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Los índices de seguridad registrados en el primer semestre de este año dejarán mucho material para analizar y demasiado por hacer. Mientras bajan los índices de delitos contra la propiedad, aumentaron los homicidios. Pero la mayor preocupación pasa en estos momentos por otra cuestión: en Tucumán ya comienzan a percibirse con claridad las consecuencias del avance narco en el NOA.
La tasa de homicidios creció un 16% con respecto a los primeros seis meses del año pasado. El incremento de los niveles de violencia que se percibe en la calle está estrictamente vinculado a este fenómeno. “Las dos balaceras registradas en pleno centro hablan a las claras de que la intolerancia reina entre los tucumanos. El lugar dejó de generar actos inhibitorios, es decir, un freno”, sostuvo un experimentado investigador de la Policía.
En lo que se refiere a los móviles, las mayores subas se registraron en dos puntos sensibles para la sociedad. En primer lugar, se duplicaron los casos de personas que perdieron la vida por robar o por intentar hacerlo. Es lo que se mal denomina “justicia por mano propia”. También aumentó el número de femicidios en Tucumán: de tres hechos contabilizados en los primeros seis meses del año pasado, se pasó a cuatro en 2026. Otro de los datos preocupantes es que también se duplicaron los crímenes vinculados a cuestiones narcos. Ese, en realidad, como se leerá más adelante, es el gran punto crítico.
En materia de delitos contra la propiedad, los números -que no siempre reflejan la realidad porque existe una importante cifra negra- hablan de una disminución de entre el 15% y el 20%. Este quizás sea uno de los mayores logros en materia de seguridad del primer semestre. El otro es haber secuestrado 1.530 kilos de drogas, cuando en idéntico período del año pasado fueron 930 kilos; es decir, un incremento de casi el 65%. A nivel regional, en cambio, el decomiso tuvo una caída de casi el 11%.
El problema
Justamente, Tucumán pasó a quedar en el centro de ese huracán llamado narcotráfico. Hasta el viernes, en nuestra provincia se decomisaron 830 kilos de cocaína (un incremento superior al 16%) y 672 kilos de marihuana (145% más que en igual período de 2025). Pero detrás de esos números aparecen al menos dos detalles clave.
El primero es que, en abril y junio, como nunca antes había ocurrido, las autoridades secuestraron en Tucumán más cocaína que en Salta y Jujuy, provincias que limitan con Bolivia y constituyen las principales puertas de ingreso de ese estupefaciente al país. El segundo es que el incremento de los decomisos de marihuana está estrechamente vinculado a que el NOA se está transformando en un centro de producción de esa droga. Sin embargo, hasta aquí no se conoció un solo expediente regional que haya permitido desbaratar una organización dedicada al cultivo a gran escala.
También debe aclararse que un mayor secuestro de droga no necesariamente significa que existan más controles. Por el contrario, suele ser una señal de que hay más tráfico de sustancias. Los expertos estiman que apenas se decomisa el 30% de la droga que se transporta por las rutas.
El avance narco no es una cuestión menor. Es un fenómeno delictivo capaz de hacer naufragar las mejores intenciones y los planes más ambiciosos en materia de seguridad. El desarrollo de esta actividad ilícita viene acompañado de otros delitos. En Tucumán, durante el primer semestre se duplicaron los crímenes vinculados a cuestiones de droga; se detectó una organización que proveía armas a bandas internacionales; se descubrieron maniobras de lavado de activos -una de ellas vinculada al Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más importantes del continente- y apareció un grupo que habría realizado las tareas logísticas para transportar 470 kilos de cocaína.
En soledad
No hay dudas de que en Tucumán existe una decisión política de luchar contra el narcotráfico. Pero el problema es que lo hace en soledad. La Nación, con recortes presupuestarios, falta de planificación, escasa inversión y la ausencia de un diagnóstico integral sobre la situación, no asume el papel protagónico que debería tener. En Salta, Jujuy, Santiago del Estero y Catamarca, evidentemente, este problema no ocupa un lugar prioritario en la agenda pública.
El ejemplo más concreto ocurrió hace poco más de 40 días. En Tucumán, los gobernadores de la región le solicitaron a la ministra de Seguridad de la Nación la implementación de un sistema de radares para detectar vuelos narcos. Después de ese encuentro surgió el caso del secuestro de 470 kilos de cocaína que, según todos los indicios reunidos hasta el momento, habrían sido transportados por vía aérea.
La semana pasada, en la localidad santafesina de Cayastacito, desconocidos abandonaron una avioneta en un campo. Los investigadores sospechan que se trataría de una aeronave utilizada para el transporte de droga.
La posibilidad de que Tucumán se transforme en un centro de acopio de estupefacientes se afianza día a día. Esta tendencia requiere una reacción coordinada de todos los poderes del Estado. En una entrevista publicada el viernes pasado, el ex legislador José Orellana no ahorró críticas para cuestionar la cobertura periodística del secuestro de los 470 kilos de cocaína. El referente político sostuvo, palabras más, palabras menos, que no es responsabilidad de los funcionarios municipales investigar si algún habitante de su ciudad está implicado en el tráfico de drogas.
Tiene razón. Pero tampoco puede desconocer que es obligación de cualquier funcionario advertir a las autoridades competentes sobre situaciones que considere irregulares, especialmente cuando se observan crecimientos patrimoniales difíciles de explicar.
Los legisladores José Cano -que desde hace años viene alertando sobre este fenómeno- y Gerónimo Vargas Aignasse conocen perfectamente la magnitud del problema y coinciden en que deben adoptarse nuevas medidas. Ambos sostienen que es necesario fortalecer las tareas de inteligencia criminal, es decir, contar con especialistas dedicados a analizar las organizaciones y sus vínculos. También consideran fundamental que existan oficinas e investigadores especializados en seguir la evolución patrimonial y financiera de los sospechosos.
En realidad, no se trata de inventar una estrategia nueva, sino de aplicar herramientas que ya demostraron su eficacia en otras partes del mundo. Toda idea, recurso o colaboración que se sume a partir de ahora puede contribuir a poner un freno al avance narco. Y eso servirá, nada menos, para evitar que continúen deteriorándose los índices de violencia e inseguridad.
