El 11 de noviembre de 2025, un hombre se sorprendió porque su tío no fue a desayunar al bar de siempre, como lo hacía todos los días. Horas después, cuando fue al domicilio de su pariente para retirar el vehículo que estacionaba en el garaje ubicado en Santa Fe al 400, encontró a Fernando José Luis Gutiérrez (70 años) desvanecido y prácticamente sin signos vitales.
Un grupo de familiares lo trasladó a una clínica privada, donde falleció el 14 de diciembre después de haber sido internado. Otro se dedicó a revisar la casa del septuagenario. A simple vista, descubrieron que le faltaban joyas de oro, el celular y una suma no especificada de dólares. Por esa razón decidieron realizar la denuncia ante las autoridades.
Personal de Homicidios, al mando de los comisarios Susana Monteros, Diego Bernachi y Miguel Carabajal, junto con un equipo de peritos del ECIF, y bajo la supervisión del fiscal Carlos Sale, constató que la casa estaba desordenada y encontró evidencias de que Gutiérrez había estado acompañado por otra persona.
Luego de analizar las imágenes de las cámaras de seguridad, los investigadores lograron establecer que la víctima había hecho ingresar a su casa a una mujer. Un tiempo después, la sospechosa salió del lugar. Posteriormente, mediante una pericia telefónica, lograron identificar a otro sospechoso. Ambos fueron detenidos.
El auxiliar Alejandro Alejandro Andole, siguiendo las instrucciones del fiscal Sale, acusó a Adriana Elizabeth Páez (52) de haberle suministrado a Gutiérrez un vaso de gaseosa mezclada con clonazepam (Clonagin), aprovechando que se trataba de un adulto mayor que vivía solo. Según la hipótesis de la Fiscalía, lo habría hecho con el propósito de disminuir su capacidad de reacción y resistencia. A continuación, se habría apoderado de un teléfono celular ZTE Blade A34, un anillo de oro, dinero en efectivo y dólares cuyo monto todavía debe determinarse.
El representante del Ministerio Público sostuvo que Leonardo Sánchez (35) recibió de Páez el teléfono celular, sabiendo que provenía de un hecho ilícito. Ese mismo día colocó un chip de su propiedad y utilizó el aparato. Posteriormente, el 10 de enero de 2026, lo vendió a un tercero, contribuyendo de ese modo a asegurar el provecho económico derivado del delito por lo que terminó siendo acusado de encubrimiento con fines de lucro. Ambos fueron imputados y se les dictó la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario.
Nuevo estudio
En una nueva audiencia, Andole sostuvo que una de las principales medidas pendientes es la realización de una junta médica que permita establecer qué consecuencias pudo haber tenido en la salud de la víctima la sustancia que habría ingerido y si su consumo tuvo incidencia en el fallecimiento.
“La junta médica se realiza con el fin de conocer las consecuencias médicas de la sustancia que tenía la víctima en el cuerpo y si eso podría haber sido el desencadenante de la situación que generó el óbito. Es decir, si es que podemos acreditar que con la provisión del medicamento podría responder la imputada por el delito de homicidio en ocasión de robo”, sostuvo el representante del MPF.
El resultado de esa evaluación será clave para determinar si corresponde agravar la situación procesal de Páez y modificar la calificación legal que se le atribuye actualmente, ya que, por el momento, sólo está acusada de robo.
Al fundamentar el pedido de prórroga de las medidas cautelares, Andole sostuvo que continúan vigentes los riesgos procesales, principalmente el peligro de entorpecimiento de la investigación en caso de que los acusados recuperen la libertad. Finalmente, la jueza interviniente hizo lugar al requerimiento y dispuso que ambos imputados continúen cumpliendo arresto domiciliario hasta el 21 de diciembre.
