Crece la polémica en el TOF: advierten que durante la limpieza compulsiva se podrían haber tirado bolsas de causas aún sin juicio

¿Qué había en el subsuelo del Tribunal Oral Federal de Tucumán? ¿Qué valor tenían esos elementos arrumbados allí a lo largo de décadas? ¿Eran pruebas de juicio que aún no se realizaron? ¿Tenían valor histórico teniendo en cuenta que había material de juicios de Lesa Humanidad que no se pueden perder? Por todas estas preguntas, el Ministerio Público Fiscal reclamó la suspensión inmediata del operativo de limpieza ordenado en el Tribunal Oral Federal de Tucumán y pidió explicaciones urgentes sobre el destino de la documentación, secuestros y demás elementos retirados del subsuelo del edificio de Cristóstomo Álvarez y Chacabuco, ante la sospecha de que podrían haberse descartado pruebas y expedientes de relevancia judicial. 

La preocupación se profundizó luego de que comenzaran a circular versiones sobre el traslado de bolsas y material al basurero municipal, en medio de un procedimiento que ya había generado fuerte controversia dentro del fuero federal. Según se informó, muchas cosas fueron llevadas a la sede de Gendarmería en Tucumán, y muchas otras al basurero municipal.

La medida de vaciamiento fue impulsada por la jueza cordobesa Cristina Edith Giordano, quien actualmente subroga el TOF y que, tras arribar la semana pasada a Tucumán, ordenó una limpieza integral del subsuelo luego de constatar el estado de deterioro, acumulación y abandono que presentaba el lugar. Durante el operativo intervinieron varios camiones de Gendarmería Nacional y se retiraron muebles en desuso, computadoras antiguas, motocicletas, expedientes y una enorme cantidad de bolsas con distinto tipo de material acumulado desde hace décadas.

Sin embargo, lo que inicialmente parecía una tarea de ordenamiento interno derivó rápidamente en un conflicto institucional. Desde la fiscalía federal ante el TOF señalaron oficialmente según trascendió que, ante la falta de respuestas oficiales y los trascendidos periodísticos surgidos en las últimas horas, se resolvió pedir la “inmediata suspensión de la medida hasta tanto se garantice un procedimiento compatible con el debido proceso y las previsiones de la acordada 22/2025 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

El planteo del MPF apunta especialmente a la ausencia de información precisa sobre qué elementos fueron retirados, cuáles continúan bajo resguardo judicial y qué material habría sido descartado. “Supuestamente estaban inventariando, pero después empezamos a saber que habían tirado de todo e incluso vimos algunas bolsas de causas que aún no tuvieron juicio”, señalaron abogados litigantes, reflejando el cambio de percepción que generó el operativo con el correr de las horas. “Pensábamos al principio que era una cuestión de ordenar y tirar cosas viejas, pero después fue tomando otro color”, añadieron las mismas fuentes, que insistieron en que un procedimiento de semejante magnitud no puede realizarse de manera apresurada. Y en las notas para pedir explicaciones se advierte que no es una tarea para hacer en dos días debido a la complejidad del material acumulado durante años en dependencias judiciales federales.

La preocupación no es menor. Según se indicó en la presentación realizada ante el tribunal, parte de los secuestros almacenados en el subsuelo podrían estar vinculados a causas de lesa humanidad y a otros expedientes sensibles tramitados en el ámbito federal. En ese contexto, la eventual pérdida, destrucción o descarte de elementos probatorios podría generar consecuencias judiciales de extrema gravedad. Incluso se desconoce el destino de las muestras de droga secuestradas durante decenas de operativos, que también estaban almacenadas en ese lugar.

El trasfondo del conflicto también deja expuesta una situación estructural que atraviesa desde hace décadas a la Justicia Federal tucumana. En el subsuelo del edificio se acumulaban desde hace más de 30 años secuestros, documentación y objetos vinculados a distintas causas, sin que existiera -según reconocen distintas fuentes judiciales- un inventario pormenorizado que permitiera conocer con exactitud qué material permanecía allí y bajo qué condiciones era preservado.

El episodio ocurre, además, en un momento particularmente delicado para el fuero federal tucumano. Apenas horas antes había trascendido que el Senado podría avanzar con la designación de jueces para cubrir vacantes estratégicas en tribunales federales de la provincia. Y se suma al reciente problema por el cierre momentáneo del edificio del TOF de calle Chacabuco 125 debido al riesgo de electrocución e incendio provocado por el deterioro de las instalaciones eléctricas.

Mientras tanto, el operativo ordenado por Giordano quedó envuelto en una creciente polémica institucional. La fiscalía insiste en que debe garantizarse un procedimiento transparente, documentado y controlado judicialmente antes de continuar con cualquier descarte o traslado de material. El temor que sobrevuela en tribunales es que, en medio de una limpieza necesaria por el estado calamitoso del subsuelo, pueden haberse perdido elementos de valor probatorio e histórico imposibles de recuperar.