Resumen para apurados
- Gremios universitarios rechazaron en el Palacio Pizzurno una suba salarial del 6% del Gobierno por considerarla insuficiente y convocaron a una nueva marcha nacional.
- Los sindicatos exigen una recomposición del 32,5% y reclaman cumplir la Ley de Financiamiento, mientras el Presupuesto oficial prevé fondos 33% menores a los pedidos.
- La profundización del conflicto gremial y judicial amenaza el normal inicio de las clases y traslada la disputa por los fondos universitarios al debate en el Congreso.
Las negociaciones salariales entre el Gobierno y los sindicatos universitarios atraviesan un nuevo capítulo conflictivo. En una audiencia en el Palacio Pizzurno, el Ministerio de Capital Humano volvió a ofrecer un incremento del 3% para septiembre y otro 3% para octubre, propuesta que fue rechazada por unanimidad por los gremios docentes y no docentes.
Los sindicatos demandan una recomposición salarial del 32,5%, que consideran imprescindible para recuperar el poder adquisitivo perdido en los primeros años de la gestión nacional de Javier Milei, además de los aumentos previstos por el Ejecutivo. La oferta gubernamental no incluye esa recomposición, lo que profundiza el desencuentro.
Habrá una nueva reunión con los gremios no docentes, y luego se reunificarán para definir posibles medidas de fuerza, entre las que destaca la convocatoria a una quinta marcha nacional en defensa de las universidades públicas, la segunda solo en este año.
Los recursos para los salarios
El conflicto ocurre en el escenario de la discusión del Presupuesto 2027, en el que el Gobierno asignó 7,3 billones de pesos para las casas de estudios, una cifra un 33% menor a los 11 billones solicitados por los rectores para cubrir salarios, infraestructura, investigación, becas y hospitales. La mayoría de esos recursos, cerca del 90%, están destinados a remuneraciones.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) señala que el Ejecutivo aún no cumplió con los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario, una norma cuya vigencia está respaldada por medidas cautelares judiciales, lo que genera un choque institucional adicional.
Daniel Ricci, secretario general de la Federación de Docentes Universitarios (FEDUN), afirmó que “el Gobierno debe respetar la Ley de Financiamiento Universitario, que ya fue avalada por el Legislativo y el Judicial. Nunca antes se había visto que el Ejecutivo se negara a cumplir una norma ratificada por los otros poderes”.
Los fondos destinados a los hospitales
Por su parte, el oficialismo argumenta que la sentencia judicial no ha ordenado aún la aplicación total de la ley y sostiene que los aumentos previstos dejarán los salarios por encima de lo fijado en el fallo. Además, aseguran que el presupuesto incorpora un refuerzo de recursos humanos, con un ajuste previsto de la inflación al 18%. Los fondos destinados a los hospitales universitarios también tienen límites específicos.
El desacuerdo se centra en las remuneraciones, que absorben casi nueve de cada diez pesos del sistema universitario. El Gobierno insiste en que el funcionamiento de las universidades estará garantizado, aunque admite diferencias con los gremios en materia salarial.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, fue una de las pocas figuras políticas vinculadas al oficialismo que se pronunció para negar que la administración Milei implemente políticas insensibles hacia las universidades. Su intervención refleja la creciente visibilidad del conflicto en la agenda pública.
Las conversaciones federales
Los rectores presentaron su propuesta presupuestaria en el Congreso, donde esperan abrir un debate que incluye también la advertencia sobre posibles riesgos para el inicio del ciclo lectivo 2027. Este escenario ya comienza a analizarse en conversaciones federales, dada la influencia territorial de las universidades nacionales.
Cabe recordar que el juez Martín Cormick ordenó en diciembre pasado que el Ejecutivo garantice los aumentos previstos en la Ley 27.795, y rechazó recientemente un intento oficial de suspender la medida cautelar. La Corte Suprema también confirmó la vigencia del fallo en junio.
