En la Argentina, los opuestos suelen encontrarse en la práctica. El gobierno nacional que se proclama libertario enfrenta hoy el mismo dilema que los populistas que tanto critica: cómo manejar los precios internos de la energía sin que la inflación se dispare. Y esta cuestión de fondo va más allá de los cruces que se oyeron el domingo pasado en el Congreso, con un Presidente sacado para presentar la agenda de gobierno 2026 con un tono más combativo que institucional, lo que dio como resultado final una grave banalización de su parte para abrir las Sesiones Ordinarias del Congreso.
Acusaciones e insultos a la oposición kirchnerista le hicieron poco favor a la idea de “la moral como política de Estado”, el lema oficial de la Casa Rosada. Así, los intercambios y chicanas con la oposición más belicosa generaron un tono de gran desorden de parte del Presidente, potenciado porque sólo se lo veía a él en off-side a través de la transmisión oficial, en lo que pareció ser una clara estrategia de marcar una grieta entre “ellos y nosotros” que no se detuvo en casi todo el discurso.
Tras ese episodio, aparece el precio del petróleo a nivel mundial como un nuevo elemento que pone todo ese acting en tren de paradoja que, aunque resulta movilizante, llama a la reflexión: para evitar el malhumor social, el gobierno de Javier Milei, que se pelea a los gritos para marcar distancia, podría terminar pareciéndose demasiado una vez más al de Cristina Kirchner, con subsidios y precios políticos disfrazados de pragmatismo. En tiempos críticos, la ortodoxia pasa a ser discurso de campaña y la realidad obliga a gobernar como siempre: interviniendo.
Los valores internacionales de la energía hoy vuelan por la combinación de tensiones geopolíticas en el mundo: las restricciones de la oferta por la guerra de los Estados Unidos e Israel con Irán y una demanda que no cede.
Para el país, el hallazgo de Vaca Muerta es una oportunidad estratégica algo limitada por la falta de infraestructura de transporte para exportar crudo y gas a valores récord y mejorar la balanza comercial. Pero la contracara es inmediata: si los precios se trasladan al surtidor, la inflación se va a recalentar y podría multiplicarse el malestar social.
En ese tablero, el gobierno argentino ha quedado atrapado entre dos presiones: la tentación de usar la renta energética para subsidiar el consumo interno –algo parecido a lo que hizo el kirchnerismo con la carne y la “Mesa de los argentinos”– o sostener la ortodoxia de mercado y asumir el costo político de dejar que el valor de la nafta siga el ritmo global. El caso de los combustibles expone así una encrucijada mayor: el de ser un país periférico que debe decidir si se alinea con la lógica del mercado internacional o si vuelve a refugiarse en su tradición de precios políticos, con el riesgo de repetir los tropiezos que tantas veces abortaron los intentos de recuperación.
La Argentina tiene un patrón histórico: cuando los precios internacionales se disparan, el Estado interviene con subsidios y controles para evitar que el impacto llegue al bolsillo. Esa lógica, aplicada en distintos momentos, muestra que tanto populistas de izquierda como gobiernos que se proclaman ortodoxos terminan recurriendo a mecanismos similares. Habrá que ver ahora que hace Milei.
En el terreno energético, el ejemplo es claro. Durante años, los usuarios del AMBA pagaron apenas una fracción del costo real de la luz y el gas, mientras el Estado cubría el resto con subsidios. Ese esquema generó un gasto público creciente y distorsiones en la asignación de recursos, pero se mantuvo porque era políticamente más costoso trasladar el precio pleno a los hogares. Incluso, los intentos de segmentar tarifas o de focalizar beneficios terminaron siendo masivos y difíciles de retirar, lo que demuestra la inercia de un sistema que se vuelve casi imposible de desmontar. El transporte público urbano repite la misma lógica. Los boletos de colectivos y trenes en el Área Metropolitana son de los más baratos de la región gracias a transferencias estatales que sostienen el sistema.
