Resumen para apurados
- El Gobierno de Milei acudió al Tribunal del Mar para exigir el cese del plan petrolero Sea Lion en Malvinas tras vencer un plazo a Londres, defendiendo su soberanía.
- La presentación es parte del arbitraje bajo la Convemar ante las concesiones otorgadas por Londres a las petroleras Navitas y Rockhopper sin el aval de la Argentina.
- El tribunal evaluará aplicar medidas urgentes sobre el área, mientras las petroleras proyectan iniciar las perforaciones en 2027 y extraer crudo comercial en 2028.
El presidente,Javier Milei, recurrió al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para solicitar medidas provisionales que permitan frenar la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte, donde se desarrolla el proyecto petrolero Sea Lion. La decisión se conoció después de que venciera el plazo de dos semanas que la Argentina había concedido al Reino Unido para que detuviera las actividades relacionadas con la iniciativa.
La Oficina del Presidente confirmó la presentación mediante un comunicado oficial. La estrategia jurídica busca preservar los derechos soberanos que la Argentina reclama sobre su plataforma continental y evitar que el avance de las operaciones petroleras profundice la controversia con Londres por las islas Malvinas.
El planteo fue presentado ante el tribunal, con sede en Hamburgo, como parte de una estrategia destinada a obtener una respuesta urgente mientras avanza el procedimiento arbitral sobre el conflicto. Sin embargo, la solicitud no implica una suspensión automática del proyecto: los jueces deberán evaluar los argumentos argentinos y determinar si corresponde ordenar restricciones provisionales.
Según el comunicado oficial, el objetivo es “preservar los derechos soberanos argentinos sobre su plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas de manera unilateral e ilegal por el Reino Unido agraven la controversia reconocida por las Naciones Unidas”.
La estrategia jurídica de Milei por la explotación petrolera en Malvinas
La presentación forma parte de la estrategia anunciada por Milei el 28 de septiembre, cuando instruyó a la Cancillería y a los equipos legales del Estado a iniciar un procedimiento de arbitraje bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar).
La gestión está a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, conducido por Pablo Quirno, con la intervención de la Consejería Legal Internacional y la Procuración del Tesoro de la Nación.
El pedido de medidas provisionales constituye una instancia diferenciada del arbitraje principal. Su finalidad es obtener una intervención más rápida para preservar los derechos invocados por la Argentina y evitar que las actividades cuestionadas avancen antes de que se resuelva la disputa de fondo.
El Gobierno sostiene que la explotación de los recursos hidrocarburíferos sin su consentimiento vulnera sus derechos sobre la plataforma continental y contradice las resoluciones de las Naciones Unidas que instan a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras continúe la controversia por la soberanía de las islas.
Qué es Sea Lion y cuándo comenzaría a producir petróleo
El proyecto Sea Lion es impulsado por la israelí Navitas Petroleum, que posee una participación del 65%, y la británica Rockhopper Exploration, titular del 35% restante. El yacimiento está ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las islas Malvinas y constituye uno de los principales proyectos de desarrollo petrolero en esa zona del Atlántico Sur.
De acuerdo con los planes de las compañías, las perforaciones de desarrollo comenzarían en 2027, mientras que el inicio de la producción comercial está previsto para el primer trimestre de 2028.
La iniciativa genera objeciones del Gobierno argentino, que considera ilegítimas las actividades de exploración y explotación autorizadas por las autoridades británicas en un área marítima cuya soberanía y jurisdicción reclama el país.
Qué puede resolver el Tribunal del Mar
Los jueces deberán analizar si se cumplen los requisitos establecidos por la Convemar para ordenar medidas provisionales, entre ellos la urgencia de la situación y la necesidad de preservar los derechos de las partes mientras se tramita el procedimiento correspondiente.
El planteo argentino no apunta a que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar resuelva directamente la disputa por la soberanía territorial de las islas, sino a que examine la posibilidad de adoptar medidas vinculadas con las obligaciones marítimas que la Argentina considera vulneradas.
