Resumen para apurados
- El Ministerio de Defensa ordenó avanzar en la destitución de 10 militares por una millonaria trama de desvíos en el pago de sueldos de la Armada Argentina.
- Entre 2022 y 2026 se detectaron 645 acreditaciones ilegales a 23 personas, incluidos civiles, mediante la alteración de archivos bancarios oficiales antes de su envío.
- La Justicia Federal investiga penalmente la maniobra para sancionar a los culpables y recuperar los fondos, mientras la fuerza busca depurar su estructura interna.
El ministro de Defensa, Carlos Presti, ordenó al almirante Juan Carlos Romay, jefe de la Armada, avanzar con los Consejos de Disciplina para aplicar la máxima sanción a los responsables de la trama de corrupción detectada en el sistema de liquidación de sueldos. Hasta el momento, fueron apartados ocho capitanes de corbeta y un suboficial.
La conducción de la Armada Argentina separó de sus funciones a 10 militares involucrados en la investigación por irregularidades en el pago de haberes, a la vez que abrió un procedimiento disciplinario interno que podría culminar con la destitución de los responsables. La denuncia contempla un total de 23 beneficiarios, incluyendo 10 militares y trece civiles ajenos a la fuerza, y una suma histórica de casi 1.000 millones de pesos en acreditaciones indebidas, detectadas desde 2022.
Fuentes oficiales confirmaron que todo el personal militar implicado fue apartado de sus cargos desde el 16 de septiembre y sometido a un proceso disciplinario. A diferencia de rumores previos sobre nueve efectivos apartados, la cifra correcta es de diez, y la medida aún no implica destituciones automáticas, sino que se evalúa caso por caso con derecho a defensa jurídica.
El ministro Presti enfatizó la importancia de preservar el prestigio institucional, distanciando la conducta de los involucrados del conjunto de la Armada: “La Armada no son esos cuatro, cinco, veinte delincuentes”, afirmó. Además, ordenó a Romay que se avance con los Consejos de Disciplina para que los responsables puedan ser destituidos conforme a la gravedad del caso.
A la par, la Justicia Federal, a cargo del juez Sebastián Ramos, investiga penalmente 645 acreditaciones irregulares cuyo monto supera los 981 millones de pesos. Presti expresó su confianza en el proceso judicial. “Espero que los encuentren culpables, que devuelvan el dinero y que vayan presos”, dijo.
Investigación interna y modo de operación
La Armada inició la pesquisa tras detectar en febrero de 2026 cinco pagos incorrectos, que fueron devueltos. Posteriores revisiones detectaron un esquema sistemático entre 2022 y 2026, con pagos indebidos incluso a la esposa de uno de los jefes implicados, el capitán de navío Ariel Baltasar Atanasoff, relevante en las maniobras irregulares.
El modus operandi consistía en manipular los montos entre el cierre de la liquidación y el envío de archivos al Banco Nación, aprovechando los fondos bloqueados por bajas o errores, que debían reintegrarse al Tesoro. En vez de eso, esos recursos se desviaban para pagos no autorizados, algunos sin respaldo en las liquidaciones oficiales.
La investigación incluyó peritajes cruzados entre recibos de sueldo, archivos enviados al banco y movimientos bancarios reales, permitiendo identificar inequívocamente a los beneficiarios, tanto militares como civiles. Cuatro de estos últimos, sin vinculación laboral con la Armada, recibieron más del 44% del total irregular.
