lo sometieron los miembros de la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura (CM). Esta sigue un sumario en su contra por presuntas irregularidades en la tramitación de causas en las que particulares accionaban contra el Estado por títulos públicos, tras la pesificación que siguió a la declaración, en diciembre de 2001, de que la Argentina había entrado en cesación de pagos (default).
De pantalón gris y saco azul, y con una carpeta en la mano, Parache ingresó al recinto a las 10.35. Sólo faltaba uno de los siete integrantes de la comisión, el presidente, el diputado Federico Storani (UCR). Aunque tenía la posibilidad de efectuar por escrito su respuesta -cosa que también hizo-, el juez prefirió presentarse personalmente, porque, dijo, tiene 21 años de trayectoria sobre la espalda (hizo una síntesis de su carrera judicial, que comenzó en Salta en 1973).
El acto tuvo dos partes bien diferentes. Durante la primera, el magistrado se explayó libremente y con tranquilidad; pero en la segunda fue sometido a un minucioso cuestionario, abierto por el instructor del sumario, el senador justicialista Nicolás Fernández. Entonces, las cosas cambiaron y hubo preguntas, repreguntas, pedidos de aclaraciones y hasta silencios (Ver "Los consejeros...."). Parache, no obstante, supo controlar los nervios y no perdió la calma.
El juez tucumano fue lapidario respecto de quienes defendían al Estado frente a las demandas de los particulares. "No actuaron de la forma ni con la celeridad y la responsabilidad que merecía tan delicada cuestión. Cuando apelaron, lo hicieron de forma vaga e imprecisa", criticó.
Todo el tiempo Parache defendió -con firmeza- la modalidad implementada por su juzgado de librar medidas cautelares contra el Estado sin precisar respecto de qué títulos de los particulares no debía aplicarse la normativa que pesificó los bonos. Justamente, esto es lo que, según la Comisión de Acusación, habría posibilitado que, a posteriori de las resoluciones judiciales, hayan sido depositadas mayores cantidades de bonos adquiridas a bajo precio por el default. "El Estado, en el ejercicio de su poder de policía financiera, era el que mejor se encontraba en condiciones de determinar si los bonos habían sido adquiridos posdefault o, incluso, de retener las acreencias de los bonistas. Era su responsabilidad", concluyó.
Las cosas cambiaron radicalmente para el juez cuando comenzaron a interrogarlo.
DIFERENCIAS CON TERAN
Sin una causa Borquez
Jorge Parache insistió en que había ajustado su accionar a la jurisprudencia en boga en el país y a las decisiones de la Cámara Federal (que tenía "el control de judicialidad" sobre sus actos, según recalcó); reprochó la actuación de los abogados del Estado y buscó a toda costa diferenciarse de su par, Felipe Terán, también bajo sumario por el mismo tema. "En mi juzgado no existe una causa similar a la de Borquez", disparó.
Por la causa Borquez fueron auditados los juzgados de Tucumán en 2005 (por la PTN y por el CM), y las conclusiones de esas actuaciones convencieron al CM de que debía sumariar a los jueces. Yolanda Borquez, cuando entabló la demanda, acompañó certificados de tenencia de títulos públicos por U$S 620.000, pero después de que Terán libró una medida cautelar a su favor, el Ministerio de Economía planteó que había casi U$S 5 millones en la cuenta de la mujer.
"Las presentaciones de la Nación fueron debidamente sustanciadas, respetándose en todo momento el derecho de defensa en juicio y la bilateralidad del proceso y en ningún caso fueron rechazadas in limine, como lo fueron en la causa Borquez. Tampoco se produjo la omisión de agregar escritos a los expedientes, de proveerlos o agregarlos fuera del tiempo propio, como quedó señalado en el informe de la Procuración", expresó.
Durante dos hora y cuarto, caracterizadas por la tensión, efectuó su descargo y afrontó las innumerables preguntas -y cuestionamientos- a las que lo sometieron los miembros de la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura (CM). Esta sigue un sumario en su contra por presuntas irregularidades en la tramitación de causas en las que particulares accionaban contra el Estado por títulos públicos, tras la pesificación que siguió a la declaración, en diciembre de 2001, de que la Argentina había entrado en cesación de pagos (default).
De pantalón gris y saco azul, y con una carpeta en la mano, Parache ingresó al recinto a las 10.35. Sólo faltaba uno de los siete integrantes de la comisión, el presidente, el diputado Federico Storani (UCR). Aunque tenía la posibilidad de efectuar por escrito su respuesta -cosa que también hizo-, el juez prefirió presentarse personalmente, porque, dijo, tiene 21 años de trayectoria sobre la espalda (hizo una síntesis de su carrera judicial, que comenzó en Salta en 1973).
El acto tuvo dos partes bien diferentes. Durante la primera, el magistrado se explayó libremente y con tranquilidad; pero en la segunda fue sometido a un minucioso cuestionario, abierto por el instructor del sumario, el senador justicialista Nicolás Fernández. Entonces, las cosas cambiaron y hubo preguntas, repreguntas, pedidos de aclaraciones y hasta silencios (Ver "Los consejeros...."). Parache, no obstante, supo controlar los nervios y no perdió la calma.
El juez tucumano fue lapidario respecto de quienes defendían al Estado frente a las demandas de los particulares. "No actuaron de la forma ni con la celeridad y la responsabilidad que merecía tan delicada cuestión. Cuando apelaron, lo hicieron de forma vaga e imprecisa", criticó.
Todo el tiempo Parache defendió -con firmeza- la modalidad implementada por su juzgado de librar medidas cautelares contra el Estado sin precisar respecto de qué títulos de los particulares no debía aplicarse la normativa que pesificó los bonos. Justamente, esto es lo que, según la Comisión de Acusación, habría posibilitado que, a posteriori de las resoluciones judiciales, hayan sido depositadas mayores cantidades de bonos adquiridas a bajo precio por el default. "El Estado, en el ejercicio de su poder de policía financiera, era el que mejor se encontraba en condiciones de determinar si los bonos habían sido adquiridos posdefault o, incluso, de retener las acreencias de los bonistas. Era su responsabilidad", concluyó.
Las cosas cambiaron radicalmente para el juez cuando comenzaron a interrogarlo.
DIFERENCIAS CON TERAN
Sin una causa Borquez
Jorge Parache insistió en que había ajustado su accionar a la jurisprudencia en boga en el país y a las decisiones de la Cámara Federal (que tenía "el control de judicialidad" sobre sus actos, según recalcó); reprochó la actuación de los abogados del Estado y buscó a toda costa diferenciarse de su par, Felipe Terán, también bajo sumario por el mismo tema. "En mi juzgado no existe una causa similar a la de Borquez", disparó.
Por la causa Borquez fueron auditados los juzgados de Tucumán en 2005 (por la PTN y por el CM), y las conclusiones de esas actuaciones convencieron al CM de que debía sumariar a los jueces. Yolanda Borquez, cuando entabló la demanda, acompañó certificados de tenencia de títulos públicos por U$S 620.000, pero después de que Terán libró una medida cautelar a su favor, el Ministerio de Economía planteó que había casi U$S 5 millones en la cuenta de la mujer.
"Las presentaciones de la Nación fueron debidamente sustanciadas, respetándose en todo momento el derecho de defensa en juicio y la bilateralidad del proceso y en ningún caso fueron rechazadas in limine, como lo fueron en la causa Borquez. Tampoco se produjo la omisión de agregar escritos a los expedientes, de proveerlos o agregarlos fuera del tiempo propio, como quedó señalado en el informe de la Procuración", expresó.







