El secretario de Participación Ciudadana, José Farhat
Las amenazas de tiroteos en instituciones educativas de Tucumán de las últimas horas recordaron la seguidilla de alertas de bomba que se había dado en escuelas y colegios de San Miguel de Tucumán entre mayo y agosto de 2023, y que obligaron a activar protocolos de evacuación en decenas de establecimientos. El fenómeno había comenzado a principios de mayo de ese año, con episodios como el del colegio salesiano General Belgrano, que debió ser evacuado tras un llamado anónimo. Por entonces, desde la Policía advertían que este tipo de denuncias no eran aisladas. “Es común que al menos una vez por semana se reporten amenazas en escuelas”, señalaban fuentes de Bomberos, aunque en la mayoría de los casos se trataba de falsas alarmas.
Con el correr de las semanas, los episodios se multiplicaron. El 1 de agosto, tres colegios de la Capital interrumpieron sus actividades tras recibir un mismo mensaje intimidatorio por correo electrónico, con referencias a ataques escolares a nivel mundial. La situación encendió las alarmas en el sistema educativo y en las autoridades provinciales.
Un día después, el secretario de Participación Ciudadana, José Farhat, contó que ya se habían registrado unas 15 amenazas en lo que iba de 2023, una cifra superior a la de años anteriores. Y además del impacto operativo, remarcó el efecto psicológico: “Estas alertas no solo tienen un costo de recursos; también calan profundo en niños y adolescentes”.
Para mediados de agosto, la problemática había escalado. Solo el 17 de ese mes se denunciaron intimidaciones en al menos cinco instituciones, lo que derivó en investigaciones de la División de Delitos Telemáticos para identificar a los responsables. Desde el área de Seguridad reconocían que se trataba de una situación inédita debido a la frecuencia.
El pico se alcanzó a fines de agosto. El día 30, colegios como el Nuestra Señora del Huerto, María Auxiliadora, Comercio N° 4 y Tulio García Fernández, entre otros, suspendieron las clases por nuevas amenazas. Al día siguiente, nada menos que 14 instituciones fueron evacuadas; entre ellas la ENET 2, la ENET 3, el colegio Sagrado Corazón y el Instituto Martín Miguel de Güemes.
Impacto significativo
Todas las inspecciones resultaron negativo, pero el impacto fue significativo: pérdida de días de clase, operativos y despliegues masivos y una comunidad educativa atravesada por la incertidumbre.
Entre fines de ese año y principios de 2024 la Justicia mandó a prisión a una madre y a un padre -por llamadas que hicieron sus hijos-, a una adolescente de 18 años y a la representante de un colegio. Otros autores identificados acordaron resarcir económicamente a la División de Explosivos de los Bomberos y realizar tareas comunitarias.
Pero las amenazas de tiroteos también refrescan el caso ocurrido el 30 del mes pasado en la escuela Mariano Moreno de San Cristóbal (Santa Fe), donde un adolescente de 15 años disparó contra sus compañeros. Como consecuencia del ataque murió asesinado Ian Cabrera (13 años), y otros alumnos resultaron heridos. Autoridades santafesinas y nacionales confirmaron que el autor integraba la red internacional True Crime Community, una subcultura digital que promueve la fascinación, la admiración y, en su franja más extrema, la imitación de asesinatos masivos. Según fuentes oficiales, en los últimos dos años se identificaron en el país 15 casos vinculados a estas subculturas, y otros cuatro están bajo análisis.
