EN REUNIÓN DE COMISIÓN. Caponio encabezó la mesa de trabajo de sus pares de Transporte y Obras Públicas. Foto de Prensa HLT
Resumen para apurados
- La Legislatura de Tucumán renovó miembros de la comisión de Transporte y la Justicia reprogramó para agosto el juicio por extorsión contra la comisionada Cristina Contreras.
- Los cambios internos, ordenados por Miguel Acevedo, buscan destrabar dictámenes clave. El juicio a Contreras surge de denuncias por retención indebida de haberes a empleados rurales.
- La reestructuración legislativa asegura el avance de la Emergencia en Transporte. El proceso judicial definirá la responsabilidad penal de una funcionaria oficialista en Tucumán.
Nombres que se renovaron a pedido de la conducción
La comisión de Transporte de la Legislatura emitió el lunes el dictamen favorable sobre el proyecto que prorroga la Ley de Emergencia en el Transporte Público. Pero esa no fue la única novedad en la jornada.
Sucede que el grupo de trabajo parlamentario, presidido por el peronista Tulio Caponio, registró un cambio en dos de sus miembros. Según se informó, los peronistas Sara Assán y Leopoldo Rodríguez cedieron sus lugares a Alberto Olea y a Carlos Gómez, ambos colegas de la bancada oficialista.
Fuentes oficiales indicaron que se trató de una "decisión del presidente de la Legislatura, Miguel Acevedo".
Este lunes, tras la convocatoria del peronista Caponio, concurrieron los legisladores Christian Rodríguez, Alejandra Cejas, Eduardo Verón Guerra, y los flamantes integrantes, Olea y Gómez.
El movimiento de nombres en la comisión -algo atípico para este momento del año- llegó luego la frustrada convocatoria de la semana pasada, en la que estaba prevista la emisión de un dictamen para la sesión de este jueves, algo que no se pudo concretar porque eran dos oficialistas y dos opositores ¿Se tocará este tema en la reunión del bloque peronista que supuestamente se llevaría adelante este miércoles?
Una funcionaria, con fecha para debate oral y público
La Justicia penal reprogramó la fecha para el juicio oral y público contra la comisionada rural de Las Cejas, Cristina Mabel Contreras, en el marco de una causa iniciada en 2018 a partir de la denuncia de ex empleados de esa comuna. Según los fuentes tribunalicias, el expediente -a cargo de la Sala 1 Conclusional- fijó el 25 y el 26 de agosto como jornadas para el debate contra la dirigente oficialista.
En principio, este proceso se iba a ventilar entre este martes 28 y el miércoles 29.
La causa había sido elevada a juicio en 2024, a partir del requerimiento efectuado por el fiscal Diego López Ávila, con el visto bueno del juez Raúl Armando Cardozo, con Contreras acusada por los delitos de extorsión (en perjuicio de Mónica Dolores Risso, Ramón Ernesto Soto y José Silvestre Risso), en concurso ideal con abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos (en perjuicio de la Administración Pública), ambos presuntos delitos en concurso real con estafas en dos oportunidades (en perjuicio de Soto y de Risso).
Durante la pesquisa, se atribuyeron a la delegada cuatro hechos, que deberían ser aclarados en el debate. El primero indica que, desde el 1 de septiembre de 2016 y hasta el 31 de diciembre de 2017, Contreras -en su carácter de comisionada de Las Cejas- celebró contratos de trabajo con la ciudadana Mónica Dolores Risso “a fin de que la misma prestara servicios en la comuna”. Sin embargo, según la acusación contenida en el requerimiento de elevación a juicio, la funcionaria “abusando de su cargo” y “con intenciones de apropiarse de sumas dinerarias”, al momento de contratar a la mujer “le expreso que, para poder desempeñarse como empleada, debía compartir su remuneración con el resto de los empleados de la entidad pública o de lo contrario perdería su contrato de trabajo”. De los montos, que oscilaban entre los $9.478,70 y los $14.656,73, la trabajadora recibía $3.000, añade la documentación judicial. Luego, siempre según el expediente, directamente la delegada se habría quedado con la tarjeta de débito.
