Resumen para apurados
- Santiago Maratea anunció que irá a la Justicia por una demanda que exige rendir cuentas sobre una colecta de $18,5 millones para un refugio de animales en Adrogué.
- La demanda fue impulsada por la cesión de una donante de $50. Maratea exhibió obras finalizadas del refugio y afirmó que solo debe rendir en proporción al aporte recibido.
- El litigio sienta un precedente clave sobre la fiscalización legal y la representatividad de donantes en campañas masivas de microfinanciamiento en plataformas digitales.
Santiago Maratea anunció que se presentará de manera espontánea ante los Tribunales para responder a un reclamo judicial que exige la rendición de cuentas sobre una colecta de $18.500.000 destinada a la construcción de un refugio de perros en Adrogué. El influencer aclaró que todavía no recibió la notificación formal del juzgado debido a que el magistrado interviniente aún no dispuso el traslado de la demanda, de la cual tomó conocimiento a través de los medios de comunicación.
La controversia trasciende el cruce mediático con la "China" Ansa e instala un debate jurídico en el país: cuáles son los límites legales de la representatividad de los donantes y cómo deben fiscalizarse los fondos masivos reunidos por figuras públicas en plataformas digitales.
La causa judicial fue impulsada por la influencer Natalí Rodríguez, quien accionó contra Maratea a partir de la cesión de derechos concedida mediante poder notarial por Sara Rocío Frías, una donante individual que aportó $50 a la iniciativa.
Ante la exigencia de transparentar la totalidad del dinero recaudado, Maratea articuló un argumento central en su defensa: sostiene que, en términos normativos, solo le corresponde rendir cuentas a esa aportante en forma proporcional a los $50 aportados.
De acuerdo con su postura, para exigir una auditoría contable sobre el total de los $18,5 millones, la demandante debería reunir el apoderamiento formal de la totalidad de los miles de donantes que participaron de la campaña.
"Yo no me escondo de nada, me presento donde quieran", remarcó el organizador de las colectas para cruzar los rumores sobre una presunta rebeldía procesal o inasistencia a citaciones judiciales. En ese contexto, desmintió enérgicamente haber faltado a instancias previas de mediación por daños y perjuicios, y sostuvo que fue él mismo quien promovió acciones legales contra Rodríguez y contra la periodista Fernanda Iglesias por declaraciones difamatorias vinculadas al destino de los fondos colectados.
Las pruebas de la obra encabezada por Maratea y el cruce por la fiscalización comunitaria
En forma paralela al frente tribunalicio, Maratea buscó desarticular las sospechas de presunto fraude mediante la exhibición de respaldos visuales y técnicos sobre el destino del dinero recaudado. Según detalló a través de sus canales oficiales, los $18.500.000 se volcaron integralmente en la edificación del refugio de animales en la localidad bonaerense de Adrogué.
Como evidencia del avance físico de la obra, presentó registros fotográficos del predio finalizado, el cual cuenta con una infraestructura compuesta por una casa de tres habitaciones, cocina, baño, instalación de gas, red de agua, tendido eléctrico y sistemas de paneles solares.
El conflicto expone la complejidad de encuadrar jurídicamente las campañas de microfinanciamiento colectivo que no operan bajo la estructura tradicional de una fundación o una ONG institucionalizada. Mientras sectores críticos y querellantes sostienen que la administración de recursos en redes sociales exige un estándar absoluto de rendición de cuentas sin importar el monto individual aportado, el entorno del influencer remarca que el cumplimiento del objeto solidario (en este caso, la construcción del edificio) está materializado y verificado sobre el terreno.
Post Instagram
En su descargo, el influencer concluyó que la disputa no solo compromete su reputación personal, sino también el valor colectivo del trabajo solidario autogestionado. "Voy a defender ese legado y a la gente que confió", afirmó al sostener que miles de ciudadanos lograron resultados concretos a través del aporte comunitario y que responderá judicialmente a cada requerimiento tan pronto el juzgado habilite el trámite formal del expediente.
