Resumen para apurados
- La constructora del Acceso Sur en Tucumán negocia con Vialidad Nacional rescindir el contrato de una obra adjudicada en 2021 y paralizada, agravando el caos vehicular diario.
- El proyecto, iniciado en 2021 con un plazo de dos años, quedó estancado. La gestión busca dar cierre legal a un contrato incumplido en un cruce donde circulan 20.000 autos por día.
- La caída del contrato deja en incertidumbre la solución vial para San Andrés. Se prevé que el colapso de tránsito y las demoras persistan hasta que se defina un nuevo plan de obra.
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La obra del Acceso Sur a San Miguel de Tucumán podría “caerse” en el corto plazo, si prosperan las tratativas de la empresa constructora ante la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) para la rescisión del contrato, adjudicado en diciembre de 2021. Y la preocupación por el futuro este ingreso estratégico para el turismo y la logística tiene sustento en números: se estima que unos 25.000 vehículos circulan por día por el cruce entre la ruta nacional 9 y la ruta provincial 306, a la entrada de San Andrés.
El último informe de Tránsito Medio Diario Anual (TMDA) de Vialidad Nacional para este sector data de 2024. Allí se consigna una circulación promedio de 20.700 rodados, un volumen de tráfico que convierte a este sector de la ruta nacional 9 como el segundo más concurrido de toda la provincia (sólo detrás del tramo “intersección Acceso Norte a Tucumán - ruta provincial 315”, con 22.500 vehículos/día, en 2024).
Un dato es que el caudal de tráfico de la ruta nacional 9 está en aumento. En 2019, cuando se había elaborado el proyecto para el cruce de San Andrés, el TMDA calculado por la Vialidad había sido de 18.350 vehículos/día.
En la actualidad, además, estiman en áreas técnicas de la Casa de Gobierno, el flujo diario de vehículos rondaría los 25.000, si se añade la ruta provincial 306.
Esta es la razón por la cual la obra está planteada con un diseño de “sobrenivel” en la intersección. El nivel de tránsito hace que otras variantes -como la semaforización- impliquen un colapso. Así, se propuso el modelo de “mayor jerarquía”, que es una “intersección sobre nivel”: una vía principal (en este caso, la de jurisdicción nacional) que se mantiene “por abajo” y vía una secundaria (la ruta provincial 306) que va “por arriba”.
De hecho, esta es solo una de las distintas tareas previstas en la obra del Acceso Sur a San Miguel de Tucumán, que había sido adjudicada en diciembre de 2021 a la empresa Conorvial SA mediante una licitación nacional.
La memoria descriptiva remarca que el objetivo es mejorar la “capacidad y seguridad del sector de la ruta nacional 9 con mayor TMDA”. “Se proyecta transformar el sector en una autopista de cuatro carriles, dos por sentido de circulación, más carriles auxiliares de empalme, mediante la construcción de una segunda calzada”, consigna el documento oficial. Agrega que la intervención “requerirá además la ejecución de obras complementarias y de seguridad vial, como ser un puente sobre el río Salí, un distribuidor a distinto nivel en las intersección con la ruta provincial 306”, entre otras mejoras.
El Gobierno nacional, entonces a cargo de Alberto Fernández, había anunciado esta obra como la primera de tres etapas para la construcción de la autopista Tucumán-Termas. Pero el proyecto se frenó con un avance del 15%, y permanece con los plazos neutralizados hace tres años.
El pliego establecía un presupuesto oficial de casi $1.471 millones (a valores de 2020), a ser solventados con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y con 24 meses para la finalización de las tareas. En principio, según se reportó, hubo un buen ritmo de progreso. Pero luego hubo inconvenientes técnicos (como líneas de servicios que impedían el avance de los trabajos), y finalmente la falta de recursos puso un freno a la ejecución del Acceso Sur. Ante este escenario, la constructora gestiona una rescisión de común acuerdo del contrato con la DNV
En el Gobierno provincial advierten que no tienen margen de acción en este proyecto, dado que está el contrato vigente entre Conorvial y el Estado nacional. A ello se suma la cuestión de la jurisdicción. Pero, con la posibilidad firme de que la obra “se caiga”, se comenzaron a barajar alternativas para el caso en que se pueda concretar la “provincialización”, algo que sucedió por ejemplo con el barrio Procrear lindante a Manantial Sur.
En los términos actuales, con un costo estimado de $35.000 millones, desde el Poder Ejecutivo afirman que no resulta factible el financiamiento para las arcas locales. Una idea sin embargo es adaptar la obra para reducir su costo a unos $15.000 millones. La otra, avanzar por etapas. De todos modos, para cualquier caso se necesita primero que las negociaciones entre la contratista y el Estado nacional tengan un desenlace.
