Resumen para apurados
- El fiscal Carlos Stornelli amplió la acusación contra petroleras por explorar hidrocarburos sin aval argentino en áreas próximas a las Islas Malvinas.
- La causa surge por denuncia de Cancillería bajo la Ley 26.659, tras antecedentes de 2012 que inhabilitaron a firmas que operaban bajo licencias británicas ilegales.
- La medida eleva la tensión con Londres, que tildó de inaceptables las sanciones, mientras la Justicia argentina evalúa imputar posibles delitos ambientales y lavado.
El fiscal federal Carlos Stornelli amplió la acusación contra un grupo de empresas petroleras que realizan actividades de exploración de hidrocarburos en áreas próximas a las Islas Malvinas sin autorización de la Argentina. En el marco de la investigación, incorporó a tres sociedades vinculadas con Rockhopper Exploration y a una subsidiaria de Navitas Petroleum.
Las nuevas empresas incluidas en el expediente son Rockhopper Exploration PLC, Rockhopper Exploration (Oil) Limited, Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited y Navitas Petroleum Development and Production Limited. Se suman a Desire Petroleum Limited, que ya había sido imputada al inicio de la causa.
Además, Stornelli solicitó el envío de exhortos al Reino Unido y a Israel para obtener información sobre la composición societaria de las compañías e investigar eventuales vínculos comerciales con intereses británicos.
La causa se inició a partir de una denuncia presentada por el canciller Pablo Quirno contra las empresas involucradas, las sociedades vinculadas y las personas que eventualmente hubieran intervenido en las operaciones en su nombre o beneficio. El expediente tramita ante el Juzgado Federal N° 11, actualmente subrogado por Ariel Lijo.
La investigación apunta a las actividades hidrocarburíferas
Entre las medidas de prueba solicitadas, Stornelli busca determinar si las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos desarrolladas sin autorización argentina en la plataforma continental próxima a las Malvinas podrían configurar, además de los delitos previstos en la legislación específica, posibles infracciones ambientales, aduaneras y de lavado de activos.
Los antecedentes administrativos del caso se remontan a mayo de 2012. Ese año, la Secretaría de Energía dictó la Resolución 130, mediante la cual declaró ilegales las actividades atribuidas a Desire Petroleum en la plataforma continental argentina.
En 2013, a través de la Resolución 457, la compañía fue inhabilitada durante 20 años para desarrollar actividades en el país. La medida se fundamentó en que la empresa utilizaba una licencia otorgada por autoridades británicas.
La hipótesis de la fiscalía sostiene que, pese a esas resoluciones y a los posteriores cambios en la estructura societaria de las compañías, las actividades de exploración en la zona podrían haber continuado bajo esos permisos.
En su requerimiento, Stornelli señaló que las conductas denunciadas podrían constituir, “prima facie”, delitos previstos en la Ley 26.659, que establece sanciones para las actividades hidrocarburíferas no autorizadas por la Argentina en el mar territorial o la plataforma continental, incluidas las áreas próximas a las Islas Malvinas.
La norma contempla penas de prisión, multas e inhabilitaciones comerciales para quienes realicen actividades de exploración o explotación sin autorización argentina. Las sanciones pueden agravarse cuando se trata de extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos provenientes de yacimientos ubicados en esas áreas.
La legislación también establece que las responsabilidades penales pueden alcanzar a directores, gerentes, administradores, representantes o personas autorizadas que hayan intervenido en los hechos cuando estos se hubieran cometido en nombre, con ayuda o en beneficio de una persona jurídica.
Posibles delitos ambientales y lavado de activos
La fiscalía también dejó abierta la posibilidad de investigar otros delitos. Stornelli planteó que no puede descartarse “la eventual configuración de otros tipos penales”, entre ellos delitos contra el medio ambiente, infracciones aduaneras y un eventual lavado de activos provenientes de las actividades denunciadas.
Para avanzar en esa línea, el fiscal pidió información sobre la estructura societaria de las empresas y sus eventuales relaciones comerciales. Los exhortos dirigidos al Reino Unido e Israel apuntan a reconstruir la composición de las compañías y determinar quiénes se encuentran detrás de las sociedades involucradas en las operaciones.
La ampliación de la investigación se produce en paralelo con la ofensiva del Gobierno sobre las actividades hidrocarburíferas desarrolladas en las áreas próximas a las islas.
El presidente Javier Milei había anunciado el 3 de septiembre, durante una cadena nacional, que su Gobierno impulsaría medidas diplomáticas, económicas, judiciales y legales vinculadas con la cuestión Malvinas y las operaciones de exploración de hidrocarburos en esa zona.
En paralelo, el Reino Unido ratificó el viernes su política comercial respecto de las Islas Malvinas y calificó de “inaceptables” las sanciones promovidas por la Argentina contra las empresas involucradas.
