Justina Gordillo
¿Justina Gordillo ayudó a encubrir el crimen o fue una víctima más de la manipulación de Felipe “El Militar” Sosa? Esa es una de las preguntas que giran en torno del caso y que, hasta el momento, no tiene respuesta.
Para el fiscal Pedro Gallo hay pruebas suficientes para sospechar que la empleada judicial -tenía un cargo de funcionaria en el área de administración de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia- colaboró con el ocultamiento del cuerpo de Érika Antonella Álvarez, hizo desaparecer el celular de la víctima, ayudó en la tarea de limpieza de la camioneta utilizada para trasladar el cuerpo, facilitó la fuga de quien en ese entonces era su pareja y buscó obtener un rédito económico con el caso. Nunca fue señalada por el crimen, ya que se probó que no estuvo en el lugar cuando asesinaron a la joven.
Estrategia rechazada
Desde un primer momento, los defensores de Gordillo, María Florencia Abdala y Camilo Atim, plantearon que no podía recibir esa acusación por haber sido pareja de Sosa, estrategia que fue rechazada una y otra vez en diferentes instancias judiciales.
La funcionaria judicial fue la primera en declarar en la causa. No sólo relató los movimientos anteriores y posteriores al hecho, sino que también mencionó a personas del entorno de Sosa. Dos de ellos fueron detenidos y hay otros que siguen siendo investigados por su posible participación en el caso. También negó haber conocido a la víctima y saber que su pareja estaba vinculada al tráfico y comercialización de drogas. Los representantes legales cuestionaron al fiscal al considerar que, a pesar de los datos que brindó la acusada, fue procesada.
Sin embargo, según confiaron fuentes judiciales, en la pericia que se realizó a su celular quedaron desmentidas varias de las versiones que dio a conocer en su declaración. Esa fue una de las razones por las que un juez dispuso que se le prorrogue la prisión preventiva por tres meses más. Sus allegados reconocieron que ella omitió varios detalles en su exposición, pero de ninguna manera eso la compromete en su situación procesal.
¿Por qué no contó todo lo que sabía? Al parecer, según pudo establecer LA GACETA, Gordillo era víctima de violencia de género por parte de Sosa y hasta podría haber sufrido abuso sexual. La funcionaria, separada y madre de dos hijos, permanece alojada en el penal de Delfín Gallo con un régimen especial. Está aislada de las otras internas porque fue víctima de agresiones.
