Resumen para apurados
- El Gobierno argentino lanzó hoy una licitación internacional mediante el Decreto 590/2026 para explorar el área CAN_200 en la Cuenca Argentina Norte y captar inversiones.
- El proceso, gestionado por la Secretaría de Energía, surge por el interés de la firma Challenger Energy en 2025 y sigue el modelo del exitoso concurso offshore del año 2018.
- La inclusión de arbitraje internacional busca dar seguridad jurídica para atraer grandes operadoras, manteniendo a resguardo los activos soberanos y las reservas del BCRA.
A través del Decreto 590/2026, el Poder Ejecutivo oficializó hoy el llamado a concurso público internacional para la adjudicación del área CAN_200. El objetivo central es expandir la frontera hidrocarburífera en la Plataforma Continental Argentina y captar capitales extranjeros para proyectos de alto impacto en el Mar Argentino.
Una nueva apuesta por el potencial de la Cuenca Argentina Norte
La medida instruye a la Secretaría de Energía a iniciar el proceso licitatorio para el permiso de exploración en un bloque de aproximadamente 5.000 kilómetros cuadrados. Esta convocatoria surge a partir del interés formal manifestado por la firma británica "Challenger Energy Group PLC", que en febrero de 2025 solicitó formalmente el inicio de actividades en esta zona estratégica de la jurisdicción nacional.
El área CAN_200 se suma a los esfuerzos del Estado por determinar el potencial real de los yacimientos en aguas profundas. Según los fundamentos de la norma, la política hidrocarburífera busca maximizar la renta y elevar los niveles de producción, tomando como antecedente el éxito del Concurso Público Internacional Costa Afuera N° 1 de 2018, que reactivó la actividad exploratoria y generó nuevos puestos de trabajo calificados.
Facultades delegadas y el esquema de regalías
El decreto no solo autoriza el llamado a concurso, sino que delega en la Secretaría de Energía, bajo la órbita del Ministerio de Economía, la facultad de aprobar los pliegos de bases y condiciones. Además, la dependencia será la encargada de otorgar los permisos de exploración y, en caso de hallazgos comerciales, las eventuales concesiones de explotación.
Las empresas que resulten adjudicatarias y avancen hacia la fase de producción deberán abonar regalías al Estado nacional. El cálculo de estos cánones se ajustará a la normativa vigente y a las condiciones específicas que se establezcan en los pliegos del concurso, asegurando que la explotación de los recursos naturales se traduzca en ingresos fiscales sostenibles para el país.
Arbitraje internacional y protección de activos
Un punto clave de la normativa es la inclusión de cláusulas de prórroga de jurisdicción. El Gobierno habilitó la posibilidad de que eventuales controversias con las operadoras sean resueltas por tribunales arbitrales internacionales bajo la "Convención de Nueva York de 1958". Esta medida busca ofrecer un marco de seguridad jurídica que incentive la llegada de grandes operadoras globales, habituadas a este tipo de esquemas de resolución de conflictos.
Sin embargo, el decreto establece límites claros para proteger el patrimonio nacional. El Estado aclara que esta apertura al arbitraje no implica renunciar a la "inmunidad de ejecución" sobre activos sensibles.
Entre los bienes protegidos se destacan las reservas del Banco Central (BCRA), los bienes del dominio público, los activos destinados a servicios públicos esenciales y aquellos que integran el patrimonio cultural, militar o diplomático de la República Argentina.
