Ni Una Menos, 11 años después: la paradoja de una sociedad que condena la violencia pero llega tarde
Una década después de la primera movilización, las mujeres vuelven a las calles en un contexto atravesado por casos que reabren el debate: cuándo las señales de violencia dejan de ser advertencias para convertirse en tragedias.
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La paradoja de la tolerancia suele resumirse en una frase sencilla: si una sociedad tolera todo, incluso aquello que amenaza los derechos de los demás, termina perdiendo la capacidad de protegerse.
Karl Popper formuló esa idea después de observar cómo las democracias europeas habían permitido el crecimiento de movimientos que terminaron destruyéndolas desde adentro. Su advertencia era política, pero también cultural. Los grandes quiebres sociales no suelen comenzar con hechos extraordinarios. Empiezan cuando determinadas conductas dejan de generar alarma.
Quizás por eso la discusión que vuelve a plantear Ni Una Menos una década después de su primera marcha no sea únicamente sobre femicidios. Tal vez sea una discusión sobre los límites de la tolerancia.
No de la tolerancia hacia las opiniones diferentes. Tampoco de la libertad de expresión. Sino de la tolerancia cotidiana hacia señales que muchas veces aparecen mucho antes de que ocurra una tragedia.
¿Cuánta violencia está dispuesta a permitir una sociedad antes de reaccionar? La respuesta parece sencilla. Nadie diría que admite la violencia. Sin embargo, los hechos recientes muestran una realidad más compleja. En Concepción, las medidas de restricción no alcanzaron para evitar que las amenazas continuaran. En Córdoba, el femicidio de Agostina Vega volvió a poner bajo la lupa el recorrido judicial de Claudio Barrelier, quien había estado detenido apenas 20 días por privación ilegítima de la libertad contra una expareja y cuya víctima nunca obtuvo una respuesta que pudiera considerarse reparación o justicia. En Puerto Madryn, una sentencia provocó indignación cuando un hombre condenado por abuso sexual simple contra su nieto de cinco años recibió tres años de prisión en suspenso y la obligación de pagar una cuota alimentaria equivalente a una canasta familiar para conservar la libertad.
Ni Una Menos nació para exigir que el Estado reconociera una problemática que durante años había permanecido invisibilizada. 11 años después, la situación es distinta. Existen leyes, protocolos, fiscalías especializadas, botones antipánico, restricciones de acercamiento y mecanismos de protección que entonces eran mucho menos frecuentes. Sin embargo, las marchas siguen convocándose por la misma razón: las mujeres continúan siendo asesinadas. La paradoja es evidente. Hay más herramientas que antes, pero la sensación de desprotección persiste. Y esa percepción se profundiza cada vez que un caso conmueve a la opinión pública y deja la impresión de que las instituciones llegaron tarde, actuaron de manera insuficiente o simplemente no lograron evitar lo que debían impedir.
Los casos son distintos, pero todos remiten a una misma inquietud: cuándo una respuesta institucional deja de ser una herramienta de protección y comienza a ser percibida como insuficiente.
¿Una sociedad puede seguir considerando excepcionales hechos que ocurren con tanta frecuencia? Porque cada vez que un femicidio sacude a la sociedad aparece la misma reconstrucción retrospectiva: las denuncias anteriores, los antecedentes, las alertas, los episodios que parecían pequeños hasta que la violencia escaló.
Es como si el horror siempre resultara evidente después.
La paradoja consiste precisamente en eso. No en tolerar el crimen consumado, que genera rechazo unánime, sino en tolerar las condiciones que permiten que ese crimen siga siendo posible.
11 años después de la primera movilización de Ni Una Menos, esa parece ser una de las preguntas centrales: cuánto riesgo está dispuesta a aceptar una sociedad antes de intervenir, cuántas señales considera necesarias para actuar y cuántas veces está dispuesta a escuchar la misma historia antes de reconocer que no se trata de hechos aislados.
