DEBATE EN LA UNT. Cuestionan una eventual candidatura del actual rector Sergio Pagani a un tercer mandato consecutivo
La disputa judicial por la reelección en la Universidad Nacional de Tucumán sumó una nueva presentación en la Justicia Federal, en la que se denunció la existencia de un “plan sistemático de violación al Estatuto” durante el proceso electoral en curso y se reclamó una definición urgente sobre la eventual candidatura del actual rector Sergio Pagani a un tercer mandato consecutivo.
La nueva presentación fue incorporada al expediente que tramita ante el juez federal Guillermo Díaz Martínez, quien todavía debe resolver en un mismo acto tanto la medida cautelar como la cuestión de fondo planteada por los decanos Miguel Ángel Cabrera y Virginia Sara Luz Abdala, representados por el abogado Gonzalo Casas. Los postulantes sostienen que el Estatuto vigente impide un tercer mandato consecutivo en el rectorado y que, por lo tanto, Pagani no puede competir nuevamente en las elecciones previstas para este año.
En su escrito, Casas afirmó que ya existen antecedentes concretos dentro del proceso electoral universitario que demostrarían una interpretación contraria a las restricciones estatutarias. Señaló que se receptó una candidatura al decanato de la Facultad de Psicología para un tercer mandato consecutivo y que también fue oficializada la postulación de un alumno en la Facultad de Ciencias Exactas para un nuevo período, situaciones que -según sostuvo- se habrían producido “en contra” de las normas vigentes. Para el letrado, esos hechos constituyen una muestra del criterio que podría repetirse en la elección de rector.
Consecuencias institucionales
“Aquí no hay rumores. Hay actos y comunicaciones indubitables del Ing. Pagani, de su equipo de trabajo y de la comunidad universitaria entera de que el Ing. Pagani es candidato a estas elecciones a un tercer mandato consecutivo”, expresó en la presentación judicial. En esa línea, recordó que la acción declarativa promovida por sus representados busca precisamente evitar que se consume un acto que luego genere consecuencias institucionales difíciles de revertir. Por eso insistió en la figura del “acto violatorio en ciernes”, concepto utilizado en precedentes de la Corte Suprema para habilitar intervenciones judiciales preventivas cuando un conflicto aparece como inminente.
El abogado también cuestionó el funcionamiento de la Junta Electoral universitaria. Según expuso, las decisiones adoptadas hasta el momento y el cronograma previsto evidenciarían que el órgano avanzará con la recepción de candidaturas sin resolver previamente la controversia estatutaria. A su criterio, obligar a esperar hasta la oficialización definitiva implicaría tornar ilusoria la tutela judicial efectiva, dado que la elección se encuentra próxima y los tiempos procesales son cada vez más estrechos.
El planteo se produce luego del dictamen del fiscal federal Rafael Vehils Ruiz, quien opinó que la acción debía ser rechazada por inexistencia de un caso concreto.
En la UNT, en tanto, la postura oficial ya fue fijada por su apoderado Jorge Chehín, quien rechazó la demanda al entender que no existe incertidumbre jurídica actual, que no hay candidatura oficializada del rector y que una intervención judicial anticipada afectaría la autonomía universitaria.
Con todos los elementos incorporados al expediente, la expectativa se concentra ahora en la resolución del juez Díaz Martínez.
