La Fiscalía busca determinar si Adorni controló las cuentas de Bitcoin con las que justificó casi U$S 600.000
El fiscal Gerardo Pollicita verificó que existen las ocho direcciones de Bitcoin presentadas por la defensa y que los abogados del exjefe de Gabinete tienen actualmente las claves de acceso. Ahora pidió a la Policía Federal que determine quién las controló entre 2014 y 2018.
Resumen para apurados
- La fiscalía federal ordenó a la Policía peritar si Manuel Adorni controló ocho cuentas de Bitcoin entre 2014 y 2018 para justificar casi U$S 600.000 en su causa patrimonial.
- La defensa acreditó tener las claves actuales, pero la Justicia investiga si las cuentas fueron operadas por Adorni desde el inicio o adquiridas con transacciones ya registradas.
- El peritaje de cibercrimen definirá la validez del descargo de Adorni y sentará precedentes judiciales sobre la trazabilidad de criptomonedas en causas patrimoniales.
La Fiscalía que investiga el patrimonio de Manuel Adorni solicitó nuevas medidas de prueba para establecer si las operaciones con Bitcoin con las que el exjefe de Gabinete justificó U$S 591.544 en efectivo fueron efectivamente realizadas por él.
El fiscal federal Gerardo Pollicita le pidió al Departamento Técnico Cibercrimen de la Policía Federal Argentina (PFA) un informe con 29 preguntas sobre quién controló las ocho direcciones de Bitcoin entre octubre de 2014 y septiembre de 2018, según informaron fuentes judiciales a TN.
El pedido se produjo un día después de una primera verificación realizada en la sede de la Fiscalía Federal N° 11. Allí se comprobó que las ocho direcciones de Bitcoin aportadas por la defensa existen y que sus movimientos coinciden con los que había informado Adorni. También se certificó que sus abogados cuentan actualmente con las claves de acceso.
Cada dirección de Bitcoin funciona como una cuenta y puede ser operada por quien posee la clave privada. Tener hoy esa clave permite demostrar el acceso a la cuenta, pero no necesariamente acredita que esa misma persona la haya tenido desde el comienzo. Las claves pueden transferirse y alguien puede adquirir una cuenta que ya tenga operaciones registradas. Precisamente, las nuevas medidas buscan determinar si eso pudo haber ocurrido en este caso.
Entre las preguntas dirigidas a los especialistas, Pollicita consultó si existe alguna herramienta técnica que permita establecer desde cuándo una persona posee las claves o comprobar si quien las tiene actualmente es la misma persona que controló las direcciones entre 2014 y 2018.
También pidió determinar si las firmas digitales realizadas durante la verificación acreditan un control exclusivo o compartido de las claves y si es posible producir una firma válida sin contar con ellas.
Durante la verificación realizada en la fiscalía, los abogados de Adorni firmaron en cada una de las ocho direcciones un “mensaje de desafío” generado por la propia fiscalía. El procedimiento permite demostrar que una persona posee la clave de una cuenta sin revelarla.
Los defensores utilizaron las claves privadas que Adorni había entregado previamente ante un escribano, dentro de un sobre cerrado. Técnicos del Departamento Investigaciones Antimafia de la PFA confirmaron que todas las firmas eran válidas. El procedimiento quedó filmado y asentado en un acta. Luego, las claves fueron nuevamente guardadas en un sobre lacrado, sin que nadie pudiera verlas.
Cómo justificó Adorni el dinero
En agosto, al responder el requerimiento de justificación patrimonial realizado por la fiscalía, Adorni sostuvo que obtuvo U$S 591.544 mediante operaciones con Bitcoin.
De acuerdo con su presentación, realizó una primera inversión en 2014 y otra cercana a U$S 200.000 en 2017. Según explicó, compró las criptomonedas en encuentros presenciales con vendedores y luego las vendió en efectivo, por fuera de plataformas reguladas. También afirmó que conservó el dinero en su domicilio hasta diciembre de 2023.
En paralelo, a principios de esta semana, Pollicita había solicitado reconstruir los ingresos de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, desde que ambos fueron mayores de edad. También pidió levantar el secreto fiscal y relevar las compras de moneda extranjera realizadas entre 2011 y 2015, entre otras medidas.
La causa tramita ante el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo.
Las 29 preguntas sobre las operaciones con Bitcoin
Uno de los puntos del nuevo pedido de la fiscalía resume el estado actual de la investigación. Allí se señala que las ocho direcciones quedaron sin saldo entre el 26 de marzo de 2017 y el 11 de septiembre de 2018. También se indica que los movimientos registrados coinciden con los informados por la defensa y que la verificación criptográfica realizada tuvo resultado positivo.
A partir de esos elementos, los investigadores preguntaron a los técnicos si es “técnicamente compatible” que Adorni haya controlado las direcciones durante el período en que estuvieron operativas. También solicitaron determinar si existe alguna medida que permita afirmar con certeza que durante ese lapso las manejó otra persona.
El informe deberá analizar además los 41 movimientos registrados en las ocho direcciones. La fiscalía quiere saber si esas operaciones pudieron ser realizadas por una sola persona, si necesariamente intervino un tercero y si la información pública de Bitcoin, conocida como blockchain, contiene algún dato que permita identificar a quien controlaba las cuentas en ese momento.
En particular, se pidió determinar si existe alguna manera de identificar quién depositó fondos en 2014 en cinco de las ocho direcciones. De acuerdo con el requerimiento, esas operaciones no presentan conexiones con plataformas de intercambio.
El cuestionario también aborda la generación y el almacenamiento de las claves privadas. Los investigadores buscan establecer, además, si todavía es posible rastrear las conexiones a internet desde las cuales se realizaron las operaciones.
Otro eje está relacionado con las plataformas de intercambio de criptomonedas. La fiscalía consultó sobre el grado de confiabilidad de las herramientas comerciales que permiten vincular direcciones de Bitcoin con determinadas plataformas y si los resultados que producen pueden ser auditados por terceros.
Por último, Pollicita pidió precisiones sobre el marco legal vigente durante el período investigado. Entre otras cuestiones, preguntó qué normas regían en Argentina las operaciones con monedas virtuales entre 2014 y 2018, qué alcance tenía la Resolución 300/2014 de la Unidad de Información Financiera (UIF), desde cuándo existe el registro de proveedores de servicios de activos virtuales de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y cuándo el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) incorporó estándares específicos para este tipo de proveedores.
