Diputados nacionales proponen legalizar la hoja de coca en algunas provincias: presentan un proyecto para regular su importación y venta
La iniciativa propone autorizar el comercio legal de la hoja de coca en estado natural, crear un sistema de licencias y modificar la Ley de Estupefacientes para diferenciar su consumo tradicional de las drogas ilícitas.
Resumen para apurados
- Diputados de Jujuy presentaron un proyecto de ley en el Congreso para regular la importación y venta de la hoja de coca en Argentina, buscando formalizar un consumo tradicional.
- El proyecto modifica la Ley de Estupefacientes, deroga un decreto de 1978 que prohíbe su importación y crea un registro de importadores con licencias y controles del Estado.
- De aprobarse, la ley dará seguridad jurídica a más de un millón de consumidores, reducirá el contrabando, aumentará la recaudación fiscal y garantizará el control sanitario.
Un proyecto de ley presentado en el Congreso busca regular la importación, comercialización y consumo de la hoja de coca en estado natural en la Argentina. La iniciativa fue impulsada por los diputados nacionales jujeños Jorge Rizzotti y María Inés Zigarán, quienes proponen establecer un marco legal para una actividad que actualmente funciona, en gran parte, en la informalidad.
El texto contempla la autorización expresa para importar, almacenar, transportar, vender y consumir hoja de coca destinada al coqueo o a la preparación de infusiones, una práctica cultural profundamente arraigada en el norte argentino, especialmente en las provincias de Salta y Jujuy.
Qué cambios propone el proyecto
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es modificar la Ley 23.737 de Estupefacientes, excluyendo de su alcance a la hoja de coca cuando sea utilizada en su estado natural y bajo las condiciones que establezca la futura normativa.
Además, propone derogar el Decreto 648/78, vigente desde la última dictadura militar, que prohíbe la importación de hoja de coca. Según los legisladores, esa prohibición contradice normas posteriores que permiten su consumo, generando un vacío legal que favorece el contrabando.
"El ordenamiento jurídico permite consumir un producto cuyo ingreso está prohibido, lo que deja el mercado en manos del comercio ilegal", sostienen los fundamentos del proyecto.
Los impulsores de la iniciativa estiman que en la Argentina existen más de un millón y medio de consumidores de hoja de coca.
Cómo sería la comercialización legal
El proyecto establece un sistema de control estatal mediante licencias otorgadas por el Poder Ejecutivo Nacional, que tendrá a su cargo la regulación y fiscalización de toda la cadena comercial.
También crea un Registro Especial de Importadores, cuyos integrantes deberán cumplir requisitos comerciales, tributarios y penales para operar legalmente.
La propuesta fija que los principales puntos de ingreso y acopio de la hoja de coca estarán ubicados en Salta, Jujuy y Formosa, desde donde el producto será distribuido en envases autorizados para su venta al público.
Venta al consumidor y controles
La iniciativa determina que cada unidad de venta al consumidor final no podrá superar los 200 gramos de hoja de coca.
Además, incorpora un régimen de sanciones que contempla multas, suspensión e incluso la revocación de licencias para quienes incumplan la normativa.
Otro de los cambios previstos es la incorporación de la hoja de coca al Código Alimentario Argentino, con el objetivo de establecer estándares de calidad, controles sanitarios y mecanismos de trazabilidad.
Los objetivos del proyecto
Según sus autores, la regulación busca alcanzar cuatro objetivos principales:
Brindar seguridad jurídica a consumidores y comerciantes.
Recuperar recaudación fiscal mediante un mercado formal.
Garantizar controles sanitarios sobre el producto.
Diferenciar claramente la hoja de coca en estado natural de los estupefacientes derivados.
Los legisladores sostienen que la aprobación de la ley permitiría reducir el mercado ilegal, fortalecer el control estatal y disminuir el precio que actualmente pagan los consumidores.
Asimismo, argumentan que la iniciativa se apoya en principios constitucionales vinculados a la libertad personal, la identidad cultural y los derechos de los pueblos indígenas, además del reconocimiento que el consumo tradicional de la hoja de coca posee tanto en la legislación argentina como en diversos tratados internacionales.
