El Ministerio Público Fiscal solicitó una pena de 30 años de prisión para Eduardo Ariel Aráoz, señalado como el presunto jefe de una organización criminal que habría cometido diez estafas por más de $170 millones en el sur tucumano. La investigación permitió reconstruir una estructura que utilizaba empresas ficticias y cheques sin fondos para concretar operaciones millonarias.
El caso está siendo investigado por la Fiscalía de Investigación de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad del Centro Judicial Concepción, a cargo de Gerardo Nicolás Salas. Según la teoría del MPF, la organización operó entre septiembre de 2023 y febrero de 2025 mediante sociedades pantalla constituidas en otras provincias. Entre ellas figuran The Cyprus Agency S.A.S., La Bajadita Agroganadera S.A.S., Otters Equipamientos S.A.S. y Robert Vesco & Co S.A.S., que eran utilizadas para emitir miles de cheques físicos y electrónicos sin fondos.
El modus operandi consistía en generar una aparente solvencia comercial para adquirir productos de alto valor, como insumos agrícolas, neumáticos, materiales de construcción, casillas rodantes y equipos de aire acondicionado. Para concretar las operaciones, los integrantes de la banda utilizaban identidades falsas o suplantaban a clientes reconocidos. Una vez cerrados los acuerdos, enviaban fletes para retirar rápidamente la mercadería y trasladarla a galpones o domicilios particulares. Desde allí, los productos eran introducidos en el mercado informal.
La investigación, que contó con la participación del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) y unidades policiales, permitió rastrear direcciones IP, perfiles falsos en redes sociales y movimientos de chips telefónicos. Además, dos integrantes de la organización declararon como imputados arrepentidos y señalaron a Aráoz como el ideólogo y conductor de las maniobras.
El acusado está imputado por asociación ilícita en carácter de jefe u organizador, en concurso real con estafa en diez oportunidades. El MPF adelantó una pretensión punitiva de 30 años de prisión y solicitó el decomiso de todos los bienes, vehículos y elementos secuestrados durante el proceso. La Fiscalía también planteó que lo recuperado sea destinado a proyectos con fines sociales y comunitarios.
Antecedentes de estafas
La investigación recuerda a otros dos casos de estafas de gran magnitud que terminaron con condenas judiciales. Uno es el de Generación Zoe, el conglomerado liderado por Leonardo Cositorto que captaba dinero mediante supuestas inversiones y promesas de elevados rendimientos. En 2025, Cositorto fue condenado a 11 años de prisión en Salta por 118 hechos de estafa, con un perjuicio económico actualizado de más de $776 millones.
El otro antecedente es Adhemar Capital, la empresa de Edgar Adhemar Bacchiani que recibía dinero de inversores con la promesa de obtener ganancias mediante operaciones con criptomonedas. La firma se expandió a distintas provincias, entre ellas Tucumán. En abril de 2025, Bacchiani recibió una condena de nueve años de prisión efectiva en Córdoba por estafas reiteradas.
