El Gobierno nacional evaluará las propuestas de productores agropecuarios y de la industria semillera antes de redactar una reforma de la Ley de Semillas, luego de la reunión que funcionarios de la Secretaría de Agricultura mantuvieron con representantes de las entidades rurales y del sector privado. El encuentro, realizado en Buenos Aires, permitió avanzar sobre algunos criterios para determinar qué productores podrán conservar semilla para volver a sembrar sin pagar nuevamente por la tecnología y cuáles deberían abonar una regalía, aunque todavía persisten diferencias sobre el límite que separará a ambos grupos.
Según indicó el portal Agroempresario.com, la discusión se concentra en uno de los aspectos centrales de una eventual modificación del régimen vigente: cómo compatibilizar el derecho de uso propio de los agricultores con el reconocimiento económico a las empresas y a los desarrolladores que invierten en la obtención de nuevas variedades y tecnologías.
De la reunión participaron, por la Secretaría de Agricultura, el titular del área, Sergio Iraeta; el subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal, Manuel Chiappe, y el presidente del Instituto Nacional de Semillas (Inase), Martín Famulari. Por el sector privado y productivo participaron representantes de las entidades que integran la mesa de enlace y de la industria semillera.
Tras recibir las distintas posiciones, el Gobierno quedó a cargo de analizar la información recopilada y elaborar una propuesta. El esquema de trabajo contempla, además, una nueva convocatoria a productores y obtentores antes de avanzar con el proyecto.
Uno de los criterios que ganó espacio durante las últimas reuniones es utilizar información del Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA) para establecer un eventual límite al uso propio. El sistema reúne información sobre la actividad agrícola -entre ella, la superficie sembrada y la producción- y permite clasificar a los productores según su escala mediante 10 deciles. La posibilidad de utilizar esa base de datos como referencia busca establecer un criterio objetivo para determinar quiénes podrían seguir utilizando semilla propia sin un nuevo pago y quiénes quedarían alcanzados por un reconocimiento económico a los desarrolladores.
El principio general cuenta con cierto grado de coincidencia entre las partes, pero la diferencia aparece al momento de definir dónde debería ubicarse el límite. Las entidades de productores plantean que los agricultores de menor escala deberían conservar el beneficio del uso propio gratuito y que el pago de una regalía debería comenzar a partir de determinados deciles. La industria, representada en las conversaciones por la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), analiza el esquema desde una lógica diferente y trabaja con una identificación que parte de los productores de menor tamaño para determinar cuáles podrían quedar exceptuados.
