El gobernador Osvaldo Jaldo y Javier Milei.
Resumen para apurados
- El Gobierno de Milei giró este lunes $400.000 millones en adelantos de coparticipación a 12 provincias, como Tucumán, para aliviar sus finanzas y asegurar apoyo legislativo clave.
- La Casa Rosada busca suspender las PASO y reformar el sistema electoral. Los fondos, que deben devolverse este año, intentan descomprimir la tensión social y las deudas previsionales.
- La asistencia financiera funciona como herramienta de gobernabilidad ante un calendario electoral complejo. Define el vínculo con mandatarios aliados y opositores de cara al 2025.
El gobierno de Javier Milei habilitó este lunes el giro de $400.000 millones en adelantos de coparticipación federal a 12 provincias, en una medida orientada a aliviar las finanzas locales en medio de la creciente tensión social y económica. Entre las jurisdicciones, figura la administración de Osvaldo Jaldo.
En paralelo, en la Casa Rosada avanzan con el diseño de una reforma electoral y analizan gestos hacia los gobernadores para asegurar apoyos en el Congreso, según consignó el diario "Ámbito".
En ese contexto, el oficialismo busca avanzar con la suspensión definitiva de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), una iniciativa que genera divisiones dentro del sistema político. A la par, evalúan una alternativa de alto impacto: adelantar las elecciones presidenciales a mayo del próximo año, una jugada que chocaría con la estrategia habitual de los mandatarios provinciales, que prefieren separar los comicios locales de los nacionales, señaló el mismo medio.
Aunque la propuesta aún está en etapa de análisis, en el oficialismo consideran que un eventual acuerdo con los gobernadores podría incluir concesiones electorales, como la posibilidad de que La Libertad Avanza no presente candidatos propios en distritos aliados. La idea apunta a facilitar respaldos legislativos y reducir tensiones en territorios donde los oficialismos locales buscan preservar poder.
Sin embargo, dentro del espacio libertario no hay consenso. Algunos sectores cuestionan el peso de las gobernaciones en la estrategia política, mientras que otros impulsan acuerdos selectivos. Las diferencias ya se evidenciaron en elecciones recientes, donde en algunos distritos se avanzó con listas conjuntas y en otros se compitió de manera independiente, lo que generó fricciones con potenciales aliados.
Durante el último año, la mayoría de las provincias optó por desdoblar sus elecciones, una tendencia que fortaleció a los oficialismos locales. En ese escenario, el desempeño de La Libertad Avanza dejó lecturas mixtas: logró posicionarse en varios distritos, pero sin consolidar triunfos generalizados en el plano subnacional.
La discusión sobre la estrategia electoral también está atravesada por casos concretos, como la Ciudad de Buenos Aires, donde el oficialismo nacional busca disputar poder a fuerzas tradicionales. A su vez, en otras provincias donde el espacio mostró competitividad, se debate si conviene priorizar acuerdos o avanzar con candidaturas propias.
El calendario electoral del próximo año suma complejidad: 22 jurisdicciones elegirán gobernador, mientras que algunas deberán desdoblar obligatoriamente sus comicios. En simultáneo, el Gobierno impulsa la implementación de la Boleta Única de Papel, un cambio que aún no fue adoptado de manera generalizada.
En este escenario, la asistencia financiera a las provincias aparece como una herramienta clave para contener conflictos. El Ejecutivo incluyó en el reparto tanto a distritos aliados como a otros gobernados por dirigentes opositores, en un intento por descomprimir tensiones y evitar un agravamiento de la situación social en el interior del país.
El decreto, publicado en el Boletín Oficial, establece que los fondos deberán ser reintegrados dentro del mismo ejercicio fiscal. En paralelo, el Gobierno continúa avanzando en acuerdos con distintas provincias para resolver deudas, especialmente vinculadas a cajas previsionales, en una estrategia más amplia de negociación con los gobernadores.
