PLANTEO. El concejal dijo que el recorte influirá en el control territorial.
El concejal capitalino José María Canelada cuestionó la decisión del Gobierno nacional de reducir en $1.800 millones el presupuesto destinado a Gendarmería Nacional Argentina para 2026 y advirtió sobre el impacto que podría tener en la lucha contra el narcotráfico, especialmente en el norte del país.
Canelada, autor de la Ley de Narcomenudeo en Tucumán, sostuvo que la medida “preocupa profundamente” porque implica una disminución de recursos en áreas vinculadas al combate contra el crimen organizado. “Cuando el Estado pierde capacidad de control, las organizaciones criminales ganan capacidad de expansión. Y recuperar después esas capacidades perdidas cuesta muchísimo más tiempo, más recursos y, muchas veces, más vidas”, afirmó.
El edil remarcó además que el narcotráfico y el narcomenudeo son fenómenos directamente relacionados. “Bajar la guardia frente al narcotráfico es la fuente que nutre luego la venta en pequeñas cantidades. Tener menos control en la frontera se traduce en más droga en nuestras calles”, advirtió.
En ese sentido, planteó que el narcotráfico no debe ser entendido como “un delito común”, sino como “una economía criminal compleja, transnacional y con enorme capacidad de adaptación”. Según explicó, por esa razón las políticas públicas destinadas a enfrentarlo requieren “continuidad, especialización e inversión sostenida”.
“Cuando se recortan recursos en áreas estratégicas de Gendarmería Nacional, no estamos frente a una simple decisión administrativa o presupuestaria. Estamos frente a una decisión que impacta directamente sobre capacidades estatales críticas: control fronterizo, inteligencia criminal, investigación compleja, logística operativa, patrullaje de rutas estratégicas y cooperación federal”, señaló.
La situación del NOA
Canelada también puso el foco en la situación del NOA y consideró que la reducción de recursos resulta especialmente preocupante para la región. “Las organizaciones criminales identifican rápidamente las zonas donde disminuye la presencia operativa, donde cae la capacidad de control o donde se reducen los niveles de vigilancia e investigación. Y ocupan esos espacios”, sostuvo.
En esa línea, advirtió que el norte argentino presenta condiciones geográficas y logísticas que lo convierten en una zona vulnerable para el avance del narcotráfico, debido a la cercanía con corredores internacionales de tráfico, la existencia de rutas clandestinas, el uso creciente de vuelos ilegales y las dificultades históricas de radarización.
Por último, el concejal analizó el recorte desde la perspectiva de la administración pública y advirtió que los peligros de retroceder en la lucha contra el narcotráfico suelen ser difíciles de revertir. “Un Estado inteligente distingue entre gasto improductivo e inversión estratégica. Y la seguridad federal vinculada al combate contra el crimen organizado claramente integra el segundo grupo. Las políticas de seguridad requieren planificación de largo plazo y previsibilidad institucional. La experiencia comparada demuestra que los países que retroceden en capacidades de prevención, inteligencia e investigación terminan pagando costos mucho mayores en violencia, corrupción institucional, expansión territorial de las bandas criminales y deterioro de la convivencia social”, concluyó.
