Hace pocos días el Gobierno Nacional concretó la privatización por 20 años de la ruta nacional 9, la cual atraviesa Tucumán de Sur a Norte, y de la A-016 que conecta hacia el Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo.
La cuestión debería preocuparnos seriamente. Veinte años significan dejar condicionada durante dos décadas la política vial de Tucumán y comprometer las decisiones de los próximos cinco gobiernos provinciales, hasta el año 2046, sobre dos corredores fundamentales para nuestra conectividad y desarrollo.
La concesión tiene como finalidad el mantenimiento y el bacheo de las rutas, pero no contempla su ampliación ni la ejecución de las grandes obras para transformarlas en autopistas y además los usuarios de las mismas deberán pagar peaje por solo el servicio de conservación. El mantenimiento es indispensable, el problema es que durante veinte años se priorice bachear y conservar lo existente, mientras se postergan inversiones mayores que Tucumán necesita para contar con verdaderos corredores de integración y desarrollo.
La ruta 9 necesita imperiosamente una ampliación que permita mejorar la circulación, reducir los costos de transporte y conectar eficientemente a la provincia con el resto del país, más aún existe una primera etapa de la misma hacia San Andrés de 2,8 kilómetros que conectaría hacia Las Termas de Río Hondo, la cual fue adjudicada hace ya cinco años y permanece neutralizada con una seria perspectiva de rescisión culposa por parte del Estado quien deberá resolver pagando por dicha rescisión.
En cuanto a la ruta que va hacia el aeropuerto, la misma cuenta con una traza ya expropiada, liberada y con un proyecto para transformarla en autopista, lo cual habrá que esperar dos décadas más para que se pueda concretar. Es decir que no estamos hablando solamente de proyectos futuros, sino que hay obras que tendrían que estar avanzando y sin embargo continúan esperando.
Y mientras el gobierno de Tucumán posterga estas transformaciones, otras provincias han entendido que la infraestructura vial es una herramienta estratégica de desarrollo. Santiago del Estero está completando la autovía de la ruta nacional 9 hacia Las Termas de Rio Hondo, y el gobierno de Catamarca acaba de inaugurar un puente de 350 metros de longitud, actualmente el más largo del noroeste argentino, destinado a integrar una extensa región del Oeste provincial y fortalecer su proyección hacia el Océano Pacifico a través del Paso de San Francisco. No se trata simplemente de construir rutas o puentes, se trata de construir oportunidades. Esas obras forman parte de una visión territorial y geopolítica que busca integrar regiones, reducir distancias y abrir nuevos corredores hacia los mercados internacionales.
Mientras otras provincias están construyendo las condiciones para insertarse en esos nuevos corredores comerciales, el gobierno de Tucumán continúa discutiendo el mantenimiento de sus caminos sin definir con claridad hacia dónde pretende llegar. La diferencia no es solamente de infraestructura sino una diferencia de visión de futuro. Lo que resulta verdaderamente insólito es la inacción y el silencio tanto del Gobierno como de la Legislatura provincial, de los colegios profesionales y de los empresarios, frente a una decisión que puede condicionar durante dos décadas la infraestructura estratégica de Tucumán.
Ese silencio contrasta decididamente con la intensa propaganda oficial destinada a mostrar pequeñas obras como grandes logros de gestión. Para las obras menores abundan las visitas, los anuncios y la exposición mediática, pero frente a una decisión que va a afectar 20 años nuestra conectividad, casi no se escuchan las voces oficiales.
Cabe preguntarse entonces ¿por qué tanta propaganda para mostrar lo pequeño y tanto silencio frente a lo verdaderamente importante y estratégico? La conectividad no es solamente una cuestión vial, significa competitividad, menores costos de transporte, atraer capitales a invertir, empleo, integración territorial y posibilidades de desarrollo. Una provincia que aspira a crecer no puede conformarse durante décadas con conservar sus caminos mientras posterga su transformación.
Esta hipoteca no la pagará un solo gobierno, sino las próximas generaciones de tucumanos, si no somos capaces de defender las obras que nuestra provincia necesita. Bachear el presente durante 20 años significa hipotecar el futuro de Tucumán.
