Extranjerización y recursos en juego: el mapa crítico que enfrenta Salta ante el debate de la Ley de Tierras en el Senado

El Senado nacional se prepara para tratar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada —que busca derogar o modificar la actual Ley de Tierras—, y las miradas convergen en la provincia de Salta. El territotrio conducido por Gustavo Sáenz no llega a esta discusión en una posición neutra: duplica el promedio del país en superficie rural bajo dominio de capitales foráneos y alberga los principales activos ambientales y productivos del Noroeste Argentino (NOA).

Los números surgen de datos elaborado por el Observatorio de Tierras del Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria (PRIHA-UBA). Mientras que el techo fijado por la Ley 26.737 es del 15%, la provincia de Salta registra un 11,3% general y cuenta con nueve departamentos que rebasaron holgadamente ese umbral.

El Artículo 8º de la Ley de Tierras Rurales (Ley 26.737) establece una restricción clave para la propiedad extranjera en Argentina: fija un techo máximo del 15% a la cantidad de hectáreas rurales que pueden pertenecer o estar bajo posesión de personas físicas o jurídicas de origen extranjero. Lo sustancial de esta disposición es que su aplicación no es solo una medida global a escala del país, sino que aplica de forma escalonada en cada jurisdicción (provincia, municipio o departamento). De este modo, impide que el capital extranjero supere ese límite del 15% tanto a nivel nacional como en el territorio particular de cada distrito, buscando evitar la concentración o extranjerización masiva de tierras en zonas específicas del mapa productivo.

El mapa del fenómeno muestra extremos como San Carlos (59,8%) y Molinos (57,8%), donde más de la mitad del territorio rural pasó a manos extranjeras. A esta lista de distritos colmados se suman los municipios de Guachipas (33,8%), General Güemes (28,8%), La Viña (28,2%), Cerrillos (24,6%), Orán (23,3%), Cafayate (23,1%) y Chicoana (16%), mientras que en el departamento Anta (14,3%) roza el límite permitido.

Valles Calchaquíes, agronegocio y el "efecto concesión"

En los Valles Calchaquíes —zona que abarca a San Carlos, Molinos, Cafayate, Guachipas y La Viña— la histórica convivencia entre desarrollos vitivinícolas de alta gama, turismo y emprendimientos inmobiliarios sumó en los últimos años la presión de nuevos proyectos mineros. En San Carlos, por caso, confluyen una de las mayores tasas de dominio extranjero del país, glaciares de escombros clave para la cuenca hídrica local, cuatro emprendimientos mineros y reclamos territoriales indígenas aún sin resolución definitiva.

Esta intrincada realidad genera incertidumbre en el ámbito político provincial frente al debate en el Congreso. Al respecto, el diputado provincial Patricio Peñalba expresó a LA GACETA sus dudas sobre el alcance de las reformas parlamentarias: "El tema va a ser complejo de analizar específicamente en el Valle Calchaquí. Tenemos los municipio de Molinos y San Carlos absolutamente excedidos, más del 50% pertenece a tierras extranjeras, y Cafayate tiene el 23%, por lo cual estaría arriba del 15% de esta ley votada en 2011. La verdad es que no sabemos cómo va a impactar. Hoy, si somos estrictos y aplicamos la ley, en Cafayate no se podría vender más tierras a extranjeros. No sabemos si se va a avanzar hacia un 25% por consenso o si se va a eliminar el tope, que es lo que proponía inicialmente el Ejecutivo."

Para Peñalba, la controversia oscila entre la necesidad de captar capitales y el resguardo de la soberanía territorial. "Hay bastante confusión; algunos dicen que vamos a perder soberanía y los que la defienden sostienen que necesitamos inversiones. A mí me preocupa este concepto: es verdad que necesitamos inversiones, pero que no se transformen en la transferencia de recursos estratégicos. No por tener inversiones terminemos regalando recursos y empeñando nuestro futuro", advirtió el legislador, remarcando que "el problema es definir qué se vende; podés tener más del 25% de una montaña que no sirve para nada, pero podés tener un 3% donde hay un recurso estratégico".

Sobre el impacto de los capitales internacionales en la dinámica local, Peñalba diferenció los proyectos productivos de la especulación sobre bienes comunes: "Lo de San Carlos me sorprende mucho, uno no espera que más de la mitad de un departamento tan grande pertenezca a manos extranjeras. En Cafayate, donde estamos en un cuarto de la superficie, ha habido desarrollos inmobiliarios y agrícolas en manos extranjeras que considero inversiones apropiadas: permitieron un crecimiento, levantaron la vara, generaron desarrollo vitivinícola y nuevos empleos. En ese sentido es positivo. Sí veo con más resguardo un departamento como San Carlos, donde hay recursos naturales importantes. Una cosa es que vengan a invertir y generen trabajo, y otra es tener acceso irrestricto a recursos que son de todos."

