De los 150 barrios llamados populares o vulnerados (que no cuentan con al menos dos de los servicios básicos como agua, luz o cloacas) censados en el Área Metropolitana de Tucumán (AMET), 71 se encuentran en la Capital, donde residen unas 25.000 familias, según el último informe del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).
De ellos, el asentamiento precario más céntrico de la ciudad es el que está peligrosamente ubicado en calle Marco Avellaneda, entre avenida Sarmiento e Italia, junto a las vías del Ferrocarril Belgrano.
El emplazamiento se encuentra a sólo seis cuadras de la histórica plaza Urquiza, corazón de barrio Norte, donde el Ministerio de Desarrollo Social había informado en 2023 que ya ascendían a 60 las casas, pero que en el último relevamiento del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), de 2025, se precisó que en esas dos cuadras vivían menos de 40 familias.
La usurpación de estos terrenos ferroviarios comenzó en 1965 con unas pocas casillas, pero su expansión no dejó de crecer con el paso de los años y hoy representan un gran riesgo para el tránsito, y para los propios vecinos, sobre todo los niños, ya que las casillas no poseen veredas y abarcan desde las vías hasta el cordón de la vereda.
Ahora se instalaron una decena de nuevas casillas, hacia el lado oeste, mucho más peligrosas porque están entre la vía y un muro.
Desde su inicio este asentamiento generó conflictos jurisdiccionales entre las sucesivas empresas ferroviarias (nacionales), el gobierno provincial y el municipio y por ese motivo, pese a varios intentos y planes que se anunciaron, nunca se alcanzó una solución para esas familias que viven en condiciones de extrema fragilidad.
El entorno del mercado
El “barrio popular” más céntrico de la ciudad representa un enorme desafío para la Municipalidad, ya que pone en jaque el futuro del recién reinaugurado Mercado de la Ciudad (ex Sarmiento), luego de 26 años de su clausura y ubicado a sólo 50 metros, en avenida Sarmiento 1.247.
“Las aguas servidas son permanentes y el asentamiento generó cierta inseguridad en la zona”, comentó Marina a LA GACETA, vecina de Sarmiento al 1.200, sobre la acera sur.
En esa cuadra hay tres propiedades con carteles de “en venta”. Y “seguramente habrá más”, pronosticó la vecina, ya que el sector ha perdido mucho valor.
Miguel Gómez, residente de la misma cuadra, afirmó que “(Rossana) Chahla sólo puso cámaras que apuntan al “country” (bromeó el vecino en referencia a las casillas) y también contó que hay policías todo el tiempo en esa esquina.
Del otro lado de la avenida, donde está el mercado, aún existe el enorme edificio que perteneció a una bodega y donde ahora funciona un anexo del Ministerio Público Fiscal. Facundo, un empleado de esa oficina, agregó que el Ministerio también le aporta una consigna policial a esa zona, las 24 horas, ya que el ingreso al lugar está a metros del asentamiento.
Sobre los autos de los empleados, Facundo dijo que deben buscar estacionamiento por los alrededores, porque la cochera del Ministerio es exclusiva para los vehículos oficiales.
El intenso tránsito y la escasez de lugares para estacionar es otro de los problemas que tendrá el mercado, que seguramente le aportará más tráfico a la zona, entre proveedores, comerciantes y clientes, y por ello se proyecta ensanchar el puente Sarmiento, para destrabar ese caótico cuello de botella en horas pico.
Reubicar no es erradicar
“La reubicación de las 30 y pico de familias asentadas junto a las vías es muy viable, no es imposible, sólo que se debe trabajar en coordinación con el municipio y conocer a fondo las necesidades de esa gente, porque van más allá de una casa; algunas de esas personas se levantan sin saber qué van a comer ese día”, opinó el arquitecto Hugo Cabral, titular del IPV. “Es importante aclarar que no es lo mismo reubicar que erradicar. La primera implica incluir una solución habitacional, mientras que la segunda es desentenderse del futuro de esas familias”, explicó Cabral.
“Sería una lástima no darle una solución a este problema, porque se opacaría todo el esfuerzo que hizo el municipio para reabrir el mercado”, agregó el arquitecto.
Por las noches, los comercios gastronómicos de la zona son invadidos por decenas de niños pidiendo comida o recogiendo las sobras de las mesas cuando se retiran los comensales. Cabral dijo que es consciente de este penoso hecho, además de la inseguridad que acarrea, y consideró que este limosneo se trasladaría al mercado durante el día.
Grave riesgo sanitario
“Este es un tema muy importante y prioritario para el municipio y para la intendenta y por eso se está hablando con el Instituto (IPV) para hacer un trabajo en conjunto” comentó Guadalupe Rearte, directora de Planificación Urbanística de la Capital.
La arquitecta reconoció que no es un tema sencillo de resolver porque no se trata sólo de vivienda, sino que debe contemplarse la situación socioambiental completa. Contó que el municipio ya relevó a 135 personas, de 28 viviendas. “Son casillas que no tienen piso ni agua y están colgadas de la luz. Representa un riesgo sanitario muy grave, una situación muy crítica, pero que hay que resolver cuanto antes porque es un espacio público que está muy deteriorado”, afirmó.
La funcionaria consideró que el nuevo mercado será un puntapié inicial para revalorizar la zona, donde además se rediseñará la plazoleta Mitre y su entorno y también se pretende ensanchar el puente Sarmiento (la intendenta le pidió públicamente al gobernador Osvaldo Jaldo que la ayude con esta obra). “Además, caminar por ese puente es muy inseguro, sobre todo de noche”, admitió Rearte, y agregó que se renovó toda la iluminación de la avenida, desde las vías hasta la plazoleta, pero que hacerlo en el puente no tiene sentido si se pretende ampliarlo en los próximos meses.
Un conflicto de 60 años: los intentos de desalojo no prosperaron
“El fin de un antiguo caserío”, titulaba LA GACETA el viernes 17 de noviembre de 1995, cuando informaba que se había levantado la “villa miseria” de Marco Avellaneda y avenida Sarmiento y que se había comenzado a demoler las casas precarias erigidas junto a la línea férrea del Belgrano.
La nota contaba que esos habitantes habían sido reubicados en el barrio 11 de Marzo. “De las 28 familias que vivían en extrema necesidad, sólo quedaron cuatro. Hugo César González, vendedor ambulante, y Federico Galván, desocupado, dijeron que la reubicación se realizó a través de la Fundación Esperanza (que presidía Evangelina Salazar, esposa de Ramón Ortega, gobernador hasta el 29 de octubre del 95). “En este lugar quedamos cuatro familias sin casas. Las otras dos son las de Cristina Páez y un anciano enfermo... Les dieron casas a 24 familias... No sabemos por qué nosotros nos quedamos sin un sitio’ ”.
Los anuncios e intentos de traslado del asentamiento fueron muchos desde que comenzó, en 1965. En 1976 se realizó el llamado “Operativo limpieza”, pero duró poco tiempo. En 1995 ocurrió el segundo desalojo parcial, con la demolición de la mayoría de las viviendas.
Luego los terrenos volvieron a ocuparse y hoy el asentamiento llega hasta calle Italia y además comenzaron a usurparse los del otro lado de la vía (al oeste), en el peligrosísimo espacio que existe entre las vías y la pared del edificio que ahora ocupa un anexo del Ministerio Público Fiscal.