La carne es otro caso emblemático. El kirchnerismo aplicó retenciones y cupos de exportación con intención de proteger al consumidor, pero la consecuencia fue desincentivar la producción y perder mercados internacionales. El paralelismo con la energía es evidente: se privilegia el consumo interno con precios políticos, aunque el costo sea hipotecar la competitividad externa.
En todos estos ejemplos, la conclusión es la misma: cuando la inflación amenaza la estabilidad social, los gobiernos recurren a subsidios o controles. Cambian las banderas ideológicas, pero la práctica se repite. El dilema actual con Vaca Muerta y los combustibles no es nuevo: es parte de un ADN económico que trasciende partidos y épocas.
Tal lógica de contradicciones no se limita al frente interno. Hoy mismo, Milei está en los Estados Unidos para mostrarse con Donald Trump en plena escalada bélica con Irán, un gesto que vuelve a exponer la paradoja: mientras él denuncia a la “casta” y promete ortodoxia, busca legitimidad en la foto con otro líder populista de derecha que lo representa.
Estas disyuntivas no ocurren en el vacío y toda esa tensión se proyecta también sobre la política interna y, en estos días, en particular sobre la Justicia, donde el recambio de nombres y la disputa por espacios de poder se volvió un nuevo frente de conflicto. El oficialismo busca consolidar un esquema más afín a su proyecto, mientras la oposición denuncia intentos de colonización institucional. En ese terreno, los lobbies que atraviesan gobiernos de distinto signo reaparecen con fuerza y hay operadores que se mueven entre tribunales, despachos y clubes de fútbol, capaces de condicionar decisiones-clave y de marcar un rumbo que excede a cualquier ideología.
El Gobierno estaba llevando adelante una pelea muy clara contra la AFA para que el fútbol pueda nutrirse de aportes internacionales que, a la vez, sirvan para darle sustento económico a los clubes que les permitan financiar la práctica de otros deportes. A la vez, un fondo derivado de tales aportes podría darle consistencia a los clubes de barrio que tanto hacen por los más chicos, sobre todo. Ocurre que los dirigentes que se han nucleado alrededor de “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino no quieren la privatización de las SAD porque, en los hechos, las manejan ellos mismos, manteniendo la ficción de que ‘los clubes son de los socios’, aunque sin consultarles.
La cruzada venía muy bien, porque en estos meses han quedado el desnudo los negocios paralelos de los dirigentes, investigados desde varias vertientes: propiedades, autos de colección, caballos y casas de cambio. La Inspección General de Justicia (IGJ) había pedido colocar veedores en la AFA por una causa de supuesta evasión (o retención) de aportes, mientras varios jueces han cercado a los responsables. Pero, como siempre ocurre, los poderosos se las arreglan para mover las piezas y para zanjar la interna del Gobierno, de la mano de Karina Milei llegó al ministerio de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
Lo primero que hizo el nuevo ministro fue desactivar al titular de la IGJ, algo lógico en un funcionario que asume, pero muy sospechoso por la trama de relaciones que tiene Mahiques tanto en la Justicia como en el mundo del fútbol, incluidas sociales y familiares. En el país de Diego Maradona y Lionel Messi, el fútbol funciona como un espacio de negociación política y económica que también trasciende gobiernos: desde la distribución de recursos hasta la organización de campeonatos, las decisiones de la dirigencia deportiva impactan en la política nacional.
El oficialismo, que se presenta retóricamente como ajeno a esas prácticas, empieza ahora a mostrar señales de acercamiento, en un viraje que revela hasta qué punto los lobbies del deporte y la Justicia se convierten en factores de presión capaces de condicionar la agenda de cualquier administración.
Al final, la Argentina parece condenada a repetir su dilema y los libertarios, que prometen romper con el pasado, terminan gobernando como los populistas que dicen detestar. Cambian las banderas, pero la lógica es la misma: intervenir para sobrevivir. En la economía, en la Justicia o en el fútbol, los opuestos se tocan y el espejo devuelve siempre la misma imagen: un país atrapado en sus contradicciones.
