BUENOS AIRES (De nuestro enviado especial, Federico Abel).- Ayer, el juez federal números dos, Felipe Terán, salió fortalecido. Ganó tiempo y oxígeno. Tras un áspero debate (ver "Una discusión...") en el segundo piso del edificio de Libertad 731, el pleno del Consejo de la Magistratura de la Nación (CM) congeló -sin plazos- la decisión acerca de si corresponde someter al magistrado a un jurado de enjuiciamiento por presunto mal desempeño.
El pleno del CM, que contaba con 16 miembros (son 20 en total) cuando llegó el turno de tratar el caso de Terán, devolvió el expediente a la comisión de Acusación (CM), que encabeza el diputado nacional Federico Storani (UCR) y que el 12 del corriente había propuesto que el magistrado fuera sometido a un proceso de remoción. A Terán le siguen un sumario por presuntas irregularidades durante la tramitación de causas en la que particulares reclamaban al Estado por títulos públicos, supuestamente afectados por la pesificación que significó la declaración, de diciembre de 2001, de que la Argentina había entrado en cesación de pagos (default).
Doce consejeros (ver "Cómo votaron") se volcaron por la alternativa sugerida por Claudio Kiper, la primera voz que se levantó en defensa de Terán, por considerar que no se podía avanzar sobre el juez habiendo una causa penal inconclusa (la lleva el fiscal federal número dos de Tucumán, Carlos Brito). El senador Ricardo Gómez Diez (Movimiento Renovador Salteño) y la diputada Diana Conti (PJ) agregaron que había que esperar hasta obtener más información de los sumarios que la comisión de Acusación instruye por el mismo tema contra el juez federal número uno, Jorge Parache, y contra el magistrado federal de Santa Fe, Reynaldo Rodríguez.
En minoría, cuatro consejeros, encabezados por Beinusz Szmukler (representa a los abogados) y por Storani, esgrimieron que cada caso es diferente, que no estaban juzgando globalmente cómo los jueces federales de todo el país habían librado medidas cautelares a favor de tenedores de títulos supuestamente afectados por el default y -en forma más contundente- que la comisión de Acusación ya había emitido su dictamen, a favor de que Terán fuera sometido a un proceso de destitución. Añadieron que, en consecuencia, no tenía sentido y no entendían qué significaba que el expediente debía volver a la comisión de Acusación del CM.
El senador Nicolás Fernández (PJ), que instruye el sumario contra Parache, intentó mediar. Argumentó que no podían esperar hasta la conclusión de la investigación penal, como sugería Kiper, ni tampoco tratar en conjunto todos los casos vinculados a supuestas irregularidades en la tramitación del pago de títulos públicos. No obstante, remarcó que las actuaciones relacionadas con Parache servirían para saber si hubo algún tipo de conexión (con lo sucedido con Terán). Entonces, anunció que el martes propondrá a la comisión de Acusación que cite a Parache, para que efectúe su descargo, tal como lo hizo Terán el 23 de marzo.
Conti acotó que, para que el pleno del CM pudiera formarse una idea acabada sobre una situación de gravedad, con eventuales consecuencias -a modo de precedente- en futuros casos similares, debían contar con mayor información. Esto incluye la que pudieran brindar las Cámaras Federales de Apelaciones (de Tucumán y de Santa Fe) respecto de cómo resolvieron esos expedientes judiciales polémicos.
Como el entendimiento entre los dos bloques parecía imposible, intercedió Juan Carlos Gemignani (representa a los académicos), que sintetizó las posturas e invitó a sus pares a votar. Escasas cuatro adhesiones consiguió la moción de Szmukler, de que durante la próxima sesión del pleno, el 11 de mayo, se decida si correspondía someter a Terán a un proceso de remoción. La mayoría devolvió el expediente a la comisión de Acusación y lo congeló, a la espera de que avance el sumario contra Parache.
El pleno del CM, que contaba con 16 miembros (son 20 en total) cuando llegó el turno de tratar el caso de Terán, devolvió el expediente a la comisión de Acusación (CM), que encabeza el diputado nacional Federico Storani (UCR) y que el 12 del corriente había propuesto que el magistrado fuera sometido a un proceso de remoción. A Terán le siguen un sumario por presuntas irregularidades durante la tramitación de causas en la que particulares reclamaban al Estado por títulos públicos, supuestamente afectados por la pesificación que significó la declaración, de diciembre de 2001, de que la Argentina había entrado en cesación de pagos (default).
Doce consejeros (ver "Cómo votaron") se volcaron por la alternativa sugerida por Claudio Kiper, la primera voz que se levantó en defensa de Terán, por considerar que no se podía avanzar sobre el juez habiendo una causa penal inconclusa (la lleva el fiscal federal número dos de Tucumán, Carlos Brito). El senador Ricardo Gómez Diez (Movimiento Renovador Salteño) y la diputada Diana Conti (PJ) agregaron que había que esperar hasta obtener más información de los sumarios que la comisión de Acusación instruye por el mismo tema contra el juez federal número uno, Jorge Parache, y contra el magistrado federal de Santa Fe, Reynaldo Rodríguez.
En minoría, cuatro consejeros, encabezados por Beinusz Szmukler (representa a los abogados) y por Storani, esgrimieron que cada caso es diferente, que no estaban juzgando globalmente cómo los jueces federales de todo el país habían librado medidas cautelares a favor de tenedores de títulos supuestamente afectados por el default y -en forma más contundente- que la comisión de Acusación ya había emitido su dictamen, a favor de que Terán fuera sometido a un proceso de destitución. Añadieron que, en consecuencia, no tenía sentido y no entendían qué significaba que el expediente debía volver a la comisión de Acusación del CM.
El senador Nicolás Fernández (PJ), que instruye el sumario contra Parache, intentó mediar. Argumentó que no podían esperar hasta la conclusión de la investigación penal, como sugería Kiper, ni tampoco tratar en conjunto todos los casos vinculados a supuestas irregularidades en la tramitación del pago de títulos públicos. No obstante, remarcó que las actuaciones relacionadas con Parache servirían para saber si hubo algún tipo de conexión (con lo sucedido con Terán). Entonces, anunció que el martes propondrá a la comisión de Acusación que cite a Parache, para que efectúe su descargo, tal como lo hizo Terán el 23 de marzo.
Conti acotó que, para que el pleno del CM pudiera formarse una idea acabada sobre una situación de gravedad, con eventuales consecuencias -a modo de precedente- en futuros casos similares, debían contar con mayor información. Esto incluye la que pudieran brindar las Cámaras Federales de Apelaciones (de Tucumán y de Santa Fe) respecto de cómo resolvieron esos expedientes judiciales polémicos.
Como el entendimiento entre los dos bloques parecía imposible, intercedió Juan Carlos Gemignani (representa a los académicos), que sintetizó las posturas e invitó a sus pares a votar. Escasas cuatro adhesiones consiguió la moción de Szmukler, de que durante la próxima sesión del pleno, el 11 de mayo, se decida si correspondía someter a Terán a un proceso de remoción. La mayoría devolvió el expediente a la comisión de Acusación y lo congeló, a la espera de que avance el sumario contra Parache.