Entre incendios intencionales y sospechas inmobiliarias

La preocupación por el uso y control del suelo en los Valles Calchaquíes también se extiende a la preservación del medio ambiente. Ante episodios recientes como el incendio de más de 200 hectáreas de bosque nativo en Cafayate, Peñalba encendió las alarmas sobre las especulaciones de cambio de uso de suelo: "Cada vez que hay un incendio se especula porque ya lo hemos vivido. Son 200 hectáreas de bosques nativos que se quemaron, generando una pérdida de biodiversidad, erosión del suelo, inundaciones y modificaciones en el paisaje. Sospechamos y sabemos que fue intencional, pero una cosa es determinar eso y otra es saber si el objetivo final era el desarrollo inmobiliario."

Frente a la posibilidad de que el Poder Ejecutivo Nacional desregule la normativa que prohíbe quemar tierras para luego venderlas, la Cámara de Diputados de Salta busca frenar posibles maniobras especulativas: "La fiscalía avanzó bien con la medida de no innovar. Hoy la ley nacional impide el desarrollo inmobiliario por 60 años en bosques nativos incendiados, pero como esa ley también está en discusión a nivel nacional, nosotros presentamos un proyecto de ley provincial para que, tras un incendio intencional, se prohíba el cambio de uso de suelo para emprendimientos inmobiliarios por al menos 15 años", concluyó el diputado.

"Soberanía es hacer cumplir la ley"

En vísperas del debate por la modificación de la Ley de Tierras Rurales en el Congreso de la Nación, la senadora nacional, María Emilia Orozco, expresó ante LA GACETA una firme defensa del proyecto oficialista y desacreditó los cuestionamientos de la oposición sobre una presunta cesión de soberanía. La legisladora aseguró que, en esta gestión, el Gobierno demostró su compromiso con la Patria al liberar territorios como Rosario del narcotráfico, respaldar a las fuerzas de seguridad e impulsar la llegada de inversiones al campo.

Al analizar el marco legal vigente, la senadora calificó a la ley de 2011 como "un verdadero despropósito" y lo atribuyó a Máximo Kirchner, señalando que bajo un discurso proteccionista "lo único que hizo fue evitar la inversión y permitir que los amigos del poder hicieran negocios". En esa línea, recordó que Lázaro Báez pasó de tener un auto modesto en Río Gallegos a acumular 415.000 hectáreas en Santa Cruz, convirtiendo a esa provincia en la de mayor proporción de superficie en manos extranjeras del país.

Frente a las críticas ideológicas sobre el dominio extranjero, la salteña remarcó que desde 1852 hasta 2011 transcurrieron 160 años sin límites a la compra de campos por parte de foráneos y la cifra histórica nunca superó el 5,93%. "La soberanía nunca se mueve, se queda siempre en manos del Estado argentino. Un extranjero que compra una tierra en Argentina paga impuestos locales, responde ante jueces argentinos, no pone bandera ni tiene policía propia", enfatizó, remarcando que la única entrega real de territorio ocurrió con la cesión de 200 hectáreas por 50 años a un Estado extranjero para la base espacial china en Neuquén durante el gobierno kirchnerista, donde no rige la ley argentina y cuyo uso militar tuvo que ser restringido por decretos posteriores.

En el nuevo texto consensuado con sectores aliados, la senadora resaltó la fijación de un tope del 25% para la titularidad extranjera de tierras rurales, un valor alineado con los estándares del principal socio regional: "Pusimos un límite del 25% porque Brasil tiene ese mismo porcentaje y en los últimos 30 años creció cuatro veces más que nosotros en capacidad productiva agrícola. Además, amparados en los artículos 41 y 124 de la Constitución Nacional, devolvemos las facultades a las provincias, que son las verdaderas dueñas de los recursos naturales y a quienes la ley anterior les imponía techos de forma centralizada."

En relación con el manejo del suelo y las expropiaciones, la legisladora indicó que el Estado no podrá avanzar sobre propiedades privadas sin pagar previamente, evitando juicios que hoy demandan más de 15 años y generan deudas multimillonarias. Asimismo, celebró la inclusión de un mecanismo de regularización dominial —inspirado en la Ley Pierri— para quienes hayan ocupado pacíficamente una tierra durante 10 años, realizado mejoras y construido su hogar.

Sobre la problemática ambiental y los incendios forestales, la senadora aclaró que los bosques nativos no sufrirán modificaciones bajo este régimen: "Esta ley no perdona al que prende fuego para hacer un negocio inmobiliario; esa restricción se mantiene. Lo que hacemos es terminar con la doble condena al productor inocente, que sufría un incendio intencional o accidental y quedaba inhabilitado de usar su propio campo durante décadas. Al que cuida y trabaja la tierra lo vamos a defender."

Al concluir, la senadora puso el foco en la provincia de Salta y la necesidad de ejercer un control real de los límites nacionales. Sostuvo que defender la Patria consiste en hacer cumplir las leyes en el territorio y reivindicar a las Fuerzas Armadas. Como ejemplo de las irregularidades cometidas bajo el régimen saliente, denunció la usurpación de tierras fronterizas en suelo salteño por parte de ciudadanos bolivianos, quienes llegaron a desmontar 2.500 hectáreas para la siembra y contrabando de caña de azúcar sin que el Estado interviniera adecuadamente.