Según la Constitución, los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático y existen argumentos económicos para pensarlos así. Como está en debate parlamentario la derogación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (Paso) se puede aprovechar para recordar esas razones y considerar si este mecanismo ayuda o no.
Antes que nada, debe descartarse el principal mal argumento a su favor: que ayuda a dirimir conflictos internos sobre candidaturas. Así se recuerda la puja entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta (2023) en Juntos por el Cambio, pero se olvida que no las hubo en las postulaciones de Alberto Fernández (2019) o Javier Milei (2023). De la misma manera, las internas cerradas también solucionaron dilemas partidarios entre Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa (1983) o entre Carlos Menem y Antonio Cafiero (1988) pero no se usaron en el caso de Cristina Fernández (2007). Claro, hubo casos de lista única, pero justamente eso muestra que la decisión puede ser amplia o de cúpula sin importar qué digan las reglas.
Por cierto, con las Paso se debe votar aunque haya una sola fórmula o lista legislativa, no importa cómo alcanzó esa condición, porque el instrumento también se usa para certificar la relevancia del partido y permitirle competir en la elección general si supera el 1,5 por ciento de los votos válidos emitidos. Esto es, las Paso también funcionan como un filtro que deja fuera de competencia los partidos menores. La legitimidad de tal restricción es otra discusión donde entran en tensión elementos como la apertura del mercado electoral, el realismo de la calidad de alternativa de los sellos partidarios menores, los recursos utilizados en campaña y el día de las votaciones, etc. Pero al menos en cuanto a dinero gastado en impresión de votos por partido (y las posibilidades de corrupción cuando hay aporte estatal) con seguridad que economiza más la boleta única papel que la barrera de las Paso.
Ahora, una forma de ver los partidos es como mecanismo para ahorrar costos de transacción en la decisión colectiva. Supóngase que en una comunidad deban tomarse decisiones de alcance general. Puede apelarse al asambleísmo. Los ciudadanos se reúnen y debaten; cada uno tira una idea y objeta las del resto, en ocasiones algunas personas concuerdan en un punto, discrepan en otro, los acuerdos son impugnados… pueden pasar días hasta que haya un consenso. En parte para evitarlo existe la democracia representativa, que implica un grupo decisor reducido. Los costos decisionales disminuyen cuanto menor es el grupo, pero como negativo aumenta el costo externo, que sufren quienes quedan afuera del grupo. Para evitar ese peligro existen la representación y las diversas reglas de mayoría, que reducen al mismo tiempo ambos costos. Sin embargo, igual hay que presentar ideas y seleccionar a los decisores. Tal uno de los papeles de los partidos políticos.
En vez de la discusión generalizada para dar lugar a una o varias iniciativas que presentar a los decisores, los partidos organizan el debate interno, más reducido (menores costos de elaboración), y presentan a la comunidad las propuestas, tanto de decisiones públicas como de personas encargadas de formalizarlas. Es similar a una empresa. Los individuos no son eslabones independientes de grandes y complejas redes de producción y comercialización para llevar un producto al mercado. Eso significaría innumerables transacciones cada una con su costo de negociar contratos, verificar precios y condiciones del bien intermedio y así, sino que en tramos de esas redes los costos de organización, los de ejercer una jerarquía, son menores que los costos de transacción, los de mercado. En esos tramos es más barato que haya una firma. Y lo mismos ocurre con las ideas, los candidatos y los partidos políticos. En algunos aspectos de la discusión pública son un medio menos gravoso de canalizar la vida cívica.
Otra utilidad fundamental es ser partes estables en las negociaciones. La vida democrática va de la mano de ellas. Primero porque no siempre hay mayoría suficiente para aprobar la propuesta propia. Y segundo, porque la simple imposición de votos no es lo mejor; ayuda mucho a la estabilidad y el largo plazo la integración de visiones compatibles. Entonces, la manera de alcanzar las mayorías necesarias es negociar, entre personas, grupos de interés o partidos.
Una negociación conduce a concesiones mutuas, una parte cede alguna de sus pretensiones para que otra apoye los aspectos más importantes de su iniciativa (que representan la cesión de esta segunda) a cambio de apoyar lo relevante de una idea ajena que a su vez implica la renuncia a un punto propio. Para que se concrete hace falta un horizonte temporal, pocas veces las concesiones y apoyos son simultáneos sino que van en secuencia y ella requiere que quien tome una posición hoy sea la misma que a cambio adopta otra mañana. Así, las políticas de largo plazo necesitan diálogo y permanencia de los actores. En cuanto gobierno, los partidos son esas partes estables.
Por supuesto, es condición necesaria, no suficiente. Y el punto es si las Paso ayudan o no. Al respecto, algunas objeciones. Una, la calidad de los candidatos. Como surgen de la concurrencia de todo el padrón, los electores no son necesariamente militantes, afiliados o ciudadanos identificados con las ideas del partido. Por lo tanto, no lo refuerzan. Otra, la réplica al argumento de que las Paso aumentan la participación cívica: ella es forzada, no voluntad de interactuar políticamente en una determinada organización. En general, se pretende que las Paso sean un pulmotor para los partidos pero no le dan vida autosustentable. Por último, a veces se apela a rescatar la relevancia del voto. Pero votar no es un valor en sí mismo. Y no se puede hacerlo por todo ni cualquiera votar por cualquier cosa. El democratismo perjudica la democracia. Es responsabilidad de los dirigentes que los partidos se fortalezcan y no se logra con la coacción.
