MONTAJE FOTOGRÁFICO. Paulina Lebbos y César Soto
“Es más fácil condenar al sanguchero”. De esta manera, el defensor oficial Roque Araujo, representante de César Soto, intentó la tesis acusatoria, en la que se pide prisión perpetua para su cliente, acusado por el crimen de Paulina Lebbos, calificándola como una construcción carente de sustento técnico y lógico. Con un copete de alta tensión, la defensa planteó una pregunta que interpela a las dos décadas de encubrimiento que rodearon la causa: “¿Si Soto no tiene vinculación con la política, quién hizo todo esto para encubrir a un sanguchero?”. Para Araujo, la acusación de prisión perpetua no es más que un intento desesperado por cerrar un expediente sin culpables reales, señalando al eslabón más débil de la cadena para calmar el reclamo social.
El alegato defensivo comenzó con una crítica feroz a la “vaguedad jurídica del señor fiscal” (Carlos Sale), sosteniendo que, a pesar del tiempo transcurrido, “no se hizo nada” en términos de investigación efectiva sobre la autoría material. Según Araujo, el representante del Ministerio Público “no investigó nada” y “no tomó ni una declaración testimonial” que vincule directamente a su asistido con el crimen. La defensa fue más allá al sugerir que la elevación a juicio y la posterior acusación fueron maniobras procesales de último minuto, afirmando que a Soto “se lo acusó para evitar la prescripción” de la causa, forzando una narrativa sobre pruebas que considera inexistentes.
Sin respaldo
Para la defensa, el alegato del fiscal Sale carece de respaldo documental y tecnológico, elementos que deberían ser fundamentales en un juicio de esta magnitud. Araujo remarcó que en todo el debate “no hubo ni un mensaje de texto transcrito, ni en el messenger” que probara los supuestos celos o amenazas denunciados. Asimismo, cuestionó la base sobre la cual se edificó la acusación, señalando que el fiscal “se basó en actas que son de dudosa procedencia”. Incluso puso en duda eventos que la fiscalía dio por ciertos, afirmando que “para esta defensa Paulina ni siquiera rindió ese día”, (por el sábado 25 de febrero de 2006, horas antes de la desaparición) lo que desmoronaría la reconstrucción temporal del hecho. La falta de certezas forenses fue otro de los pilares de la defensa de Soto. Araujo enfatizó que, tras veinte años, “tampoco está precisada la fecha de muerte” y que existen líneas de investigación que fueron descartadas por la fiscalía sin razón aparente. “Hay testigos que hablaron y su declaración no fue profundizada”, denunció el abogado, citando el caso de personas que afirmaron haber visto a Paulina con vida después de su supuesta muerte, pero cuyos relatos “no se investigaron”. “¿Cómo sabemos si había pistas falsas, si no se investigó?”, se preguntó el defensor ante el tribunal. El corazón de la defensa radicó en la imposibilidad física y lógica de la versión fiscal. Araujo sostuvo que “no se sabe si Paulina llegó a la casa del señor César” y calificó de inverosímil la idea de que un asesinato por estrangulamiento ocurriera en un departamento sin que nadie lo notara. “Es imposible que la haya matado en ese departamento y nadie hubiera escuchado o visto algo”, sentenció, añadiendo que durante todo el proceso “nadie vio violencia” y que, por el contrario, para quienes lo conocen, “César no es violento”.
Para la defensa, la fiscalía simplemente “trató de inventar un cuento” para dar una respuesta a la sociedad. La orfandad probatoria, según Araujo, se extiende también a la mecánica del descarte del cuerpo. El defensor remarcó que en el juicio “no se sabe cómo se trasladó el cuerpo, cuándo, por qué, en qué“, y planteó como hipótesis probable que el cadáver fue arrojado en Tapia el mismo día en que fue hallado. Además, recordó la existencia de pruebas que apuntaban hacia otras personas, como los “pelos similares a los de Jorge Jiménez, el acosador”, una pista que, a su criterio, no fue debidamente ponderada. Ante este escenario, fue tajante: “no hay ni un indicio de que mi mandante haya sido el autor de este horrible hecho”. El alegato concluyó con un pedido de “absolución lisa y llana” para Soto, argumentando que el tribunal no puede condenar basándose en conjeturas o en la necesidad de ofrecer un culpable a cualquier costo. Araujo cerró su exposición lamentando que su asistido “ya tiene una condena social” irreversible, alimentada por una investigación que consideró sesgada. “La sociedad necesita saber la verdad”, afirmó, pero subrayó que esa verdad no puede construirse a través de una injusticia contra “el más pobre”.
