Informe de la AGN contra Economía: detectan falta de control en un crédito de U$S 200 millones

La Auditoría General de la Nación (AGN) cuestionó la gestión de Luis Caputo por "deficiencias" en la ejecución de un préstamo internacional destinado a subsidios energéticos.

RUMBO ECONÓMICO. Luis Caputo defendió la política de la administración libertaria.
RUMBO ECONÓMICO. Luis Caputo defendió la política de la administración libertaria.
Hace 6 Hs

Resumen para apurados

  • La AGN detectó en Argentina graves fallas de control del Ministerio de Economía en el uso de un crédito de U$S 200 millones del Banco Mundial para subsidios energéticos.
  • Los fondos se transfirieron sin manual operativo ni planes aprobados. Además, se detectó precariedad en el registro RASE y nula verificación del beneficio en las tarifas.
  • La AGN exigió reformas inmediatas en los controles de Economía para evitar que el 59% restante del millonario crédito del Banco Mundial se ejecute con la misma opacidad.
Resumen generado con IA

Un reciente informe de 38 páginas elaborado por el pleno de la Auditoría General de la Nación (AGN) puso bajo la lupa al Ministerio de Economía por el manejo de un crédito del Banco Mundial (BIRF). El documento expuso severas irregularidades en el "Proyecto de apoyo a la transición hacia un sector eléctrico sostenible" al señalar una preocupante falta de transparencia en la ejecución de los primeros 200 millones de dólares, de un total de 500 millones acordados para el programa.

Desembolsos sin manual operativo ni respaldo documental

El principal cuestionamiento de la AGN radica en la "desprolijidad" administrativa. Según el organismo, el Ministerio de Economía recibió y transfirió a la Tesorería General de la Nación U$S 200 millones el 11 de diciembre de 2024, sin contar con la documentación básica que exige el contrato de préstamo. 

Al momento de la auditoría, no se había aprobado el Manual Operativo del Programa (MOP) ni el Plan de Adquisiciones, piezas fundamentales para garantizar el uso correcto de los fondos internacionales.

La Auditoría fue tajante al señalar que no existen registros claros sobre los criterios utilizados para justificar este millonario desembolso. Aunque el Ministerio intentó delegar la responsabilidad en las empresas distribuidoras (Edenor y Edesur), al alegar que la información estaba en manos de privados, la AGN rechazó la explicación y exigió que cada solicitud de fondos cuente con el sustento documental correspondiente que avale su destino.

Fallas en el RASE y falta de coordinación técnica

El informe también revela una preocupante precariedad en la gestión del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE). La AGN detectó una "inexistente interacción" entre la Secretaría de Energía y el área de Tecnologías de la Información, lo que deriva en una falta de control sobre las bases de datos de los usuarios vulnerables.

Según el organismo, no existe un "ambiente de desarrollo" adecuado para las tareas informáticas vinculadas al RASE, lo que pone en riesgo la depuración de los registros para corregir errores de inclusión o exclusión de hogares. Esta falta de estructura técnica dificulta la meta original del programa: mejorar la focalización de los subsidios para que lleguen realmente a quienes los necesitan frente a shocks externos o aumentos tarifarios.

¿Llega el subsidio al consumidor?

Quizás el punto más crítico del informe es la advertencia sobre la ausencia total de mecanismos de verificación. La AGN enfatizó que la Secretaría de Energía no posee procedimientos para constatar si los fondos transferidos a las distribuidoras se aplican efectivamente como descuentos en las facturas de los clientes residenciales de menores recursos (identificados como usuarios N2).

Ante la consulta de los auditores sobre la inexistencia de normas, procedimientos o "cursogramas" que detallen los circuitos de pagos y registros contables, la respuesta del Palacio de Hacienda fue que el sistema se encuentra "en proceso de ajuste". S

in embargo, para la AGN, la gravedad de los hallazgos amerita una reforma inmediata en los controles internos para evitar que el 59% restante del crédito se ejecute bajo las mismas condiciones de opacidad.

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