La democracia se sostiene sobre un principio fundamental: que cada ciudadano pueda elegir libremente a sus representantes. Pero esa libertad no se agota en introducir una boleta en la urna. Para que una elección sea verdaderamente libre, también debemos poder formar nuestra opinión sin ser deliberadamente engañados.
La irrupción de la inteligencia artificial plantea un desafío inédito: hoy es posible fabricar imágenes, audios y videos prácticamente indistinguibles de la realidad, atribuyendo a una persona palabras que nunca pronunció o decisiones que jamás tomó.
Ya no hablamos solamente de información falsa. Hablamos de fabricar una realidad que nunca existió.
En mayo de 2025, durante la campaña electoral de la Ciudad de Buenos Aires, circuló un video manipulado mediante inteligencia artificial en el que Mauricio Macri aparentemente anunciaba que su candidata, Silvia Lospennato, se bajaba de la elección y apoyaba a Manuel Adorni.
Imaginemos a un ciudadano que recibe ese video pocas horas antes de votar, cree que una candidatura fue retirada y modifica su decisión.
¿Podemos afirmar que eligió libremente si su voluntad se formó sobre la base de un engaño deliberado?
Esta pregunta está en el centro del proyecto de ley que presenté en la Legislatura de Tucumán para prevenir y sancionar la difusión intencional de contenidos falsos o manipulados durante las campañas electorales provinciales.
Una de las discusiones que plantea la iniciativa es su relación con la libertad de expresión, pilar esencial de cualquier democracia que merece la máxima protección, especialmente en el debate político.
Por eso es fundamental aclarar qué conductas quedan expresamente exceptuadas de sanción.
El proyecto excluye los contenidos paródicos, artísticos y de sátira política que no busquen engañar al electorado; las ediciones estéticas o mínimas que no alteren sustancialmente los hechos; y los contenidos manipulados que incorporen una etiqueta o marca de agua visible y persistente que advierta sobre su falta de autenticidad.
Estas excepciones son esenciales: la propuesta no busca limitar la crítica, el humor, la creatividad ni la libertad de expresión. Busca impedir que una falsificación deliberada se presente como verdadera para manipular la voluntad electoral.
No es lo mismo criticar a un candidato que fabricar un video en el que anuncia algo que nunca dijo. No es lo mismo hacer una parodia que presentar una falsificación como una declaración auténtica.
La inteligencia artificial multiplica la velocidad y el alcance del engaño. Un video falso puede llegar a miles de personas en minutos y continuar circulando incluso después de ser desmentido. En una campaña electoral, una aclaración posterior puede llegar demasiado tarde.
Por eso, el proyecto contempla mecanismos para identificar contenidos denunciados como presuntamente falsos o manipulados y, según la gravedad del caso, requerir medidas de ocultamiento, desmonetización o remoción. También establece sanciones económicas, agravadas cuando se utilizan sistemas automatizados o campañas organizadas.
La inteligencia artificial ofrece oportunidades extraordinarias, pero también nos obliga a proteger derechos fundamentales frente a nuevas formas de manipulación.
La democracia necesita ciudadanos capaces de comparar propuestas, cuestionar dirigentes y decidir sin que la información haya sido deliberadamente falsificada. Y necesita una libertad de expresión amplia, que permita disentir, denunciar, ironizar y criticar.
Esta discusión trasciende a los partidos políticos, a los candidatos y a cualquier elección particular. Por eso, también exige de la dirigencia política la responsabilidad de abordarla con seriedad, superando la tentación de convertir un debate necesario en una disputa de coyuntura.
La libertad de expresión protege nuestro derecho a decir lo que pensamos. La libertad de elegir exige que nadie pueda manipular deliberadamente nuestra voluntad mediante una realidad fabricada.
La democracia necesita ambas.







