Reforma del sistema de discapacidad: qué preocupa a los prestadores de Tucumán, pese a la aprobación de la ley
Resumen para apurados
- Prestadores de Tucumán valoraron la sanción en el Senado de la ley de discapacidad, pero advirtieron que persiste un atraso arancelario del 30%.
- La medida llega tras dos años de crisis, cierres institucionales y marchas, logrando fijar actualizaciones por inflación aunque sin saldar la deuda histórica.
- El sector exige una pronta reglamentación y adecuar el Presupuesto 2027 para garantizar partidas suficientes y evitar nuevos recortes en la atención.
La aprobación de la reforma del sistema de discapacidad en el Senado de la Nación fue recibida con alivio por las instituciones prestadoras de Tucumán, que llevan dos años reclamando cambios en el financiamiento y las condiciones de funcionamiento del sector. La iniciativa obtuvo 71 votos afirmativos y establece un nuevo marco normativo para las pensiones no contributivas, la actualización de los recursos y el pago de las prestaciones. Sin embargo, para quienes trabajan diariamente con personas con discapacidad, todavía quedan cuestiones centrales por resolver.
"Para nosotros, la sanción de la ley ha sido realmente una ganancia, un triunfo muy grande después de dos años de lucha, de salir a la calle, de marchar y de pasar dos años muy complicados, con cierre de instituciones y de servicios", expresó a LA GACETA Josefina Bidegorry, referente de la Cámara de Instituciones Terapéuticas y Educativas de Tucumán (CITET).
La dirigente consideró que la nueva normativa incorpora la mayoría de los cambios que venían reclamando los prestadores y que puede brindarles cierta estabilidad, aunque puso una condición: "Siempre y cuando, por supuesto, esto se reglamente y se ejecute como tiene que ser".
En ese sentido, aclaró que la aprobación legislativa no significa que la emergencia del sector haya terminado. Por el contrario, sostuvo que todavía deben atenderse las consecuencias de las decisiones adoptadas durante los últimos dos años, que afectaron tanto a las instituciones como a las personas con discapacidad y sus familias.
El atraso del 30% en los aranceles, una deuda pendiente
Uno de los principales reclamos que siguen vigentes tiene que ver con los valores que reciben las instituciones por las prestaciones. Según explicó Bidegorry, existe un atraso histórico de aproximadamente el 30% en la regulación de los aranceles, una diferencia que no fue contemplada en la nueva ley.
Si bien destacó como una conquista que se haya mantenido la actualización de los valores de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), advirtió que ese mecanismo no alcanza para recuperar lo perdido.
"Este 30% ha quedado por fuera de la ley. Sí ha quedado vigente el aumento por IPC, que es una gran conquista para nosotros, pero este retraso ya ha quedado cristalizado. Para nosotros es un montón", señaló.
La referente de CITET explicó que sostener una institución terapéutica o educativa implica afrontar gastos elevados: desde el mantenimiento de los edificios y los servicios hasta el pago de profesionales especializados y el cumplimiento de las exigencias de los organismos de control.
"Tenemos profesionales especializados, edificios que tienen que tener un mantenimiento y estamos sujetos a un montón de auditorías y normativas que tenemos que cumplir. Todo eso es un sostén carísimo", dijo.
Las consecuencias de dos años de crisis en discapacidad
Más allá de las dificultades económicas de los prestadores, Bidegorry puso el foco en el impacto que la crisis tuvo sobre las personas con discapacidad. Advirtió que durante este período hubo quienes perdieron espacios de rehabilitación, educación, estimulación y acompañamiento.
"Todas las personas con discapacidad que han perdido su rehabilitación, su educación, su estimulación o su acompañamiento sufrieron daños en su bienestar y en su calidad de vida. Eso es algo irreparable", remarcó.
También destacó que uno de los aspectos positivos de estos años de reclamos fue haber instalado la problemática en la agenda pública y política. En ese camino, valoró el acompañamiento de los diputados y senadores tucumanos, con quienes pudieron mantener conversaciones para visibilizar la situación del sector.
"Lo más importante es que la discapacidad se ha puesto en agenda, que ha sido mirada desde otro lugar. Las personas con discapacidad tienen visibilidad, cuentan y tienen un valor en la sociedad", afirmó.
El Presupuesto 2027 y la reglamentación, los próximos desafíos
Tras la sanción en el Senado, las instituciones esperan ahora dos definiciones fundamentales: la reglamentación de la ley y la disponibilidad de los recursos necesarios para garantizar su cumplimiento.
En particular, Bidegorry manifestó su preocupación por el proyecto de Presupuesto nacional para 2027, que, según indicó, contempla nuevamente recortes en el área de discapacidad. Por eso, explicó que están realizando gestiones para que se modifique el capítulo 6 de la iniciativa y se adecue al financiamiento que establece la nueva normativa.
"Necesitamos que se modifique el presupuesto, que realmente los fondos para discapacidad estén a disposición y, además, que se reglamente e implemente esta nueva ley", sostuvo.













