EN BRASIL. Agostina Páez fue acusada de hacer gestos racistas el 14 de enero en Río de Janeiro.
Agostina Páez, la abogada santiagueña acusada de injuria racial en Brasil, continúa bajo prisión domiciliaria en Río de Janeiro luego de que la justicia local rechazara trasladar el proceso judicial a Argentina. Su defensa advirtió que la posibilidad de que el caso se tramite en el país depende de gestiones diplomáticas de alto nivel por parte del Gobierno argentino.
La abogada Carla Junqueira, quien representa a Páez en Brasil, sostuvo que es necesaria una intervención más firme de las autoridades argentinas para avanzar con el pedido.
Según explicó la letrada a Infobae, el traslado del proceso no depende únicamente de cuestiones jurídicas sino también de decisiones diplomáticas. “Lo que me parece que está faltando en este caso es una movida un poco más contundente del Gobierno de Argentina, porque la posibilidad de responder el proceso en Argentina no es un derecho, es un movimiento mucho más diplomático que jurídico, y solo con asistencia consular no llega”, afirmó.
Actualmente, Páez permanece con prisión domiciliaria en Río de Janeiro. La defensa solicitó que el proceso continúe en Argentina, pero las autoridades judiciales brasileñas rechazaron esa posibilidad. Junqueira aclaró que la decisión final corresponde al juez, aunque la opinión de la fiscalía tiene un peso importante en el análisis del caso.
“Por ahora no hay una decisión sobre este pedido. Lo que hay es una opinión de la fiscalía”, explicó la abogada.
En ese sentido, la Fiscalía Estadual de Río de Janeiro ya manifestó su oposición al traslado. La letrada detalló que, si bien el juez todavía no resolvió el planteo, la postura del Ministerio Público complica las chances de que el pedido prospere.
Junqueira remarcó que la intervención del Gobierno argentino resulta clave porque el procedimiento requiere gestiones diplomáticas directas y la asistencia consular por sí sola no alcanza.
Obstáculos judiciales y diplomáticos
La defensa de Páez apeló a tratados internacionales para solicitar que la acusada pueda esperar el juicio en su país de origen. Sin embargo, la abogada explicó que esa posibilidad no constituye un derecho garantizado.
“La posibilidad de responder la demanda en Argentina lamentablemente no es un derecho que tiene la demandada, es una discrecionalidad del juez”, señaló Junqueira, quien agregó que la evaluación del magistrado suele depender en gran medida de la posición del Ministerio Público.
Entre los argumentos presentados por la defensa se mencionó la situación económica de Páez y el bajo riesgo de fuga. No obstante, Junqueira subrayó que el proceso no asegura que el pedido sea aceptado y que la decisión final queda en manos del juez.
Por ese motivo, consideró que sin una acción diplomática contundente el caso continuará tramitándose en Brasil.
La abogada explicó que se incorporó a la causa con el objetivo de reforzar la estrategia diplomática y explorar alternativas a través de canales institucionales. Insistió en que solo mediante gestiones de alto nivel el Gobierno argentino podría influir en la situación de la acusada, ya que la vía judicial presenta pocas posibilidades de éxito.
Riesgo de prisión efectiva
Páez permanece actualmente bajo prisión domiciliaria con monitoreo electrónico. Según Junqueira, existe la posibilidad legal de que el juez disponga su traslado a una cárcel común si acepta el pedido de la fiscalía.
De todos modos, la abogada consideró poco probable que el tribunal adopte esa medida, ya que la defensa logró acreditar que no existe riesgo de fuga.
El caso genera preocupación entre los allegados de la joven, quienes advierten sobre el impacto emocional que provoca el proceso judicial. Además, la defensa sostiene que Páez atraviesa dificultades económicas y que el caso adquirió relevancia política en Brasil, lo que influye en el tratamiento del expediente.
Denuncia de violencia policial
Durante la entrevista con Infobae, Junqueira también reveló que Páez denunció haber sufrido episodios de violencia por parte de agentes policiales brasileños en el momento de su detención.
La abogada explicó que los hechos habrían ocurrido en la etapa previa a la intervención judicial, mientras la joven permanecía en la comisaría.
Según su relato, algunos policías y el delegado responsable habrían tenido una actitud particularmente hostil hacia la acusada. La letrada señaló que una comisaría no actúa con la imparcialidad propia de un tribunal, lo que habría derivado en un trato más severo hacia Páez.
La defensa incorporó estas denuncias a la estrategia legal, al considerar que podrían influir en la evaluación del proceso y en la protección de los derechos de la acusada durante su detención.
Qué puede pasar con la causa
El caso seguirá en la justicia brasileña hasta que el juez se pronuncie sobre el pedido de traslado del proceso o revise las condiciones de detención.
Junqueira insistió en que, por ahora, la única vía para modificar la situación es una gestión diplomática eficaz del Gobierno argentino.
La abogada aseguró que la defensa continuará agotando los recursos disponibles en Brasil y, en paralelo, insistirá en la necesidad de una intervención oficial argentina. Además, adelantó que informará a la Cancillería sobre los últimos avances del expediente y sobre la importancia de una acción coordinada para proteger los derechos de Agostina Páez.
