CAMBIO. La sala de prensa reabrirá sus puertas después de una semana.
Resumen para apurados
- Manuel Adorni retoma este lunes las conferencias de prensa en Casa Rosada tras una semana de restricciones impuestas a los medios por supuestos motivos de seguridad nacional.
- El Ejecutivo reabre la sala de prensa para evitar un mandato judicial inminente. El cierre previo, criticado por ADEPA, se originó por denuncias de presunto espionaje contra cronistas.
- El regreso del vocero coincide con avances en una causa por enriquecimiento ilícito, donde la Justicia investiga el origen de fondos usados en refacciones y compras de propiedades.
Este lunes, la Casa Rosada restablecerá el funcionamiento del espacio destinado a los cronistas acreditados, poniendo fin a una semana de restricciones que impidieron el acceso de la prensa a la sede del Poder Ejecutivo. La decisión oficial se conoció en la previa del feriado del 1° de Mayo, en un contexto marcado por el avance de un recurso de amparo. La administración libertaria optó por una reapertura voluntaria tras evaluar que el costo político de una habilitación por decisión propia era menor al de verse forzado por un mandato judicial inminente.
El retorno de la actividad periodística en Balcarce 50 coincidirá con la reaparición del portavoz y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien retomará su tradicional conferencia de prensa a partir de las 11. El funcionario volverá a ejercer su rol de articulador del Gobierno tras haber respondido recientemente a las inquietudes de los legisladores en el Congreso. Su regreso al formato de contacto diario con los medios se produce en un escenario de alta exposición, no solo por la gestión política, sino por las derivaciones de las causas judiciales que lo involucran de manera personal.
La exclusión de la prensa, iniciada el jueves de la semana pasada sin notificación formal, había sido justificada por la Secretaría General de la Presidencia bajo criterios de “seguridad nacional”. El conflicto se originó tras una denuncia de Casa Militar contra dos cronistas de la señal TN por presunto espionaje, luego de que se difundieron imágenes de sectores internos del edificio. Como respuesta, el secretario de Comunicación, Javier Lanari, había ordenado la eliminación de los registros dactilares de los acreditados, lo que obligó a los profesionales a trabajar desde cafeterías cercanas a Plaza de Mayo durante los días de cierre.
La medida del Ejecutivo cosechó un rechazo unánime de organizaciones del sector como Adepa, Fopea, así como de colectivos de las sociedades civiles y referentes de la Iglesia.
Nuevas complicaciones
En paralelo a la reapertura de la sala, la situación judicial de Adorni ha sumado nuevas complicaciones en la causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito. La fiscalía de Gerardo Pollicita ha consolidado elementos que refuerzan la sospecha de un desequilibrio patrimonial, centrando la lupa en los gastos en efectivo, viajes y propiedades adquiridas desde que el funcionario asumió su cargo. Los investigadores buscan determinar si el nivel de vida y las inversiones realizadas guardan relación con los ingresos declarados por el portavoz en la función pública.
Un punto crítico de la investigación se desarrollará este mismo lunes con la declaración testimonial de Matías Tabar, el contratista encargado de las refacciones en la propiedad que la familia Adorni adquirió en el country Golf Club Indio Cua, en Exaltación de la Cruz. Pollicita ha solicitado al constructor que aporte presupuestos, facturas y contratos relacionados con las obras en dicho lote. La Justicia busca verificar el origen de los fondos —presuntamente dólares en efectivo— utilizados para financiar estas mejoras y otras decisiones de consumo suntuario.
Pese al avance de las pesquisas, Adorni ha mantenido una postura defensiva, asegurando en declaraciones radiales que “todo está justificado” y que solo brindará explicaciones ante los tribunales. Esta estrategia de silencio frente a los medios contrasta con su rol público, donde diariamente se encarga de analizar y comunicar la transparencia de los actos estatales.
