Banco Nación. BNA
Resumen para apurados
- La Cámara Federal porteña resolvió que la jueza María Eugenia Capuchetti investigue el otorgamiento de créditos del Banco Nación a funcionarios de Milei por presunto trato preferencial.
- El fallo del camarista Farah unifica denuncias previas para evitar fallos contradictorios, desplazando al juez Ariel Lijo tras sospechas de beneficios indebidos en los préstamos.
- La resolución judicial busca esclarecer la transparencia en el Banco Nación. El avance del expediente definirá el impacto político y legal sobre los funcionarios del oficialismo.
La Cámara Federal porteña resolvió que la investigación sobre los créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación (BN) a funcionarios y dirigentes vinculados al oficialismo, quede concentrada en un solo expediente y continúe bajo la órbita de la jueza federal María Eugenia Capuchetti. De esta manera, el tribunal zanjó la disputa de competencia que se había generado con el juzgado de Ariel Lijo.
La decisión fue adoptada por el camarista Eduardo Farah, quien dispuso unificar las distintas denuncias vinculadas al caso para evitar superposición de medidas de prueba y posibles resoluciones contradictorias, consignó el diario "Ámbito".
El expediente que seguirá adelante es el iniciado a partir de la denuncia presentada por la diputada Mónica Frade, considerada por la Cámara como la primera presentación válida. Esa causa había quedado radicada en el juzgado federal 5, a cargo de Capuchetti.
En paralelo, otro expediente relacionado con el mismo tema avanzaba en el juzgado de Lijo, donde ya se habían ordenado distintas medidas de prueba. Entre ellas, pedidos al Banco Nación para que remitiera los legajos completos de los créditos investigados, informes internos y documentación sobre las condiciones de aprobación de los préstamos. También se había solicitado una auditoría a la Auditoría General de la Nación.
Capuchetti había reclamado la remisión de esa causa a su juzgado, aunque Lijo rechazó el planteo y ratificó su competencia. Finalmente, la Cámara Federal resolvió el conflicto y determinó que toda la investigación quede unificada en Comodoro Py bajo la conducción de Capuchetti.
La causa se originó tras una serie de denuncias impulsadas por dirigentes opositores y abogados particulares, quienes pidieron investigar si existieron beneficios indebidos o un trato preferencial en el acceso a préstamos hipotecarios por parte de funcionarios nacionales, legisladores y personas cercanas al Gobierno.
La polémica tomó estado público luego de que trascendiera que varios integrantes del oficialismo habrían accedido a líneas de crédito de alto monto bajo condiciones consideradas más favorables que las ofrecidas al resto de los clientes.
En el gobierno de Milei rechazaron las acusaciones y sostuvieron que las operaciones se realizaron dentro del marco legal vigente.
