El Gobierno nacional pasó la motosierra por las universidades

A través de la Decisión Administrativa 20/2026, el Poder Ejecutivo nacional formalizó una profunda reestructuración del Presupuesto 2026 que implica un recorte de casi 2,5 billones de pesos. Esta medida, firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, representa una poda del 1,6% del gasto total del Estado. El ajuste impacta severamente en áreas sensibles de la educación y el sistema universitario, justo en la antesala de la marcha federal convocada para hoy en Plaza de Mayo.

El desglose oficial revela que la Secretaría de Educación sufrió una quita de más de 78.000 millones de pesos. El programa más afectado fue el “Plan Nacional de Alfabetización”, que perdió el 45% de sus recursos destinados a las transferencias provinciales. Asimismo, la administración libertaria eliminó el Fondo de Compensación Salarial Docente y redujo el presupuesto para infraestructura escolar, equipamiento y políticas socioeducativas, incluyendo una baja de $559 millones en becas estudiantiles.

Las universidades nacionales, protagonistas del reclamo federal, no quedaron exentas del ajuste. El Gobierno dispuso una reducción de $5,303 millones en transferencias de capital para infraestructura del conocimiento, afectando obras estratégicas en tres casas de altos estudios. Entre las instituciones más perjudicadas se encuentran la Universidad Nacional de La Plata, con un recorte superior a los $1.000 millones, seguido por las universidades de General San Martín, Avellaneda, Río Cuarto y Entre Ríos.

Mientras se recortan fondos educativos, la normativa incrementó en $500.000 millones el techo para el pago de sentencias judiciales previsionales a cargo de la Anses. Además, el Tesoro Nacional inyectó $162.000 millones para financiar el Plan de Retiros de Voluntad Recíproca del personal del organismo previsional. Este movimiento de partidas refuerza la prioridad del Ejecutivo en el saneamiento de las cuentas de seguridad social por sobre la inversión en educación superior e investigación.

Movilización

En la Casa Rosada, la postura frente a la movilización universitaria se mantiene inflexible respecto al orden fiscal. El Gobierno ratificó que no es posible aplicar la Ley de Financiamiento Universitario argumentando que la norma incumple la Ley de Administración Financiera, al no especificar el origen de los fondos para el aumento salarial y de becas. Según el oficialismo, la aplicación de la ley implicaría un gasto del 50% en salarios que el Estado hoy no está en capacidad económica de afrontar.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, defendió el ajuste bajo la premisa de la transparencia y la eficiencia del gasto público. “No tenemos animosidad contra la universidad pública; lo que queremos es que la gente tenga acceso a la información de cómo se invierten sus impuestos”, afirmó la funcionaria. En esa línea, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, denunció que los datos actuales están concentrados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y son de difícil acceso.

Para contrarrestar lo que considera un manejo “opaco” de los recursos, el Ministerio de Capital Humano planea crear una plataforma web donde cualquier ciudadano pueda consultar el destino final del dinero enviado a cada universidad. El oficialismo sostiene que el sistema actual se basa en anuarios estadísticos poco amigables y desactualizados, lo que impide un control ciudadano efectivo sobre la inversión por alumno que realiza el Estado nacional.

Respecto a la masividad de la marcha, el Gobierno desestimó la naturaleza exclusivamente académica del reclamo. Referentes libertarios señalan que sectores de la oposición “buscan cambiar el eje de la discusión” y que la participación de partidos políticos opositores en la movilización le resta legitimidad al planteo estudiantil. En el Ejecutivo la marcha es vista como una herramienta de presión política antes que como una demanda de presupuesto genuina.